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La vergüenza
A raíz de la Sentencia TC 256/14 del Tribunal Constitucional (TC)
respecto a la constitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la
Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
muchos estudiantes y participantes en las redes sociales afirman que
sienten vergüenza por este fallo. Esto me acuerda un artículo reciente
de Guillermo Sheridan donde cita un poema de Octavio Paz, en el que se
refiere a la muerte de los estudiantes en Tlateltoco. En el mismo, Paz,
ante la vergüenza de esta tragedia, incorpora a su poema un pensamiento
de Marx: “La vergüenza es ira vuelta contra uno mism si una nación
entera se avergüenza es león que se agazapa para saltar”.
La cita de Marx es extraída de una misiva a su camarada Arnold Ruge
en 1843: “Por lo que leo en la prensa, Alemania está hundida en el lodo y
se hundirá más aún”. Su vergüenza se origina en “la vacuidad de nuestro
patriotismo y la anormalidad de nuestro sistema de Estado”. Para Marx,
“la vergüenza ya es una especie de revolución; […] La vergüenza es una
especie de cólera hacia adentro”. Marx cree que la “vergüenza aún no se
siente en Alemania, al contrario, esos miserables aún se tienen por
patriotas”. El Estado, considera, “es algo demasiado serio para
convertirlo en una arlequinada. Un barco lleno de idiotas puede bogar un
rato a merced del viento, pero llegará a su destino precisamente porque
los idiotas no creen que pueda suceder. Y ese destino es la revolución
que nos espera”. La revolución que quiere Marx es la de los “hombres
libres, los republicanos” contra los filisteos; es decir, hacia “la
dignidad personal del hombre”, hacia el “Estado democrático”.
En el caso dominicano, como afirma Sheridan respecto a México, “no
toda la nación tiene vergüenza”. Hay quienes –quizás la gran mayoría, si
lo medimos partiendo de como casi todo el establishment político ha
apoyado la sentencia del TC- se sienten orgullosos de como la República
Dominicana, teniendo una Constitución que proclama su apego al Derecho
Internacional (artículo 26); habiéndose adherido libremente a la
competencia de la Corte IDH mediante un instrumento que no constituye un
tratado internacional que requiera ratificación congresual; habiendo
ratificado en los hechos la competencia de ese tribunal a través de la
representación legal en causas y la nominación de una juez que
finalmente fue incorporada al colegio de ese tribunal; teniendo una Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales que le reconoce valor vinculante a las decisiones de la
Corte IDH; habiendo la Suprema Corte de Justicia reconocido la
competencia de esta Corte en decisión que el TC cita como si el tribunal
supremo hubiese invalidado dicha competencia; a pesar de todo ello
–reconocido en los valientes y bien fundamentados votos disidentes de
Ana Isabel Bonilla, Hermógenes Acosta de los Santos y Katia Miguelina
Jimenez,- declara inconstitucional la adhesión a la competencia de la
Corte IDH.
Y no es que esta decisión del TC vaya a tener ningún impacto en el
plano internacional. De acuerdo a la doctrina estoppel, el Estado no
puede negar la verdad de ciertos hechos cuando ha adoptado una conducta
jurídica contraria a dichas manifestaciones. La única manera para
desvincularse de la competencia de la Corte, es la denuncia de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) como un todo. Pero
para ello, se requiere una reforma constitucional que efectivamente nos
desvincule del sistema de protección interamericano de derechos humanos,
pues la Constitución constitucionaliza la CADH en el artículo 74.3. Por
lo tanto, la decisión de nuestros jueces constitucionales
especializados no producirá ningún efecto sobre la competencia
contenciosa de la Corte IDH. La Corte continuará conociendo los casos
que se presenten contra República Dominicana. Así las cosas, si el
Estado dominicano no cumple con las decisiones emitidas por la Corte
IDH, ello acarrearía su responsabilidad internacional.
Pero lo peor de todo es que este flagrante desacato del TC y del
Poder Ejecutivo a las decisiones de la Corte IDH tendrá consecuencias
graves para el país, pudiendo acarrear sanciones que afectaran el
comercio exterior, el turismo y la inversión. Es un grave retroceso que
nos aislará de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y
Europa, y que nos someterá a constantes críticas en los foros
internacionales. Por demás, es una decisión irrealista, pues no toma en
cuenta los factores del poder, el peso del lobby haitiano y caribeño en
Estados Unidos y el hecho de que la prohibición del racismo, la
discriminación y la apatridia son la base del Derecho Internacional. Así
estamos perdiendo la gran oportunidad de tomar en serio la cuestión
haitiana; aplicar adecuadamente el régimen constitucional de
nacionalidad; repatriar con debido proceso a los inmigrantes
irregulares; sancionar a las empresas que contratan mano de obra ilegal;
dominicanizar y desarrollar la frontera; y encausar criminalmente a las
autoridades que se dedican al tráfico ilícito de haitianos. La ley de
países débiles como la República Dominicana es la ley y hemos echado por
el suelo el único instrumento con que los David enfrentan a los Goliat:
el Derecho. Qué vergüenza!