Mientras el Gobierno y el ministro de Turismo celebran nuevos récords de visitantes y presentan el turismo como prueba del éxito nacional, el país real sigue haciéndose una pregunta más dura: si todo va tan bien, ¿por qué tanta gente vive cada vez peor?.
No se discute que turismo y zonas francas generen actividad. Lo que se discute es otra cosa: que, pese a sus récords de visitantes, exportaciones y divisas, el país no logra convertir suficientemente ese dinamismo en prosperidad amplia, salarios dignos y movilidad social real.

El propio informe internacional reseñado por Diario Libre admite que la República Dominicana tiene crecimiento, sí, pero concentrado. Advierte que, sin reformas en profundidad financiera, formalización de nuevas empresas, capacidad de innovación y reducción de exclusiones sociales, el país puede quedar atrapado en un nivel medio de prosperidad.
Y esa parcialidad se hace todavía más evidente cuando se mira a las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras se sostienen sectores privilegiados, las mipymes —la base más extensa de la economía real— siguen cargando con financiamiento caro, presión fiscal, baja protección y servicios públicos precarios, a pesar de que generan alrededor de 61.6% del empleo nacional.
El problema no es que el turismo o las zonas francas no aporten. El problema es que el modelo ha tolerado que el territorio nacional, la infraestructura pública, la mano de obra y los privilegios fiscales sirvan para generar riqueza sin que una porción suficiente de ese valor se quede transformando la vida material de la mayoría.
Aunque parte del consumo hotelero se suple desde el agro dominicano, el régimen de incentivos no está estructurado alrededor de un compromiso suficientemente exigente, transparente y verificable de compras locales, proveedores nacionales y valor agregado interno.
La contradicción se vuelve todavía más dura cuando se observan las prioridades del poder. El presidente ha sometido un préstamo de US$400 millones para agua potable y saneamiento en Punta Cana-Bávaro, uno de los polos más favorecidos por el modelo turístico. Nadie discute la importancia de proteger acuíferos ni de ampliar el saneamiento.
Lo que sí debe discutirse es por qué un Estado que sigue pidiendo sacrificios fiscales a la nación concentra un esfuerzo de esa magnitud en una de las zonas más rentables del país, mientras amplias franjas de la población continúan padeciendo servicios hídricos inseguros o poco confiables. Eso no es solo una decisión técnica. Es una definición de prioridad nacional.
Lo más delicado de este modelo no es solo su concentración económica, sino su efecto moral. Se le pide paciencia al pueblo mientras se celebran récords. Se le pide sacrificio a la mayoría mientras una parte del país convierte el crecimiento en blindaje. Se le pide fe en el futuro a quien todavía no puede resolver el presente.
En el Foro y Frente Cívico y Social consideramos inaceptable seguir enrostrándole al pueblo tanto “éxito” mientras una parte tan amplia de la población continúa viviendo en penurias.
Porque cuando un país crece y el pueblo no respira, el problema ya no es de comunicación. Es de dirección nacional.

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