Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Sisalril inicia auditoría médica para mejorar la transparencia
Democracia traicionada: Lula y Sheinbaum ante la dictadura nicaragüense
La inversión pública RD alcanza $60,644 mm en primer semestre
EEUU: Trump declara «la mayor guerra económica» contra Irán
FP pide interpelar Ministro de Educación por «precariedades»
Obra sobre salud mental en Bellas Artes conmueve público
EU: Popularidad de Trump cae al nivel más bajo de su presidencia
INTEC y Barrick Pueblo Viejo adquieren equipo analizar plasma
Lanzan plan para modernizar la señalización vial zonas turísticas
Un gobierno “dentro de otro gobierno” en la región Enriquillo
SANTO DOMINGO. – Una querella por la destrucción del cinturón verde de Santo Domingo fue presentada contra el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paino, y del viceministro de Viviendas y Edificaciones, Danny Israel Santos Comprés
La acusación fue depositada en la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava Inc. y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), encabezado por Euren Cuevas Medina.
El sector que habría sido afectado por dicha destrucción es Cuesta Brava (de Arroyo Hondo) en donde ha sido autorizada la construcción de dos proyectos inmobiliarios denominados Balcones de la Ribera y Balcones del Cerro, con más de 300 apartamentos, parqueos, y dos centros comerciales.
Según la denuncia, los acusados se habrían aprovechado de sus cargos para cometer delitos contra el medio ambiente, con la tala de una cantidad considerable de árboles endémicos y nativos así como la destrucción de una montaña, lo cual ha afectado el nivel freático de un ecosistema altamente frágil.
Asegura que el propietario de Balcones del Cerro es el propio viceministro Santos Comprés, a quien acusan de usar su cargo para la realización de un proyecto en un área protegida.
La querella está sustentada en un informe de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que contradice la autorización de «daño mínimo» emitida por el ministro Henríquez. Sostiene que, por tratarse de un área protegida de alta fragilidad, no es legal ni técnicamente posible la concesión de ese tipo de permiso.
agl/of-am-sp
