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Por NELSON DEL POZO
El reciente acuerdo de seguridad firmado entre República Dominicana y España —enfocado en el rastreo de redes delictivas y la recuperación de bienes ilícitos— marca un paso innegable e importante en la agenda de cooperación bilateral de ambos países. Sin embargo, el anuncio deja en el aire un interrogante asfixiante para los más de 200,000 dominicanos que residen en España y Europa: si hay voluntad para blindar el capital y perseguir activos, ¿por qué esa misma urgencia institucional no se traslada a la protección directa de sus vidas y derechos civiles?
El contraste es, por lo menos, sonrojante. Mientras las maquinarias burocráticas demuestran una velocidad de bot para rastrear transferencias bancarias y asfixiar económicamente a estructuras criminales, la comunidad migrante dominicana sigue atrapada en un laberinto diario de trabas administrativas que asfixian su desarrollo legítimo.
Muestra de esta asimetría es la parálisis en materias de salud y protección social. Mientras fluyen los datos financieros de un continente a otro, miles de ciudadanos enfrentan un calvario de obstáculos para integrarse, homologar sus derechos laborales o acceder a la portabilidad real de pensiones acumuladas a lo largo de décadas de trabajo.
Las vidas de los migrantes avanzan; los convenios de bienestar integral, no.
A esto se le suma la vulnerabilidad en el mercado laboral y la hostilidad social. El capital se recupera rápido, pero los procesos de arraigo, las renovaciones de residencias y las homologaciones de títulos universitarios avanzan dando saltos sobre obstáculos, obligando a las personas —cualificadas o no— a refugiarse en la economía sumergida.
La diáspora requiere de sus consulados un respaldo de acompañamiento y fiscalización contundente contra las violaciones laborales —explotación, salarios de miseria y jornadas abusivas—, así como de escudos eficaces frente a los delitos de odio, la discriminación estructural y la violencia de género.
En la esfera privada, el obstáculo diario se vuelve aún más físico y tangible: la vivienda. El Gobierno dominicano promueve ferias inmobiliarias orientadas a la compra de inmuebles en Quisqueya, pero desatiende a quienes sufren el día a día en el extranjero.
Al intentar rentar un hogar en suelo europeo, el dominicano se enfrenta a una férrea discriminación inmobiliaria. Es imperativo que las oficinas consulares asuman la obligación legal de actuar como entidades fiscalizadoras y garantes institucionales.
No se puede seguir prescindiendo de herramientas como la emisión de avales de solvencia que contrarresten la xenofobia del mercado inmobiliario.
De igual forma, la seguridad de una comunidad empieza por su blindaje legal inmediato. La lentitud en la renovación de pasaportes —que vulnera el libre tránsito—, las infinitas esperas para canjear licencias de conducir que condicionan el empleo, y la odisea de intermediarios costosos para apostillar actas de nacimiento reflejan un descuido inaceptable.
Si el Estado puede cruzar datos de inteligencia policial en directo, ¿por qué no pueden la Junta Central Electoral y los consulados interconectarse para entregar documentación civil en cuestión de minutos?
El tratado actual demuestra que, cuando existe voluntad política, las naciones pueden trazar puentes legales inquebrantables. Es hora de que los dominicanos en el exterior exijan que esa misma determinación se aplique a los derechos fundamentales que garantizan una existencia digna.
La seguridad de una nación jamás puede limitarse exclusivamente al plano de lo material.
Un Estado que sella tratados sofisticados para proteger los bienes, pero que flaquea a la hora de garantizar la integridad, el desarrollo y la paz de sus ciudadanos en el exterior, cumple su función solo como un rentista inhumano.
La diáspora dominicana no es un banco pasivo que solo se dedica a inyectar remesas para sostener la estabilidad económica; es una fuerza viva que sostiene familias y edifica puentes culturales.
Sus vidas, su salud física y su dignidad valen, como mínimo, tanto como los activos financieros que hoy se buscan recuperar.
El autor es analista geopolítico y observador internacional, radicado en Zúrich, Suiza.
Maravilloso su argumento y entendible que narrativa señor felicidades nunca había visto algo tan claro en un análisis pero muy pocos lo verán como dicen aquí en España andamos en belén con los pastores.