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MADRID, España.-El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, solicitó este jueves la colaboración, a modo de consulta, de juristas de la Universidad de Alcalá para ayudar a esclarecer la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
La CIDH ordenó al país modificar su Constitución para conceder la nacionalidad incondicionalmente a todos los nacidos en territorio dominicano.
Fernández hizo la petición tras recibir La Medalla de Oro de la Universidad de Alcalá en reconocimiento a sus aportes a la educación.
“Yo creo que esa consulta de los juristas y catedráticos de la Universidad de Alcalá contribuirá a esclarecer un tema que es de singular relevancia y trascendental para la supervivencia de la República Dominicana”, indicó.
Dijo que de ser acogida su petición la asesoría se haría a través de juristas y catedráticos del Departamento de Derecho de dicha universidad que se han especializado en materia de derecho y nacionalidad.
El exjefe de Estado reiteró su opinión de que la CIDH se extralimitó en su sentencia, al pretender obligar al Estado dominicano a modificar su Constitución, leyes y reglamentos para aplicarles el “jus soli” de manera incondicional a todos los nacidos en su territorio.
Reconoció que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los individuos tienen derecho a una nacionalidad, pero también recordó que la Convención de La Haya le otorga a cada Estado la prerrogativa de manejar soberanamente ese aspecto de su vida interna.
“Hay una extralimitación, toda vez que se le ha concedido carácter de violación a los derechos humanos a lo que no es más que un derecho concedido a los Estados en virtud de la Convención de La Haya de 1930, que a cada uno corresponde el derecho inalienable de conceder la nacionalidad a sus hijos en su territorio, en su país”, expuso.
Fernández observó que en materia de otorgamiento de la nacionalidad hay una analogía entre el derecho dominicano y el de España.
“La Constitución española de 1978 establece que son españoles los hijos e hijas de nacionales españoles. Los demás casos son remitidos al Código Civil de España”, explicó.