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Gobierno mediático
Los medios de comunicación se han convertido en actores políticos cruciales de las democracias contemporáneas, con poderes para influenciar decididamente la población, ya sea por sí solos, o a través de los gobiernos o de los poderes fácticos.
Los medios, entonces, se convierten en voceros de sus amos, y dejan de ser los voceros de los ciudadanos. Su poder está en que militan y operan para el relato de la posición que les conviene, operando sobre la opinión pública blindando a unos y atacando a otros, como una forma sutil de hacer política.
Los nuevos medios han alterado radicalmente la manera en la que funcionan las instituciones gubernamentales. Han obligado a cambiar la táctica que utilizan los gobernantes para dar a conocer los avances ciertos en la ejecución de políticas públicas que vayan en beneficio de la mayoría.
Cambiar el modo de gobernar con el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, implicó abrirse a la ciudadanía, bajo la prédica del «gobierno abierto» y la «transparencia».
Es acá, donde adquiere sentido el interés de la gestión de gobierno de tener a su disposición cuantos canales de comunicación e información sean posibles con la población bajo su control.
Los poderes fácticos mediáticos de la radio y la televisión participan de forma cada vez más sustantiva e intensa en la definición y ejecución del proceso diario de gobernabilidad nacional, e incluso llegan a doblegar o superar a los primeros.
Por eso, en la actualidad existe un negocio muy rentable que son los gabinetes o empresas comunicativas para el cabildeo profesional, que se conocen como oficinas de “comunicación estratégica”, a través de las cuales se manejan miles de millones de pesos periódicamente para fines de publicidad.
El poder está en los medios, pero las oficinas de “comunicación estratégica” diseñan la estrategia para usarlos para ganar incidencia. Y cuando los medios son parte de un conglomerado económico, se convierten en parte esencial de la incidencia de este en el campo político.
Esta situación es más preocupante en América Latina, donde la regulación del sector mediático es escasa y la que hay está al servicio de los propietarios de los medios.
Es necesario legislar con mayor rigor para evitar que la información gubernamental del partido en el poder sea usada como instrumento de propaganda y proselitismo político al difundir, coyunturalmente, sólo los datos o hechos que le conviene al gobierno de turno.
Frente al clima de saturación o intoxicación de la atención de la población por el exceso de información política difundida por los medios de comunicación colectiva, ahora más que nunca es necesario que la propaganda política de los partidos y del gobierno se elabore con el mayor nivel de profesionalismo.
La mayoría de los medios, más que informar libremente, son usados tácticamente por sectores políticos y económicos para incidir en las decisiones que se tomen desde el poder.
Regulación
La falta de un marco regulatorio apropiado hace que se produzcan abusos en las pautas publicitarias oficiales, fomentando la irracionalidad, la discriminación y la corrupción en la asignación de los presupuestos gubernamentales.
Así también, la utilización de publicidad oficial como subsidio encubierto para beneficiar, directa o indirectamente, a comunicadores, medios de comunicación social o a cualquier agente que forme parte de la cadena de su asignación o colocación.
Urge la aprobación de una ley que regule y establezca criterios claros sobre la forma de llevar a cabo y promover la publicidad oficial en nuestro país, como forma de reducir el alto nivel de discrecionalidad en la asignación presupuestaria para tales fines, procurando evitar el despilfarro de fondos públicos, la corrupción y la discriminación, lo cual viene afectando seriamente la libre expresión del pensamiento en nuestro país, y con ello, al sistema democrático.
jpm-am