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De los ámbitos de la seguridad pública y la defensa nacional (1 de 3)
El siguiente escrito es parte de tres entrega de las cuales dos fueron publicadas en junio de 2009, siendo el detonante que provocara mi apresamiento y posterior destitución de las filas de la Policía Nacional y retiro como Mayor General, a destiempo y violando todos mis derechos constitucionales y de ley.
Tradicionalmente los temas de seguridad son ajenos a las poblaciones de los países, por lo general son temas exclusivos de los que están involucrados en ello por su profesión u oficio tales como militares, policías, seguridad privada, etcétera. Pero, lo cierto es que a través de la historia las sociedades han acelerado los inventos científicos y el desarrollo industrial para uso de la guerra y obtención de poder, como parte del juego de la política, provocando por un lado grandes destrucciones y por el otro reconocer también, grandes beneficios.
El interés en la invención de armamentos sofisticados y de aparatos de inteligencia ha sido una preocupación de los gobiernos y de las personas de ambiciones de poder con el objetivo de obtener informaciones y de incidir psicológicamente en sus competencias o enemigos. Tales son los casos de las primeras tribus con el uso del arco y la flecha y las primeras naciones que usaron la pólvora, primeras armas modernas, aviones de guerra, la bomba atómica y cada día surgen nuevas tecnologías armamentistas que crean nuevas generaciones de armas.
Podríamos afirmar que la inversión en tecnologías de armas de guerra está muy por encima de la inversión en medicina, alimentación, educación y otros usos que benefician al ser humano.
Los grandes sucesos vividos en la historia en los que han sido protagonistas militares y policías, de igual manera sociedades completas que se han involucrado en guerras, han tenido que usar obligatoriamente los principios y estrategias de guerra que entran en la seguridad y defensa de las naciones. Además, sobre sale la misión de los aparatos de represión y control del Estado que casi siempre sobreponen la seguridad sobre los derechos y libertades humanas.
Con estas y muchas otras razones queda evidenciada la relevancia de conocer e involucrarse en los asuntos referentes a la seguridad y defensa de los Estados especialmente por la clase política y sus académicos, para de esta forma poder lograr políticas públicas acordes a los requerimientos de la sociedad y sus intereses comunes con respeto a la libertades y derechos humanos.
La República Dominicana en la reforma constitucional del 2010 propuso constitucionalizar las funciones de la Policía Nacional y de una u otra forma modernizar la base legal en lo que a seguridad pública y defensa nacional se refiere. Posteriormente, se reformó en el 2013 la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y en el 2016 la ley institucional de la Policia Nacional. Pero, tristemente ninguno de estos textos legales han venido a mejorar y fortalecer dichas instituciones, muy por el contrario las han debilitado y desviado de sus roles. Tampoco ha quedado claro lo que corresponde a cada ámbito, ósea los asuntos de defensa que atañen a las Fuerzas Armadas y los asuntos de seguridad que conciernen a la Policía Nacional, razones por lo que me permito hacer algunas puntualizaciones, ya que históricamente los dominicanos han visualizado estos ámbitos de manera similar, siendo esta oportunidad propicia para definir las diferencias y establecer las limitaciones que corresponden dentro de sus roles a cada ámbito.
Independientemente de las tareas y misiones que tradicionalmente han desempeñado las Fuerzas Armadas en cuestiones propias de seguridad pública, y de la falta de una base legal que determine con claridad su competencia institucional, están claras por naturaleza y por los estudios realizados las funciones esenciales de la Policía Nacional.
Es por ello por lo que cuando sucede una violación a la ley penal, cualquiera que fuese esta, corresponde a la Policía Nacional asumir su rol en cuanto a la investigación, y de igual manera en su actuación de rol preventivo en pos de evitar los crímenes y delitos de la sociedad. Ósea que la ciencia de criminalística, de criminología, protección civil, seguridad civil en general y funciones de los encargados de hacer cumplir la ley son esencialmente de naturaleza policial.
