“Alberto Fernández en ningún momento benefició a nadie”, afirmó la abogada defensora del expresidente Mariana Barbitta ante los medios en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, donde el exmandatario prestó una indagatoria “muy larga”, en el marco del proceso en el que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato.
Barbitta anticipó que “hay motivos de recusación muy fuertes” de la declaración indagatoria, ya que plantearon la nulidad de la cita, lo que se rechazó en un tiempo tan corto, según la abogada, que anticipó que este acto de indagatoria también “va a ser nulo”.
Fernández siente que “no está ante un juez imparcial, por eso fue tensa al inicio (la indagatoria)”, y “no le garantiza seguridad y tranquilidad”, afirmó la abogada, y respondió que lo llamaron a declarar porque “hay un direccionamiento político. Se puso en juego una acción política que no es judiciable”.
“Martínez Sosa es reconocido históricamente, no por este decreto, a nivel nacional y mundial por ser justamente un ´broker´ de seguros. Pensar que podría haber una connivencia es absolutamente infundado, falso y arbitrario”, dijo Barbitta.
“El decreto es absolutamente, jurídicamente, impecable, es legítimo” y “no hay ninguna discusión sobre el decreto”, afirmó Barbitta, y agregó que “de ninguna manera el decreto habilitó ningún tipo de intermediación”, sino que “estuvo relacionado con cortar la cartelización” y “excluía la posibilidad de intermediación”.
El llamado de la Justicia
Fernández ingresó fuertemente custodiado al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, a donde lo citó el juez federal Julián Ercolini, por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”.