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SAO PAULO, Brasil. La justicia revocó hoy la prisión temporal de nueve personas detenidas esta semana en una nueva fase de la Lava Jato, nombre de la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, y que investiga en esta etapa al grupo Odebrecht.
El juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones del caso Petrobras, dejó en libertad a las nueves personas, ya que la prisión temporal decretada finalizaba este sábado, aunque les impidió dejar el país.
De acuerdo con la decisión del juez, los investigados deberán entregar el pasaporte a la Justicia en un plazo de tres días.
Moro también informó de que hasta el próximo lunes decidirá si remite al Supremo Tribunal de Brasil una lista encontrada en casa de un funcionario de la constructora en la que figuraban más de 200 políticos que habrían recibido donaciones para sus campañas políticas de parte de Odebrecht, aunque no se sabe si legales o ilegales.
La Fiscalía brasileña señaló esta semana que la compañía contaba con un departamento “profesional” exclusivo para el pago de sobornos en Brasil, que usaba empleados de confianza y tenía un sistema electrónico propio.
Tras ser destapada la nueva fase de la Operación Lava Jato, el grupo Odebrecht informó de que realizará una “colaboración definitiva” con la Justicia brasileña en el marco de las investigaciones por el caso Petrobras.
Odebrecht, un gigante con 168.000 empleados y que actúa en diferentes sectores, pero principalmente en la construcción, es una de las cerca de veinte empresas acusadas de integrar la red de corrupción que operó en Petrobras.
Según han establecido las autoridades brasileñas, las grandes contratistas de Petrobras montaron un cartel para distribuirse los contratos de la petrolera y supervaloraron los negocios realizados con la estatal por al menos una década.
Para garantizar los contratos distribuían sobornos entre varios de los directores de Petrobras y decenas de autoridades y políticos que amparaban las corruptelas.
El caso ya ha mandado a prisión a los directores de varias de las mayores constructoras de Brasil y ha salpicado a medio centenar de políticos de todos los partidos, principalmente oficialistas, entre los cuales los presidentes del Senado, Renán Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
El último blanco de la operación es el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien la Fiscalía acusa de haber recibido favores de las empresas que se favorecieron de los desvíos en Petrobras.
