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OPINION: Diputados de ultramar
Se cumplen 2 años desde que los diputados de Ultramar accionan en el Congreso a favor de la diáspora dominicana. Diversos sondeos y encuestas evidencian que mayormente los dominicanos en el exterior no se sienten representados en estos 7 legisladores que , en principio, crearon enormes expectativas y que en términos prácticos , al día de hoy, no tienen ningún logro relevante que exhibir a favor de este colectivo que, cuyo aporte económico es el principal pilar de la economía dominicana.En este estado de cosas, diversos sectores reflexionan sobre la real necesidad de la existencia de esta figura legislativa, a la que muchos llaman “una dura carga económica para el Estado dominicano” y a la que otros incluso instan a “dimitir” al ser improductivos y no poder hacer realidad las propuestas de campaña electoral, como sucede en la mayoría de países desarrollados. Otros en cambio, aseguran que esta figura Constitucional debe ser preservada y fortalecida, en el entendido de que es un logro alcanzado por la comunidad dominicana en el exterior. La principal acusación que se vierte sobre estos legisladores es la desvinculación con sus comunidades, ya que son sus obligaciones primarias legislar en el Congreso de la República Dominicana, “lo que aseguran les aparta en gran medida de sus representados”, aunque en la pasada legislatura el diputado Rubén Luna encabezó el hemiciclo con 54 ausencias, en un negativo listado en donde también figuraba otro diputado de ultramar, Marcos Cross con 26 ausencias. Los diputados de ultramar no tienen privilegios ni beneficios adicionales. Tienen los mismos deberes y derechos que los diputados nacionales. Gozan del mismo salario, más de 200, 00 pesos netos y perciben del mismo monto para ayuda social, que afirman son 50 mil pesos/ mes., aunque con frecuencia se filtran a la prensa las sumas adicionales que reciben para por ejemplo “las habichuelas con dulce de los compañeros” o para el “día de las madres de las compañeras”. En este contexto, se puede afirmar que la incidencia de la labor social que puedan realizar en el exterior es casi nula y tampoco parece figurar entre las prioridades de estos servidores públicos, a los que nuestras comunidades deben exigirle una mayor cercanía o acompañamiento en las iniciativas y problemáticas que afectan a la diáspora. Poco aporta trasladarse al exterior a reunirse con sus más cercanos compañeros de partido, ya que entonces no tiene sentido, las cuantiosas sumas dispuestas para pagar los constantes viajes en primera clase que les son otorgados. A destacar en estos dos años el Proyecto de Ley que crea el Instituto de Bienestar de los Dominicanos en el Exterior, el cual ha perimido en varias legislaturas, con la reticencia de sectores que se oponen a que se grave el envío de remesas enviadas a República Dominicana y el Proyecto de Ley que modifica la Ley sobre funciones públicas de los Cónsules. Ambos proyectos empantanados y con perspectivas inciertas, evidenciando la poca incidencia de estos legisladores y la desidia hacia las problemáticas del dominicano en el exterior.
