La tozudez de los hechos y la realidad socio-política en que se desenvuelve la cotidianeidad del gobierno y pueblo dominicanos, produjeron una justa y necesaria decisión de la controversial CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) al sacar de su “lista negra” a la R. Dominicana (RD), en su Informe Anual del 2017.
En base a informaciones parcializadas, subjetivas y mal intencionadas que le sirven ciertas ONG vinculadas y vividoras de la cuestionable “solidaridad con la inmigración ilegal procedente de la vecina R. de Haití”, en forma recurrente, la CIDH cometía la canallada de condenar a la RD y así contribuía con la aviesa campaña internacional contra nuestro país.
La CIDH se mantenía ciega, sorda y muda ante los ingentes esfuerzos e informes que el gobierno dominicano le suministraba, años tras años. La CIDH se empecinaba en acusar a la RD de violatoria de los derechos humanos y tener una práctica discriminatoria, racista y presencias de supuestos apátridas de orígenes haitianos.
Por razones que no comprendemos, mientras la CIDH enfilaba sus cuestionadas resoluciones y provocadora campaña contra la RD, asumía un comportamiento negligente y absolutamente indiferente ante la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos haitianos que estimulan la emigración de sus ciudadanos, recurren a la mendicidad internacional, ni realizan esfuerzos para registrarlos y dotarlos de los documentos imprescindibles para formalizarles la nacionalidad haitiana que les corresponden.
Por el contrario, la creciente inmigración ilegal e indocumentada de nacionales haitianos se convierte en un problema que incide en forma negativa en el incremento de la seguridad ciudadana, la delincuencia social y la mendicidad pública por lo cual se aumentan los gastos del gobierno en los servicios de salud, educación y disminuyen las atenciones que se debe ofrecer a los sectores vulnerables de nuestra sociedad.
Independientemente de posiciones políticas, es vox populi que en la RD existe respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Aquí, en nuestro país, disfrutamos de plena libertad de expresión y de prensa, libertad de asociación, libertad política, libertad de cultos, libertad de empresa y un pleno ejercicio democrático con elecciones libres, cada cuatro años.
También en la RD existe gobernabilidad e institucionalidad democráticas, aunque todavía con debilidades y defectos; pero con la positiva disposición de seguir avanzando en los procesos correctivos para mejorar la calidad de vida del pueblo y consolidar la soberanía nacional.
Porque en esos propósitos se inscribe el reciente reconocimiento de la CIDH que, no obstante producirse con limitaciones y tardíamente, debemos recibirla como una nueva disposición de corregir sus anteriores resoluciones y como una muestra de hacer justicia con la RD que ha sido y es el país de mayor y real solidaridad humana con los habitantes de la vecina R. de Haití. ¡Enhorabuena a la resolución de la CIDH!
JPM


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