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Indotel, Interior y Policía y la Procuraduría
No dudo que el director del Indotel, Guido Gómez Mazara, logre su propósito de bloquear la señal de los teléfonos móviles que funcionan en las cárceles dominicanas desde donde muchos de los (casi) privados de libertad usan los mismos para cometer fechorías.
Incluso ya Gómez Mazara anunció que cuentan con 300 millones de pesos para esos fines los cuales entregaría a la Procuraduría General de la República para la implementación de dicho proyecto. Luce mucho dinero con la tecnología actual y es probable que se pueda licitar a un costo mucho menor.
El director del Indotel se había reunido previo a este anuncio con la ministra de Interior y Policía Faride Raful para tratar el tema y buscar dotar al cuerpo policial de equipos modernos para eficientizar sus operaciones.
Lo que resulta extraño es que ante los cacareados avances de la reforma policial esa institución no pueda controlar el uso de teléfonos móviles en las cárceles bajo su control.
Más que la impresión generalizada, existe la certeza de que el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos forman parte de una red comercial en la que están involucrados agentes policiales, los cuales en ningún caso actúan sin el conocimiento de sus superiores.
La intención de impedir el uso de celulares en nuestras cárceles es vieja. En septiembre del año 2011 el entonces procurador, Radhamés Jiménez Peña, garantizó que el país iba a adquirir perros amaestrados en detección de celulares mediante un convenio con la Embajada de Estados Unidos, los cuales “iban a evitar la entrada y uso con fines delictivos de aparatos móviles en las prisiones dominicanas”
A menos de una año de concluir su último mandato el doctor Leonel Fernández mediante decreto declaró de emergencia la adquisición de equipos de alta tecnología para evitar que los reos tuvieran acceso a llamadas telefónicas. Apelo para tales fines la seguridad nacional y dispuso que fuera el Indotel quien asumiera tales responsabilidades.
Unos años después, en el 2015, Francisco Domínguez Brito llegó a instalar una decena de bloqueadores en la cárcel del 15 de Azua, que al poco tiempo dejaron de funcionar y la extensión del plan nunca se produjo.
Más adelante, durante el gobierno de Danilo Medina, el procurador Jean Alain Rodríguez llegó a someter un anteproyecto de ley para bloquear las señales de los celulares en nuestras cárceles “como parte del plan que lleva a cabo desde el Ministerio Público para la prevención y combate de la criminalidad” e incluso anunció la adquisición de equipos para realizar dicha labor
Los fallidos intentos de bloquear los teléfonos en nuestras cárceles alcanzaron también el primer gobierno del presidente Luis Abinader.
Todo este embrollo ha fracasado por la falta de colaboración policial pues ellos están llamados a ser “los equipos” necesarios para impedir la entrada de esos artefactos a las cárceles. En esa falla, que se mantiene vigente, es que radica todo pese a los “avances” de la reforma policial.
Voto de confianza
Guido Gómez, a quien le damos un voto de confianza, parece cual Quijote de la Mancha, luchar contra unos molinos de vientos, obviando realidades incuestionables y decisivas.
Si los teléfonos siguen entrando a las cárceles con complicidad policial, ya buscaran la fórmula de bloquear los bloqueadores y obtener mecanismos más económicos para hacer florecer de nuevo ese nauseabundo negocio, que como otros tantos, no son alcanzados por la mediática reforma policial, por más bellos y prácticos que resulten sus nuevos uniformes.
En la policía son especialistas en apoyar las leyes y hacer las trampas.
jpm-am