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POR MANUEL VALDEZ
La Constitución reza:
Artículo 1. De la sección II sobre la ciudadanía. “Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución.” Nótese: “Elegir”. Esta constitución vigente no define la forma de ser elegido. No establece que deber ser por medio de un partido o una acción terciaria.
Artículo 8.- De la sección II del Estado Social y Democrático.
Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
Peligro: Es una amenaza real o imaginaria que compromete o puede comprometer la integridad de la vida de una persona, de sus bienes, o de un territorio, y la justicia es el principio de igualdad ante la ley.
Justicia electoral: Es la libertad de expresión, de organización y participación que debe tener un ciudadano garantizado entre sus derechos fundamentales a fin de que pueda de forma libre y responsable contribuir al fortalecimiento institucional mediante el servicio a la sociedad por medio de la participación en el escenario social y político.
Tanto yo como muchos hemos visto con asombro la reacción de la clase política dominante ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la libre postulación o candidaturas independientes. En la opinión de ciertos líderes políticos parece que se soltaron los demonios.
Han dicho que eso alentaría la corrupción en el sistema político, que sería penetrada por el narcotráfico y el crimen organizado, entre otras imprecisiones. Tal parece que el Tribunal Constitucional ha cometido un crimen de Estado. Estas reacciones nos dicen lo alejado que está el accionar político del corazón del pueblo.
El sistema de partidos no ha resuelto los problemas nacionales, la clase política no ha sintonizado el dolor de nuestro pueblo, porque una vez se enquistan en el poder se olvidan del sufrimiento de la sociedad con políticas erráticas orientadas a satisfacer a grupos de poder en vez de resolver los problemas nacionales.
Esos mismos políticos que han hundido el país en deuda y debilidad institucional no se pronuncian ante la invasión desde el vientre que tenemos con el caso haitiano, nos les importa que estemos perdiendo el país, entregando nuestros recursos naturales, perdiendo la integridad de nuestro territorio. Los feminicidios no les inquietan, nuestra niñez, nuestra juventud desorientada; la desigualdad social, la violencia, la inseguridad, el hambre, el costo de la vida, el costo de la energía, la deficiencia en los servicios públicos y la pobreza extrema de una franja de la sociedad.
El narcotráfico, la economía sumergida, el crimen organizado, la desnacionalización de la economía, nada de eso los inquieta, ni lo consideran una amenaza existencial a la democracia y al régimen electoral y la supervivencia del país. Sorprendente, lo que piensan estos políticos.
Preguntas
Nos preguntamos: ¿Cuántas elecciones se han robado las candidaturas independientes? ¿Cuántos candidatos ineptos han postulado? ¿En qué han dañado el sistema de partidos?
En mi opinión, más bien creo, que esos líderes dueños y señores de la voluntad popular, deberían ponerse a prueba una vez más en unas elecciones donde se les pueda ofrecer al país mejores opciones, a ver si es que ellos son indispensables, y son los únicos dominicanos en condiciones de dirigir la nación.
La clase política dominicana debe revisarse a la luz de la media de abstención en cada proceso electoral. La sociedad debe sentirse reivindicada ante la posibilidad no solo de votar su voto, sino de usar el voto como instrumento de poder para elegir su destino.
La sentencia del tribunal es un paso de avance en el proceso de una reforma integral del régimen electoral de la República Dominicana a la luz de los grandes retos de la nación ante los escenarios de la geopolítica mundial.
jpm-am
