Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Presidente se reúne con miembros Consejo de Seguridad de la ONU
Abinader encabezará marchas en Monte Plata y el Santo Domingo
El dólar bajó otros 10 centavos y se cambia este jueves a RD$58.85
Abinader: Protección dignidad es un «compromiso irrenunciable»
Prestaron juramento los miembros del Consejo Presidencial de Haití
Presidente SCJ resalta esfuerzos por mejorar sistema judicial RD
Debate candidatos dominicanos dominado por temas económicos
ETED dará mantenimiento a líneas de transmisión 69 kv este viernes
OPINA: Cuál de los candidatos fue el más favorecido con el debate?
Debate candidatos presidenciales ocupa titulares en Dominicana
Pilato
La
celebración en todo el mundo cristiano de la semana mayor o semana santa
correspondiente al año que discurre (2014) nos trae nueva vez el recuerdo
histórico de la actuación de Poncio Pilato, prefecto o gobernador de la
provincia de Judea, al sur de Israel (año 26 de nuestra era), para muchos la encarnación
de la debilidad humana, político
arquetípico dispuesto a sacrificar a un hombre en aras de su estabilidad y fama, pues cuando le llegó la responsabilidad de decidir si dejaba en libertad o
condenaba a Jesús de Nazaret o al homicida Barrabas, Pilato se lavó las manos y
dejó esa importante decisión en ese momento cargo de otros.
Asi la historia de los días que discurren en República
Dominicana los cuales traen a cada momento acciones de personas comunes,
funcionarios públicos y privados similares a la de Poncio Pilato.
Esto asi ya que siempre se ha visto y, hoy con
pronunciado acento, se ven, se oyen y se leen actuaciones de personas que tienen el deber de
asumir su responsabilidad de tomar una decisión importante ante un hecho o
situación y prefieren pasar la misma a otra persona o institución, cuando se
sabe que lo que se delega es el trabajo pero nunca la responsabilidad del
mismo.
Todo lo anterior viene a colación por el hecho de que
en los últimos días muchos han sido los testigos en la nación dominicana de
actuaciones irresponsables o poco seria de funcionarios públicos que tienen el
deber de proceder ante una situación de forma correcta y de frente y han
preferido darle de lado a los casos que son de su incumbencia.
He ahí los casos de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana que por solicitud de la Fiscalía del Distrito Nacional los informes
de auditorías practicadas en algunos estamentos del Estado correspondientes al
año 2013, no se dan a conocer públicamente ni se envían a la referida Fiscalía,
alegando que sus auditores no han concluido las mismas cuando todo el mundo
sabe que muchas de ellas ya son del conocimiento de algunos dominicanos.
Otro, es la promoción de estudiantes a otros cursos
cuando estos han reprobado las pruebas nacionales o exámenes de alguna materia
sin importar el nivel al cual pertenecen o al centro educativo al cual
corresponden, para asi estar bien con todos, evitando confrontaciones con los
interesados o reprobados.
Un hecho muy sonado es el correspondiente a la
reciente aprobada Ley de bonos del Estado por US$1,500.0 millones y RD$33,644
millones mediante la cual el Congreso Nacional pasa su responsabilidad de
establecer el tope de su negociación respecto al monto de la deuda al
Ministerio de Hacienda, para que esta instancia sea la que defina los términos
de la negociación de estos instrumentos de deuda a largo plazo.
Pero esto no se detiene ahí, pues hace unos días la
Presidencia de la Republica Dominicana delegó en el Tribunal Constitucional la decisión de modificar o dejar sin efecto el Artículo
85 del Código Procesal Penal (CCP) relativo a la potestad que tiene el
ciudadanía de querellarse ante actos de
corrupción cometidos por funcionarios públicos que congresistas inescrupulosos
eliminaron de dicho código cuando tal decisión debió ser tomada por el Poder
Ejecutivo.
También es oportuno recordar los casos de Pueblo Viejo
y la Barrick Gold y el sonado caso de Loma Miranda que han sido pasados a
instituciones internacionales para que rindan informes sobre si se deben explotar los yacimientos mineros contentivos
en los mismos.
Para muestra bastan los casos expuestos anteriormente
de actuaciones que deberían ser afrontados por las personas o instituciones que
tienen que ver directamente con el tema tratado o son de su competencia.
De manera que es más fácil actuar como Poncio Pilato
lavándose las manos ante una decisión en la que se debe actuar con la debida
responsabilidad que atañe a una persona o institución y que amerita una
respuesta concreta real e inmediata ante el hecho consumado.
Mientras se continúe actuando de esa forma nunca la
República Dominicana será dueña de sus
responsabilidades, ni sus acciones y mucho menos de su crecimiento como nación
institucionalizada. ¿Pero por Dios es que no se tiene criterio propio o se
juega maliciosamente?
felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com