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FRANCIA: El plan antiterrorista de Hollande fuerza la salida de su titular de Justicia
PARÍS.- La ministra francesa de Justicia, Christiane Taubira, la voz más progresista y rebelde del Ejecutivo socialista, dimitió hoy por sus discrepancias con la política antiterrorista del presidente, François Hollande, que prevé retirar la nacionalidad a los condenados por terrorismo.
Su oposición a esa medida quedó patente a mediados de diciembre, un día antes de que el Gobierno la presentara en el consejo de ministros, y desde entonces su mantenimiento en el cargo había quedado en entredicho.
El proyecto fue lanzado por el presidente Hollande tras los atentados yihadistas que el pasado 13 de noviembre mataron en París y en la periférica Saint Denis a 130 personas e hirieron a otras 350, pero Taubira no la veía eficaz en la lucha antiterrorista, y así lo había expuesto públicamente.
«A veces resistir es quedarse y a veces resistir es partir», dijo la hasta hoy ministra en su cuenta de Twitter, en su primera reacción a su retirada, con el lirismo y la fuerza característica de su oratoria.
Horas después, en una comparecencia ante la prensa, admitió que se marcha por un «desacuerdo político importante» y advirtió de que aunque «el peligro terrorista que amenaza (al país) es grave», no se le debe «conceder ninguna victoria, ni militar, ni diplomática, ni política, ni simbólica».
Su dimisión, que coincide con la presentación de la revisión constitucional en la comisión de leyes de la Asamblea Nacional, fue aceptada por la necesidad de que haya, según Hollande, una «coherencia colectiva» en la acción del Ejecutivo.
Nacida en la Guayana en febrero de 1952, Taubira había destacado antes de su paso por el Elíseo por su candidatura presidencial en 2002 bajo el paraguas del Partido Radical de Izquierda, con el que acaparó el 2,32 % de los votos.
De su mandato desde mayo de 2012 se recuerda especialmente su férrea defensa de la legalización del matrimonio homosexual, aprobada en 2013, pero desde entonces le ha costado imponer sus ideas en el seno del Ejecutivo, y su política penal y judicial ha sido calificada de laxa por la oposición.
