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ADOMA y CARD: caminar pegados a las coyunturas partidarias 
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ADOMA y CARD: caminar pegados a las coyunturas partidarias
Por JULIO MARTINEZ
Hay decisiones que llegan tarde y dejan un sabor agridulce. Así me sucede con la incorporación formal al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), después de una primera vida completa como abogado en mi país y de haber apostado, desde mis inicios, a la fuerza gremial de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), aquella institución que ya articulaba la vida profesional del foro mucho antes de la creación del Colegio como corporación de derecho público.
ADOMA nació en 1961 con la misión de representar, capacitar y defender a los profesionales del derecho, y durante décadas fue el referente natural de la abogacía dominicana. Más tarde, con la institucionalización del CARD, hoy regulado por la Ley 3‑19 como colegio de derecho público con personalidad jurídica propia, el Estado reconoció formalmente la necesidad de un organismo que organizara y disciplinara el ejercicio de la profesión. Sobre el papel, ambos espacios — la asociación histórica y el colegio — debían complementarse en la defensa integral de la clase togada.
La función esencial de un colegio de abogados, como recuerdan la doctrina comparada y las propias normas del CARD, es clara: controlar el ejercicio de la abogacía, proteger los intereses de sus miembros, impulsar la formación continua y garantizar el cumplimiento del código de ética profesional. Esto supone, en términos concretos, luchar por condiciones laborales dignas, acceso real a seguridad social y pensiones, educación jurídica de excelencia y respeto al abogado en todos los escenarios institucionales donde actúa.
Sin embargo, buena parte de la energía gremial en la abogacía dominicana se ha diluido en crisis internas, disputas postelectorales y alianzas coyunturales, más propias de la lógica partidaria que de una agenda corporativa seria. No son pocos los juristas y bloques de asociaciones que han denunciado, en los últimos años, una grave crisis institucional y la politización del Colegio de Abogados, señalando que ese desvío le resta legitimidad como representante auténtico de la profesión.
Mientras el gremio discute cuotas de poder, el abogado de a pie se enfrenta a un sistema donde quienes también son abogados — jueces, fiscales, defensores públicos, notarios— muchas veces lo tratan como si no lo fuera. Se olvida que todos partimos de la misma base: un título de derecho y una inscripción en la matrícula profesional. La diferencia de rol institucional no debería traducirse en una jerarquía de dignidad ni en un patrón de maltrato recíproco entre actores que, en teoría, son engranajes de una misma maquinaria de justicia.
El problema no se agota en la relación entre abogados, jueces y fiscales. Existe toda una constelación de auxiliares de la justicia — alguaciles, secretarios, notarios, peritos— cuya actuación condiciona el ejercicio profesional. La doctrina nacional sobre auxiliares de la justicia subraya que estos deben actuar bajo parámetros de legalidad, sujeción a aranceles y respeto al abogado litigante.
Sin embargo, la realidad cotidiana muestra algo distinto: alguaciles que fijan unilateralmente sus tarifas, notificaciones que se cobran por encima de lo que percibe un profesional por una consulta compleja, notarios que operan sin un marco uniforme de honorarios y sin suficiente control deontológico.
Ahí es donde el gremio debería hacerse sentir con firmeza: estableciendo aranceles de referencia, promoviendo normas claras sobre costos de servicios auxiliares, reclamando al Poder Judicial que recuerde a cada auxiliar su condición de servidor público y no de feudo independiente. Esa defensa de la estructura mínima de ejercicio profesional es, precisamente, uno de los mandatos clásicos de los colegios de abogados en los distintos ordenamientos.
En lugar de ello, el protagonismo mediático del CARD suele aparecer ligado a debates de alta política judicial — como la selección de jueces de altas cortes o enfrentamientos con el Congreso — que, si bien son constitucionalmente relevantes, pocas veces se articulan con una agenda concreta para mejorar las condiciones de vida y trabajo del abogado común. Diversas voces en el foro han advertido que esta deriva, combinada con acuerdos políticos internos, mantiene al Colegio atrapado en una disputa de cúpulas mientras la base profesional continúa desprotegida.
Mientras tanto, las demandas genuinamente gremiales siguen esperando: un seguro médico digno para los abogados y sus familias; un régimen de pensiones que evite ver colegas envejecidos ejerciendo por mera necesidad económica; programas de educación continua robustos, que superen el esquema de actividades aisladas y apunten a una actualización sistemática en un derecho cada vez más complejo; y una política activa de colocación y reconversión profesional para los más jóvenes.
También falta una lucha sostenida por el respeto al abogado allí donde su dignidad se ve más comprometida: destacamentos policiales sin espacios adecuados para la entrevista con detenidos, recintos penitenciarios donde la defensa se ejerce en pasillos y patios, oficinas públicas en las que obtener un expediente o una certificación se convierte en una carrera de obstáculos, ventanillas privadas donde el profesional es tratado como un tramitador molesto y no como un operador esencial del sistema de justicia. Un colegio realmente comprometido exigiría protocolos de atención, áreas reservadas para la entrevista abogado‑cliente y canales expeditos para canalizar quejas ante fiscalías, jefaturas policiales y autoridades administrativas.
Recuperar el prestigio de la profesión pasa también por mirar hacia dentro: formación en ética, en trato al colega, en cultura institucional. La defensa de la toga no puede limitarse a reclamar privilegios externos; implica también la voluntad de corregir desviaciones internas, sancionar conductas indecorosas, exigir estándares mínimos de presentación, puntualidad, probidad y competencia técnica. Un colegio serio no solo denuncia atropellos ajenos; también depura su propia casa.
No se trata de negar la dimensión política de todo gremio — la defensa de derechos y las propuestas de reforma siempre tendrán impacto político—, sino de recordar que la politiquería no puede sustituir a la agenda gremial. Un colegio de abogados y una asociación histórica como ADOMA tienen sentido cuando el abogado que madruga a hacer fila en un tribunal, que enfrenta a un fiscal hostil, a un alguacil abusivo o a un burócrata indiferente siente que detrás de él hay instituciones que lo respaldan, que fijan reglas y que piensan en su futuro más allá del próximo ciclo electoral.
Ese es el anhelo que persiste, después de una primera vida en el derecho, mi segunda vida dedicada al ejercicio del derecho y ahora desde la distancia geográfica, viviendo en Miami: ver a ADOMA y al CARD caminar más pegados a las coyunturas partidarias y menos cerca del suelo donde pisan, todos los días, los miles de abogados que todavía creen que su profesión puede ser un instrumento de dignidad y no solo un título colgado en la pared.
jpm-am