CARACAS.- La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo este miércoles que fueron dictadas órdenes de arresto contra tres personas a quienes el Gobierno acusa de estar implicados en un presunto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Ortega indicó que se trata de Pedro Burelli, Diego Arria y Ricardo Koesling, quienes fueron citados a declarar por la Fiscalìa y no se presentaron. Los tres se hallan fuera de Venezuela por lo que las autoridades solicitarán su captura a INTERPOL.
“Tenemos las pruebas de que estas personas tenían planes para atentar contra la vida del Presidente y de altos funcionarios del Gobierno”, dijo la fiscal en declaraciones al canal de difusión estatal Venezolana de Televisión.
También indicó que la depuesta diputada y líder opositora María Corina Machado, incluida en la acusación, está citada para comparecer al Palacio de Justicia el próximo lunes 16 de junio.
La dirigente estudiantil Gabriela Arellano ha sido citada para el día siguiente, el 17 de junio, tras acusársele de ser una de las organizadoras de las protestas de estudiantes que desde febrero último tienen en jaque al Gobierno.
Gabriela Knaul, relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, dijo este martes estar «muy preocupada» por la falta de independencia de magistrados y miembros del poder judicial en Venezuela.
«Tengo gran inquietud por la interferencia del poder político en el poder judicial y el incremento de los incidentes que vulneran los derechos humanos de los jueces y fiscales venezolanos», afirmó Knaul.
ONU preocupada por Venezuela
La relatora habló durante un evento titulado «Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela», que coincidió con la celebración de la XXVI sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Knaul dijo que el sistema judicial venezolano tiene varios problemas, pero que lo más importante son los nombramientos de corta duración de la inmensa mayoría de los jueces y fiscales, lo que les hace vulnerables a las presiones.
“La falta de inamovilidad puede entenderse como una presión indebida que puede provocar que los letrados y magistrados se aparten de casos delicados”, precisó.
La relatora de ONU alentó “a quienes están luchando en Venezuela por mantener la independencia de jueces y fiscales y el libre ejercicio sin amenazas e intimidaciones”.
En una entrevista dada la semana pasada al diario chileno El Mercurio, José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Right Watch, aludió al hecho al referirse al encarcelamiento en Venezuela del líder opositor Leopoldo López.
“Dada la subordinación del Poder Judicial al gobierno, y que la jueza a cargo del caso es una jueza provisoria sin estabilidad en su puesto, es muy difícil que López reciba un juicio justo en Venezuela”, dijo Vivanco.

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