Cuando sucede cualquier hecho criminal o delictivo el mismo podría suceder dentro de una fortaleza militar y la actuación sobre este hecho siempre corresponderá a la policía nacional, además de auxiliar a la justicia en cualquier requerimiento de la misma, así como prevenir, controlar y perseguir a los infractores de la ley, especialmente salvaguardando los derechos humanos. Esto es así aquí y en Pekín, no es un invento. Es una cuestión de institucionalidad, de ley, de naturaleza y de costumbre.
De igual manera, cuando en un cuartel de policía suceda una amenaza a la soberanía nacional ya sea el caso que se esté tramando un golpe de Estado o una complicidad con alguna invasión extranjera y la amenaza al espacio aéreo, marítimo o terrestre corresponderá a las Fuerzas Armadas actuar. A propósito de espacio aéreo, marítimo y terrestre cuando hablamos de fronteras, de puertos y de aeropuertos, debe quedar claro que entran ambos ámbitos, siendo la parte de la defensa una función de custodia en cierta forma pasiva y en cuanto a la parte de la seguridad sobre cualquier violación a las leyes le corresponde actuar exclusivamente a la policía.
Cabe señalar el caso de excepción, cuando hay un estado de guerra o emergencia en el que casi siempre la autoridad máxima en cualquier circunstancia de violación a la ley estará bajo la dirección de las Fuerzas Armadas. Y es la única ocasión en que la policía debe actuar subordinada a ella.
Por tales razones sin importar las situaciones que vivimos en la actualidad frente al desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en cuanto al desempeño de sus funciones o cumplimiento de sus roles debe estar sustentado en las leyes y las normas que rigen el Estado, especialmente en su Constitución, pero que lamentablemente en el caso de la República Dominicana hasta el momento no están claras la definición y diferenciación de los ámbitos de la seguridad pública y la defensa nacional.
Lamentablemente las últimas reformas a nuestra constitucional no han aprovechado estas oportunidades para dejar claro y acorde a los intereses nacionales y de un estado de derecho moderno y democrático como lo demanda el momento histórico, la actualidad social, política, económica, medioambiental, militar y policial del momento.
Lo cierto es que el Estado dominicano ha permanecido confundido en cuanto a los ámbitos de competencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En su mayoría los actores políticos en cuanto a los tres poderes del Estado han ignorado o desconocido la realidad de estas instituciones, pues los nuevos escenarios geopolíticos, los cambios y retos de la seguridad tanto nacional como internacional demandan una visión moderna de una normativa correcta, propia, actualizada y de políticas públicas que se correspondan con las necesidades e intereses nacionales, dejando de lado los intereses particulares y de grupos.
Es una oportunidad única para fortalecer y actualizar en su marco normativo las instituciones responsables de enfrentar las amenazas a la paz social y al desarrollo económico sostenible que en las circunstancias actuales deja claro que en su mayoría compete a la seguridad interna de la cual la Policía Nacional es el principal actor.
De no dejar claras las bases legales en la diferenciación y limitación de competencias en los ámbitos de la seguridad pública y la defensa nacional estaremos expuestos a un retroceso o estancamiento frente a la actualidad mundial en lo que respecta a estos temas. En esta entrega no hemos querido entrar en detalles de conceptualizaciones, ya que son temas que hemos debatido anteriormente, y aprovechamos para invitarles a retroceder en mi cronografía de escritos.
Es necesario que todo el Estado y los demás sectores sociales se avoquen a la discusión y el escrutinio público de estos temas, para terminar con la exclusividad y ampliar la participación y el libre juego de las ideas como fortalecimiento del sistema democrático en República Dominicana. Es adecuado el momento para que estos errores tradicionales heredados de las dictaduras, de la guerra fría y de las debilidades de nuestro sistema democrático queden enmendados definitivamente en el texto constitucional cuando le toque volver a reformarse.
JPM
