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Ciertamente que la aparición de varias vacunas efectivas y eficaces contra el SARS-COV-2 en un tiempo relativamente corto, representa el mejor logro de la ciencia moderna, en su lucha contra esta pandemia que nos agobia y amenaza con destruir la vida normal de la humanidad.
Los países ricos han hecho suya la frase “primero Dios que su santo” y se han adjudicado grandes cantidades de vacunas en perjuicio de los países pobres, muchos de los cuales aún no empiezan la vacunación por falta de vacunas.
En la República Dominicana el gobierno ha anunciado la “compra futura” de más de 10 millones de dosis de vacunas, de las cuales se ha anunciado su llegada varias veces pero aún no llegan ni hay fecha segura para su llegada.
En estos días ha salido a relucir que el gobierno no permite que empresas privadas puedan adquirir e importar vacunas contra SARS-COV-2 para suministro privado a aquellos que lo deseen y lo puedan pagar.
Se asume que al hacer eso el gobierno quiere mantener el control monopólico de las vacunas a los fines de evitar que se importen vacunas falsas o alteradas y que se especule con ellas en el ámbito privado.
Se nos olvida que el sector privado importa medicamentos que son tan o más sensibles que la vacuna contra el SARS-COV-2 como son las drogas controladas y medicamentos para el cáncer y otras enfermedades difíciles que afectan a miles de personas en nuestro territorio.
Entiendo que el gobierno representa la autoridad para garantizar la seguridad y la calidad de los medicamentos que importe el país, y que en ese sentido debe asumir el control de la importación de las vacunas que se usarán en el país para prevenir la enfermedad Covid-19.
Pero se debe pensar y en consecuencia hacer lo que sea mejor y más conveniente para el país y sus ciudadanos, y en tal sentido creo que establecer un monopolio gubernamental en la compra e importación de las vacunas contra el SARS-COV-2 no es lo que más nos conviene como país.
Lo que creo que debe hacer el gobierno en coordinar con la OMS y la OPS la elaboración de un estricto protocolo que permita la participación del sector privado en la importación y comercialización de las vacunas contra SARS-COV-2, de tal manera que podamos contar con una mayor oferta de las mismas para beneficio de todos.
Esto significaría un alivio económico para el gobierno que no tendría que comprar ni pagar por las vacunas que importe el sector privado y que tendrán como destino a sectores de la clase media, media alta y rica que pueden costearse sus vacunas.
De lo que se trata es de establecer una estrategia de doble dirección: una de abajo para arriba pagada por el gobierno, y otra de arriba para abajo pagada por los ciudadanos de altos ingresos o sus seguros de salud, si es que se acuerda eso.
De esa manera podríamos asegurar que para fin de año tengamos aunque sea el 70% de la población vacunada completamente contra el SAR-COV-2, para de esa manera poder volver a abrir el país completamente, y relanzar la economía teniendo como punta de lanza el sector turístico y los otros sectores afines y complementarios.
JPM