Inicio traumático del año escolar

El año escolar 2023-2024 inició oficialmente el pasado 28 de agosto. Aún se siente el ambiente característico para esa fecha entre los padres, madres y niños que asisten a las escuelas y colegios.

En estos últimos días pudimos presenciar las tiendas abarrotadas de personas buscando libros, cuadernos, uniformes y los utensilios tradicionales para el aprendizaje.

De conformidad con el ministro de Educación, Lic. Ángel Hernandez, para el inicio del año escolar han sido convocados más de dos millones de alumnos, acompañados estos de miles de maestros, supervisores, personal de apoyo, y toda la cola que le sigue a un sector como el educativo.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo y expectativas mostrados por las autoridades educativas al anunciar el regreso a clases, decenas de situaciones se han venido dando en los últimos días que, sin lugar a dudas, podrían generar considerables traumas y tropiezos al año escolar que recién inicia.

Mientras el gobierno enfatiza su compromiso con una educación de calidad, las quejas y protestas no se han hecho esperar.

Desde reclamos de maestros que participaron en el concurso docente, quejas por cambios de los uniformes, licitaciones millonarias muy cuestionadas, por cierto, para la adquisición de cuadernos y medias, hasta acciones judiciales contra el fallido programa de elaboración de libros de textos denominado “libro abierto”, han marcado el inicio del polémico año escolar.

Profesores de distintas ramas y partes del país que se inscribieron para participar en el concurso de oposición correspondiente al año 2023 que organizara el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), denunciaron una supuesta trama en su contra con el fin de que no puedan participar en el mismo.

Alegan los maestros que tras más de un mes de inscribirse nunca se les notificó nada y tras vencer el plazo estipulado, empezaron a solicitarles una serie de documentos que ya habían entregados en físico o subido a la plataforma virtual.

Una de las medidas más controvertidas ha sido la unificación del color de los uniformes escolares en las escuelas públicas, anunciada a través de la Orden Depto. 19-2023, con un costoso impacto de aproximadamente 2 mil millones de pesos.

El nuevo cambio del uniforme escolar propuesto por las autoridades de Educación tuvo un costo de 2 mil millones de pesos, según la información brindada por el titular de la cartera, Ángel Hernández.

Las reacciones por la información sobre el cambio de uniforme escolar, no se hicieron esperar, por lo que ciudadanos a través de diferentes medios de comunicación y las redes sociales han cuestionado la necesidad de los cambios en la indumentaria.

También ha levantado suspicacias que el INABIE haya llevado a cabo un proceso de licitación para la adquisición de cuadernos escolares destinados a estudiantes de niveles inicial, básico y secundario en centros educativos públicos para los años lectivos 2023-2024 y 2024-2025, con un monto ascendente a RD$24,374,672.50.

Curiosamente, uno de los dos contratos adjudicados a las compañías ganadoras de esa licitación fue firmado el mismo día que se anunció la adjudicación.

A pesar de que el Gobierno declaró de alto interés nacional la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar con el fin de asegurar la seguridad en el transporte de estudiantes, el proceso de adquisición de autobuses ha enfrentado una serie de retrasos y desafíos notables.

La situación se ha vuelto aún más complicada ya que se ha tenido que recurrir al alquiler de autobuses, debido a la falta de tiempo para recibir las compras contratadas previamente, lo que evidencia ineficiencia administrativa y mal uso de los recursos públicos.

El proyecto “Libro Abierto” presentado por el Ministro de Educación, con la supuesta intención de elaborar libros de texto con un “ahorro” de hasta 4,000 millones de pesos en contratos con editoras privadas, ha desatado una fuerte controversia y una serie de cuestionamientos a todos los niveles.

Cuando se hizo el anuncio en marzo de este año, corrió como pólvora la noticia de que el ministro Ángel Hernández sustituiría de forma repentina los libros de textos, lanzando de esta forma al zafacón de la basura 3,800 millones de pesos pagados con los recursos del pueblo.

Las reacciones ante esa abrupta decisión no se hicieron esperar y desde entonces, han llovido los cuestionamientos de parte de editores y distribuidores de libros de textos.

La ley 222-07 que modifica el artículo 78 de la Ley General de Educación, expresa que los libros de texto de la República Dominicana deben tener una vigencia de no menos de 4 años. En 2021 y 2022 se aprobaron los libros eliminados por lo que estos aún conservan su vigencia.

Lo que indica que la fecha estipulada para cambiar los libros debería ser en 2025-2026 en caso de requerirse. Está claro que en estos términos se está violentando lo que la misma ley establece.

Además, el proceso de contratación de las universidades involucradas en la elaboración de estos nuevos libros ha suscitado suspicacias sobre la transparencia y la posibilidad de conflictos de interés.

Más que un “Libro Abierto”, el proyecto ha resultado ser un “libro cerrado”, ya que el ministro Ángel Hernández al parecer escogió al dedillo el equipo de intelectuales y las universidades que él entendía.

Finalmente, bajo el pretexto de que los niños estaban consumiendo mucha azúcar, el INABIE suspendió la tan anhelada por los alumnos merienda escolar, sin que hasta el momento se hayan presentado soluciones alternas a esa acción evidentemente inconsulta.

No es una tarea fácil la que tiene el sistema educativo dominicano por delante, se precisa de mucha pericia, compromiso y responsabilidad para hacer frente a tantas dificultades, pero, sobre todo, de mucha gerencia y liderazgo.

jpm-am