Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Prohíben uso drones en sedes de Juegos Centroamericanos
El dólar bajó 3 cts. y euro uno; eran vendidos $58.63 y $69.37
Trump bromea de nuevo con presentarse a elecciones 2028
Tribunal ordena continuar juicio contra exprocurador Rodríguez
Senado RD aprueba de urgencia reformas al nuevo Código Penal
Congreso de EEUU aprueba un presupuesto militar récord
El Ejército de EEUU ataca a Irán por duodécima noche seguida
Reaccionan ante anuncio de la FAO de que RD redujo hambre
PUERTO RICO: Detienen a 37 migrantes de RD y otros países
Inauguran Porto Town Center con inversión RD$800 millones
Santo Domingo, 7 feb (EFE).- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este viernes de la nulidad del procedimiento de licitación para la segunda etapa del equipamiento de talleres en centros educativos a nivel nacional, llevado a cabo por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) del Ministerio de Educación, tras detectar «graves irregularidades».
En un comunicado, la DGCP explicó que la decisión se produjo tras recibir cinco recursos y comprobarse «graves irregularidades» en el procedimiento de contratación llevado a cabo inicialmente por un monto de 945 millones de pesos y posteriormente modificado e incrementado a 966.7 millones de pesos, en el que resultaron adjudicatarias las empresas A Fuego Lento S.R.L., Suplidores Comerciales & Suministros Tecnomas-LM, S.R.L, Arcaservis y Riften Invesment, S.R.L.
IRREGULARIDADES DETECTADAS
Dentro de las irregularidades figuran la violación al artículo 20 de la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, así como los principios de eficiencia, economía y flexibilidad, la violación al debido proceso administrativo y la falta de publicidad de los actos del procedimiento.
La DGCP ordenó a la OCI que, «debido a las graves irregularidades observadas en el referido proceso y conforme al debido proceso dispuesto en la Ley 41-08 de Función Pública», identificar a los funcionarios que participaron en el mismo y determinar las acciones que pudieran corresponder «por no ceñir su actuación a las normas que rigen el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas».
INVESTIGACION SERÁ LLEVADA A OTRAS INSTANCIAS
De igual manera, ordenó la remisión de la referida resolución a la Contraloría General de la República y a su Unidad Antifraude, a la Cámara de Cuentas, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, al Ministerio de Educación (MINERD).
Al Ministerio de la Presidencia y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), «para que en el marco de sus roles y competencias puedan realizar las investigaciones de lugar y tomar las medidas que correspondan». EFE
