Ormuz, petróleo, deuda y el Estado dominicano

Por LUIS M. GUZMAN

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado de ser un episodio distante para economías pequeñas y abiertas como la dominicana. La amenaza sobre el estrecho de Ormuz, corredor clave del petróleo mundial proyecta efectos sobre combustibles, inflación, subsidios y cuentas públicas. En un país importador neto de energía, cada sobresalto geopolítico puede traducirse en presión directa sobre el presupuesto nacional.

El riesgo no reside solo en una eventual alza del crudo, sino en su efecto en cadena. Aumentan costos de transporte, generación eléctrica e importaciones básicas, y el Estado suele intervenir para amortiguar impactos sociales. Pero cuando esos subsidios crecen sin respaldo suficiente en ingresos, el déficit fiscal se expande. Entonces reaparece la salida conocida, más financiamiento, más bonos y, finalmente, más deuda pública.

Esa dinámica encuentra al país con márgenes fiscales estrechos. El presupuesto viene condicionado por intereses, amortizaciones, subsidios eléctricos y gasto corriente elevado. Bajo esa estructura, un shock externo no golpea terreno neutral; golpea un sistema previamente tensionado. Por eso la crisis de Ormuz no es solo energética, es también una advertencia sobre la fragilidad de un modelo fiscal vulnerable a perturbaciones externas.

En ese contexto debe leerse la reunión del presidente con los principales líderes políticos del país. La convocatoria reconoció que el conflicto podía afectar estabilidad económica y social. Más que un gesto protocolar, fue una señal de preocupación sobre inflación importada, abastecimiento, presión presupuestaria y eventuales decisiones difíciles. También mostró que el riesgo geopolítico comienza a entrar en el centro del debate interno.

Pero la discusión volvió a mostrar un silencio recurrente. Se habló de subsidios, de coordinación política y de enfrentar la incertidumbre, pero casi no apareció una revisión seria del gasto estructural del Estado. Particularmente de la nómina pública, una de las variables más sensibles del presupuesto y, a la vez, una de las menos tocadas. Allí está quizá una de las mayores omisiones del debate económico dominicano.

En casi todas las crisis se propone racionalizar el aparato estatal, revisar duplicidades, reducir botellas o contener el crecimiento de la burocracia. Sin embargo, históricamente esas propuestas rara vez pasan del discurso. Se posponen por costos políticos y terminan sustituidas por más deuda o por nuevas presiones tributarias. Esa práctica ha consolidado la percepción de que el Estado exige ajustes, pero raras veces se ajusta a sí mismo.

Ese punto es crucial, porque no es lo mismo endeudarse para obras productivas que para sostener gasto corriente. Cuando la deuda financia infraestructura que eleva productividad futura, puede defenderse como inversión. Pero si termina respaldando estructuras improductivas o permanentes, se erosiona la sostenibilidad fiscal. Entonces el problema deja de ser solo cuánto se debe; pasa a ser para qué se toma prestado.

Ahí emerge una contradicción que el país evita discutir con franqueza. Se pide sacrificio social cuando suben precios, se contemplan futuros ajustes fiscales y se admite más endeudamiento para absorber choques externos, pero no se corrige una parte importante del gasto estructural. Esa asimetría debilita legitimidad y plantea dudas sobre la equidad del esfuerzo exigido para enfrentar crisis económicas recurrentes.

Si el petróleo se mantiene alto, el gobierno enfrenta opciones difíciles, trasladar costos al consumidor, ampliar subsidios o aumentar deuda. Ninguna es políticamente sencilla. Pero todas se vuelven más costosas cuando el gasto corriente permanece rígido. Allí aparece la paradoja central, mientras se busca contener la deuda, las respuestas tradicionales frente a la crisis empujan precisamente hacia una expansión del endeudamiento.

El debate de fondo no es solo coyuntural. Tiene que ver con vulnerabilidad estructural. ¿Puede una economía dependiente de energía importada y endeudamiento recurrente sostener shocks externos sin revisar su arquitectura fiscal? Esa pregunta remite no solo a subsidios y petróleo, sino a política energética, eficiencia estatal, calidad del gasto y capacidad de anticipar crisis sin que cada una termine pagándose con nueva deuda.

Por eso la lección de esta coyuntura va más allá de Medio Oriente. La República Dominicana no controla guerras lejanas, pero sí puede reducir su exposición a ellas. Eso exige diversificar fuentes energéticas, mejorar disciplina fiscal, transparentar prioridades presupuestarias y abrir por fin una discusión seria sobre el tamaño y eficiencia del Estado. Sin ese debate, cada crisis externa seguirá encontrando las mismas fragilidades.

La conclusión es incómoda pero necesaria. El problema no es únicamente Ormuz ni el precio del petróleo; es un modelo que recurre con frecuencia a subsidios, préstamos y postergaciones sin tocar sus rigideces internas. Mientras la nómina pública permanezca fuera de toda reforma seria, la deuda seguirá funcionando como válvula de escape. Y una válvula usada permanentemente termina, tarde o temprano, perdiendo presión.