La retroactividad de la Ley de Extinción de Dominio

El pasado 27 de febrero durante la conmemoración de nuestra independencia, bajo el lema de “recuperar el dinero robado al pueblo dominicano”, el presidente Abinader y el presidente del Senado, Eduardo Estrella, acordaron trabajar en conjunto para que sea aprobado el proyecto de Ley sobre la Extinción de Dominio.

Este compromiso causó pánico entre aquellos que se han enriquecidos fruto de la corrupción y el crimen organizado.

El arma principal que enarbolan los defensores, es el artículo 110 de la Constitución, que establece que «la ley no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena…”.

Significa que toda nueva ley, que establece aumento de pena, no se aplica a quien cumple estas dos condiciones, pues la ley se aplica para el porvenir.

El objetivo de la extinción de dominio es perseguir bienes económicos producto del crimen organizado, narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo y todas aquellas actividades ilícitas que generen beneficios económicos. También a aquellos bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.

Por otro lado, el artículo 51 sobre el derecho de propiedad, en el numeral 6, precisa que la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.

Muchos lideres políticos incluyendo legisladores, poseen bienes que no pueden justificar. Por tal razón, desde el 2014 que fue sometida por primera vez, baila de un lado para otro en el Congreso.

Solo con la presión de la sociedad se logrará esa meta. Es por ello, que debemos sumarnos a la lucha emprendida por el senador Antonio Taveras. Su iniciativa de llevar un millón de firmas al Congreso, debe ser apoyada. Enviando un mensaje de unidad y determinación del pueblo contra las fuerzas retrogradas y aquellos legisladores que, por temor a ser afectados obstaculizan la aprobación del proyecto de ley.

Es nuestra gran oportunidad de aportar un granito de arena a esta noble causa, que de triunfar enrumbará nuestro pais por senderos del progreso y desarrollo. No debemos continuar mirando desde la orilla la nueva corriente, que está arrasando con el viejo sistema en la región.

Siete países de América Latina cuentan con esta figura jurídica, empezando por Colombia, que tuvo que enfrentar y vencer al poder de los narcos y las guerrillas.

Por ese mismo camino siguieron El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Argentina, que ha creado un mecanismo similar mediante decreto. Mientras que, en nuestro pais el proyecto fue instituido en la reforma constitucional del 2010, como estrategia del gobierno del PLD, para aplacar la presión internacional. Pero, gracias a su mayoría en el Congreso, nunca fue aprobado.

La extinción de dominio, traerá muchas demandas de inconstitucionalidad, que dilatarán los procesos, un espacio de tiempo que será aprovechado por los abogados para confundir a la opinión pública y evitar condenas.

Un juego que les permitirá a sus clientes esperar el inicio de la próxima campaña electoral para invertir parte del botín robado en los medios de publicidad y comprar consciencias para sacar del poder al presidente Abinader y llevar a Leonel Fernández, para contar con su protección.

Eliassam16@hotmail.com

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