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¿Populismo penal? ¡Oh no!
Una estrategia reciente adoptada por abogados dominicanos (de profesión o no) para defender imputados y liberarlos de prisión preventiva es apelar al concepto de populismo penal. Se utilizó con los encartados del caso Odebrecht, y ahora suena de nuevo en el caso OMSA.
¿Qué es el populismo penal? En pocas palabras, se refiere a la pena exagerada impuesta contra imputados para complacer al pueblo que reclama justicia.
El concepto de populismo penal supone que el pueblo exagera en la búsqueda de justicia, y, por ende, algunos pagan injustamente con una pena excesiva, sea como medida de coerción preventiva o en el juicio final de condena.
Al concepto de populismo penal se ha unido también el argumento harto conocido en el caso Odebrecht, de que, quien no constituye peligro de fuga, no debe ser enviado a prisión preventiva mientras se investiga el caso. Bajo este criterio, en gran medida, están fuera de la cárcel los 14 encartados del caso Odebrecht.
En un país con justicia honesta, donde hay tradición establecida de dictar penas en función de la magnitud del delito, sería insensato esperar mayores penas que las merecidas por algún imputado. Si se impusieran, tendríamos populismo penal.
En la República Dominicana, sin embargo, es todo lo contrario. Casi nunca se hace justicia ante delitos cometidos por políticos, militares, policías o empresarios, aunque haya evidencias que apunten a la culpabilidad. El poder político y económico salva mucha gente de cumplir penas.
Por eso, pedir justicia o esperar justicia en el caso dominicano no es populismo penal; es una pequeña esperanza de castigar los culpables ante tanta impunidad de estafa al público.
El argumento del peligro de fuga es más bien irrisorio. Quienes más posibilidad tienen de fugarse son las personas con más recursos económicos. Un pobre que se roba tres gallinas no tiene dónde huir. Su único destino sería Haití, donde probablemente no quiera ir. Los ricos tienen visa, pueden comprar un pasaje, o incluso, si son muy ricos, alquilar un avión privado para marcharse.
En teoría, lo ideal sería que cada quien espere juicio en su casa. Así sería incluso más barato para el Estado, y por ende, para la ciudadanía. Pero en la República Dominicana, donde con poder se evade la justicia, y donde la mayoría de la población no cree en el sistema judicial, pedir tantas concesiones para imputados con evidencias de culpabilidad, es una jugarreta política.
La encuesta de Mark Penn y Noticias SIN, publicada recientemente, muestra que 68% de la población encuestada piensa que no se hará justicia en el caso Odebrecht.
O sea, ante el escándalo más grande de sobornos conocido en el país, con información que provino de fuera, y en torno al cual hubo grandes movilizaciones sociales, la mayoría de la ciudadanía piensa que no se hará justicia. ¡Increíble! Si en enero crecieron las expectativas, en octubre ya se han diluido.
En la República Dominicana no hay populismo penal. Lo que sí hay es impunidad por doquier y falta de confianza en la justicia.
Pero ojo: cuando la impunidad reina por mucho tiempo, puede eventualmente surgir una figura política que, con necesidad de legitimación rápida, recurra al populismo penal.
Cuando eso sucede, si es que sucede, la justicia no se hace en los tribunales con el debido proceso, sino en las calles con apresamientos arbitrarios y matanzas.
Por eso, a los que mal usan el término populismo penal, que lo guarden para cuando realmente se amerite su uso. En la República Dominicana actual hay impunidad, no populismo penal.
JPM