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Punta Catalina, entre el lobby y el carbón
Por EDWARD VERAS
Durante décadas, hemos escuchado a los grandes analistas del sector eléctrico dominicano plantear que la raíz de la crisis financiera que afecta desde siempre, es debida a los altos costos de generación de la energía eléctrica en La República Dominicana.
Pocos esfuerzos se han realizado para cambiar la matriz energética a combustibles menos costosos. El primero de ellos a finales de los años 70’s e inicios de los 80’s con el famoso Plan de Expansión de Generación de la antigua CDE, que propuso la construcción de 6 centrales a carbón, sumando 750MW en el complejo de Itabo. Los cambios de visión estratégica de 1986 coartaron ese proyecto a solo 2 unidades con oferta de 250 MW, limitando sus capacidades al uso de derivados del petróleo. Esta nueva estrategia proponía esperar a la concretización por ley de un Mercado Eléctrico Mayorista, para la ejecución de nuevas inversiones. Este no sería posible hasta 15 años después, iniciado el proceso de capitalización.
Un segundo esfuerzo se realizó en el período 2000-2003, con la ejecución del decreto presidencial 352-00 que autorizó a la empresa Aes Andres a realizar inversiones de instalación de una terminal de gas en Andrés, Boca Chica, adicional un ciclo-combinado de 319 MW y la construcción de un gasoducto de 34 km que suministra gas natural a centrales de 236 MW en Los Mina y actualmente a 109 MW en la rivera del Ozama. Históricamente, los precios promedio de los derivados directos del petróleo han fluctuado alrededor de 6 veces a los precios del Gas Natural (LNG). A partir de esas inversiones, queda pendiente la instalación de un gasoducto Boca Chica – San Pedro de Macorís, que prometa una drástica reducción de costos en el complejo CESPM (Cogentrix) de 300 MW, Quisqueya de 430 MW y Sultana del Este de 152 MW, este último vinculado empresarial y operacionalmente a la empresa EGEHAINA.
Otro esfuerzo se realizó en el 2007 cuando el Estado firmó un contrato con la empresa de capital Chino Sichouan Machinery. La misma debía instalar 1,200 MW de generación a carbón distribuidos en partes iguales en Manzanillo, Monte Cristi y Palenque, San Cristóbal a una inversión de 1,250 millones dólares. El contrato establecía la venta de 8.08 GWH al día a un precio de 2.8 centavos de dólar por KWH. El sobrante de energía iría por parte de la empresa al codiciado mercado spot. El Estado por su parte debía garantizar el suministro de carbón a la empresa.
En el momento, diversos sectores de la vida nacional elogiaron la firma de ese contrato debido a que el mismo garantizaba un suministro de bajo costo a 20 años, con lo cual se haría frente al vencimiento de los acuerdos de compra-venta, llamados «acuerdo de Madrid». Por igual, este contrato era ventajoso frente a contratos anteriores del tipo “take or pay”, firmado con Smith-Enron y Cogentrix. Las esperanzas del Estado se vieron mermadas cuando la empresa Sichouan Machinery no consiguió el empréstito en la banca internacional para la ejecución del proyecto. En varias ocasiones se filtró la información de que los chinos habrían recibido la respuesta: «ustedes pueden conseguir un contrato más ventajoso en esa isla de El Caribe». Otro gran beneficio de ese contrato seria la suplantación del uso de derivados del petróleo lo cual aliviaría las variables económicas internacionales que afectan la economía nacional.
En el año 2012, El Estado Dominicano se propone nuevamente apostar al carbón para la reducción de los costos variables de la operación del sistema eléctrico. El usual lobismo no se hizo esperar. Ex mandatarios suramericanos iniciaron esos escarceos, visitando directamente al actual Ciudadano Presidente de la república y ofertando sus más cercanos colaboradores estratégicos ante una eventual campaña reeleccionista en 2016, con tal de que sus ofertas sean acogidas para este y otros contratos.
Inicialmente, a finales de 2013 se le otorga un contrato a la empresa Odebrecht, de capital brasileño, que consistía en elaborar los términos de referencia del llamado a licitación para la instalación de dos unidades de 360 MW cada una, operadas con carbón mineral, a ser ubicadas en la provincia Peravia en el proyecto llamado Punta Catalina.
La llegada “tarde” de la ejecución de este proyecto, no garantiza al Estado Dominicano una posición ventajosa en la renegociación de los contratos del “acuerdo de Madrid” perecederos a mediados del 2016, en las que el Estado se vería afectado por las articulaciones del sector privado en pleno periodo electoral.
La adjudicación de la construcción del complejo de generación Punta Catalina inicia con el sinsabor de una licitación cuestionada, donde el consorcio agraciado liderado por la multinacional brasileña Odebrecht, coloca como oferta al precio de construcción 2,040 millones de dólares, 540 millones más que el precio tope de los términos de referencia y 1,140 por encima de su competidor. Este proceso irregular llevó a un retraso en el inicio de construcción, ventilando en tribunales nacionales la solicitud de anulación de la licitación, por parte de consorcios participantes.
Según datos estándares de la OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY Oak Ridge, Tennessee 37831, en su artículo “Electric Power Generation Options and the Implications for Fusion An Assessment of the Economics of Future” el costo de instalación de una central eléctrica de 600 MW a este tipo de tecnología, varía desde 800 a 1,350 dólares el KW instalado, muy distante al costo planteado por Odebrecht de unos 2,830 dólares por cada KW en una planta de tamaño similar.
El proyecto iniciado a finales de 2014 por la multinacional Odebrecht, cuestionada internacionalmente por sobrevaluación de costos para acomodar el lavado de capitales y el financiamiento de políticos en Latinoamérica. Sus principales ejecutivos enjuiciados en Brasil y una bomba de tiempo de 2 mil millones y tantos de dólares en las manos del ciudadano presidente Danilo Medina en una playa del sur cercano.
Punta Catalina se ha convertido en la manzana de la discordia en el actual entendimiento entre el estado y el sector privado llamado “Pacto Eléctrico” que busca poner fin a la crisis del sector. Los privados reclaman participación directa en la construcción, operación y mantenimiento del complejo de generación.
Corresponderá a expertos en evaluación económica y social de proyectos, verificar la factibilidad del mismo, al tener más que duplicadas sus inversiones iniciales de construcción y puesta en marcha, cónsono con el comportamiento del mercado en los próximos 25 años.
edwardverasdiaz@gmail.com