Auditoría ciudadana

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El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo

Puede entenderse como Auditoria Ciudadana el “mecanismo de rendición de cuentas, donde los ciudadanos se organizan y movilizan para evaluar o auditar el desempeño del gobierno y las decisiones de políticas públicas”.

Las auditorías ciudadanas fueron desarrolladas originalmente en el país de la India, como un mecanismo para que los ciudadanos pudieran combatir la corrupción al analizar los documentos, registros e informes gubernamentales y compararlos con lo ocurrido en la realidad, utilizando los hallazgos del proceso para exigir a las autoridades públicas rectificar casos de corrupción y ofrecer mejores servicios a la población.

Desde entonces, el mecanismo de la Auditoría Ciudadana ha ampliado su enfoque para incluir, no solamente temas de transparencia y corrupción, sino también temas más amplios sobre el cumplimiento de las leyes, seguimiento de las políticas públicas, traducidas en programas, proyectos, planes y obras públicas.

El control se hace de varias maneras: pidiendo información, estudiándola, detectando problemas y generando propuestas para solucionarlos, en base a las expectativas y necesidades de la población.

Es un proceso que nace y se organiza exclusivamente desde la sociedad civil y en donde las instituciones tienen el deber de facilitar lo necesario para que la auditoría sea exitosa.

Este proceso de control que ejerce la ciudadanía sobre las actuaciones del Estado beneficia positivamente al país porque democratiza el acceso a las instituciones, permitiendo que las personas valoren y propongan soluciones.

Para las instituciones públicas la Auditoría Ciudadana no deja de ser una oportunidad para retroalimentar su trabajo y para relacionarse con la sociedad civil, como aliada estratégica en la transformación social.

Es bueno aclarar que la mayor parte de la información sobre el quehacer del Estado es pública y que, por lo tanto, puede ser solicitada por un ciudadano particular, por una organización o iniciativa social.

En tal sentido, la Auditoría Ciudadana es un ejercicio exclusivo de la ciudadanía y sus organizaciones, lo cual la diferencia de otras formas de monitoreo y control.

El Estado cuenta con una institucionalidad para hacer el control, auditoría y monitoreo de sí mismo, pero esto es diferente a lo que estamos entendiendo por Auditoría Ciudadana.

Ante la pregunta, ¿quién realiza la Auditoría Ciudadana?, la respuesta es única y definitiva: la población en sentido general. Esta respuesta excluye al Estado y a cualquiera de sus agentes como autores de procesos de auditoría social.

La Auditoría Ciudadana la puede hacer un ciudadano común en forma personal, o la puede realizar a través de un grupo u organización social. Una persona que, sin más metodología ni herramientas que una pregunta a una institución pública sobre cómo ha actuado en una determinada situación, con la intención de reaccionar frente a esa información.

O igual, un grupo de ciudadanos organizados, aplicando cualesquiera tipos de herramientas, son igualmente casos de Auditoría Ciudadana.

En ambas situaciones estamos frente a una modalidad de participación ciudadana que busca controlar lo público.

En cuanto a las organizaciones, cualquier tipo de agrupación social puede hacer control social: una organización de vecinos agrupada espontáneamente y sin personería jurídica, un grupo de jóvenes en una comunidad, una organización permanente como un patronato, sindicato o una cooperativa.

Sea que la auditoría se haga en forma personal o colectiva, que se haga a través de una u otra organización, no se debe poner ningún límite o impedimento para que cualquier ciudadano o cualquier organización pueda llevarla a cabo.

No existe el ciudadano ni la organización con capacidad para monitorear o dar seguimiento a toda la gestión pública. Por tal motivo, el monitoreo de lo público debería de distribuirse entre la mayor cantidad posible de ciudadanos y organizaciones que deseen sumarse a esta vigilancia cívica.

jpm-am

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