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Urge priorizar cuatro proyectos de reformas
La tozuda realidad demostró, una vez más, que “quien mucho abarca poco aprieta”, a propósito del paquete de 12 proyectos de reformas a diferentes leyes que, en agosto del 2021, envió el Presidente Abinader al Consejo Económico y Social (CES), sin establecer un consenso y plan de prioridad.
Los buenos deseos no son, en política, suficientes porque, como se sabe, de “buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”. Por eso, “con ojeriza” reaccionó un amplio sector de la sociedad política que, de inmediato, objetó varios de los proyectos presentados, en atención a tres criterios:
1.- Porque carecían de pertinencias y prudencias como consecuencia de la crisis sanitaria y los problemas económicos y sociales que, legados de la pandemia del coronavirus, perturbaban el sosiego de la familia dominicana, en especial en la clase media y sectores más vulnerables de la sociedad. Lo cual se complicó como consecuencia del negativo impacto de la guerra Rusia-OTAN-Ucrania en la economía nacional.
2.- Ante esa realidad, la experiencia política aconsejaba: Primero gestionar el consenso con los principales actores de la sociedad política y representantes de la sociedad civil para establecer, un plan de prioridad entre estos 15 proyectos de reformas, porque luego se les agregaron otras tres reformas.
3.- Valorar la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, destino decisorio para las reformas consensuadas en el CES; el activismo preelectoral por el que atraviesa el país, caracterizado por los ajetreos reeleccionistas del PRM y las actividades de la oposición, en especial las del PLD y FP, así como la necesidad que tiene la JCE electoral de establecer, a tiempo, el cronograma de las principales actividades para organizar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2024.
En correcta interpretación de esa realidad y las más sanas aspiraciones del pueblo dominicano, urge que los líderes de la sociedad política, aguijoneados por la sociedad civil y la opinión pública, procedan a establecer un urgente plan de prioridad para materializar, en lo que resta de este 2022, los siguientes proyectos de reformas:
1.- Las leyes de Partido Político y Electoral (las 33-18 y 15-19), muy desactualizadas por la gran cantidad de artículos de esas leyes que han sido anulados por el Tribunal Constitucional. Poner mayor énfasis en los proyectos depositados en el Congreso Nacional por la JCE.
2.- El Código Penal que, no obstante su necesidad social y jurídica, tiene más de 13 años atravesando por un vergonzante “viacrucis” en el Congreso Nacional, atascado por desavenencias preñadas de incomprensiones e intolerancias ideológicas.
3.- El proyecto para reformar la Ley de Seguridad Social que, ante las crecientes e indolentes ganancias de las empresas aseguradoras (AFP, ARS y clínicas privadas) requieren de una urgente actualización.
4.- El Código Laboral, muy útil para las décadas de los ’80; pero ahora desactualizado y con postulados que reducen los beneficios económicos y sociales de los trabajadores, lo cual afecta la necesaria convivencia pacífica en el sector empresarial y comercial del país.
La responsabilidad de nuestro liderazgo político, en especial del Presidente Abinader, en su calidad de Jefe del Estado, es la de priorizar los proyectos arriba indicados y arribar al consenso necesario a los fines de propiciar estabilidad y sostenibilidad en la macroeconomía, paz social y gobernabilidad democrática en la R. Dominicana. ¡Son nuestras más sanas aspiraciones!
jpm-am
