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Estado, propiedad pública y privada
En artículos anteriores planteamos el cálculo de
la Productividad Nacional partiendo del Patrimonio Productivo Nacional; y
el cálculo de la Productividad Estatal partiendo del Patrimonio Productivo
Estatal, excluyendo el sector privado. La Productividad Nacional tiene
como radio de acción el Producto Interno Bruto (PIB) mientras que la
Productividad Estatal depende del Presupuesto General del Estado. El
cálculo de ambos tipos de productividad busca elevar el bienestar nacional,
donde el sector privado y el gasto público (incluyendo Construcciones y/o obras
de infraestructura) son los responsables de la producción y
competitividad de bienes y servicios públicos y privados (Ref./Google:
«Patrimonio Nacional», «Patrimonio Productivo
Estatal»).
La productividad en general difiere
de la Ley 176-07 sobre organización municipal, cuando solo un 5% de 386
ayuntamientos y juntas distritales elaboran estados financieros y ejecución
presupuestaria, como se ha publicado. También difiere de la Ley Electoral
275-97 y de las 800 instituciones sin fines de lucro que existen en el país
cuando, en estos casos, los fondos públicos otorgados a los partidos
políticos e instituciones carecen de supervisión y control, para solo señalar algunos
ejemplos donde la Productividad Estatal debe mejorar el enfoque
del gasto público. Si el sector privado hace su trabajo en cuanto a
dirección y control del gasto, el Estado debe hacer lo mismo con el gasto
público. El Estado no debe ser visto no como privilegio de uso
político-partidista sino comprometido con los mejores intereses de la Nación.
La exactitud o realidad del Producto Interno
Bruto (PIB) depende del cálculo de la Productividad Nacional y
Estatal. Al final, ambas deberían juntarse de lo contrario el PIB se
torna en quimera y/o instrumento de uso político-partidista, o del status
quo, donde las metas y objetivos son solo el reflejo o porcentajes
de una enmascarada riqueza nacional. Hasta ahora el PIB ha sido,
a nuestro entender, un término o indicador económico aleatorio que
disgrega el cálculo de la productividad relacionada con el bienestar
nacional. Por eso en el artículo «Patrimonio Productivo
Estatal» dijimos lo siguiente:
«Esperamos algún dia coincidan el
Patrimonio Nacional y el Patrimonio Productivo Estatal, donde el Presupuesto
General del Estado es el factor determinante. Tal coincidencia es una forma de
fortalecer el Bienestar Nacional traducido en mayores niveles de empleo y
drástica disminución de la pobreza extrema. Es la mejor vía de entender el
Estado Nación que evite la pérdida de nuestra soberanía por culpa de nosotros
mismos, como en 1916 cuando los norteamericanos ocuparon República Dominicana
«por mala paga» (Ref./Google: «Estado Nación o subido en el
palo»).
Al 31/12/2013 la Junta Central Electoral (JCE)
había entregado a los 26 partidos políticos reconocidos por ella la
friolera de RD$8,260 millones en los últimos 16 años (Ref. Diario Libre);
mientras que unas 800 instituciones sin fines de lucro, incluyendo las ONGs
afines a los tres principales partidos políticos del país, ejecutaron en 2013
un presupuesto de RD$1,476.5 millones los cuales no han sido auditados por la
Cámara de Cuentas en los últimos 4 años, como establece la Ley 10-04 y
reglamentos que rigen la entidad fiscalizadora. (Ref./ «Fundación exige
que fiscalicen RD$1,475.5 millones para ONG». Diario Libre. 10/2/2014).
La cosa se pone «al rojo vivo» si tomamos en cuenta
las declaraciones de la actual incumbente de la Cámara de Cuentas, Licda.
Licelot Marte de Barrios, cuando dijo, (cito): «Con los recursos que se
distraen a través de las instituciones del Estado se podrían hacer dos
República Dominicana» (cierro cita). (Ref.»Con la distracción de
fondos se harían dos RD». El Caribe. 28/8/2013).
Sin embargo, de acuerdo con el señor Pedro
Silverio Alvarez, unos RD$100,000 millones se pierden anualmente en la forma de
ineficiencia y corrupción, dada la estrecha relación entre corrupción e
ineficiencia en el gasto público, entre otras causas. Señaló que hay varios estudios
(Banco Mundial, FMI) que tratan de construir mediciones aproximadas que puedan
servir de orientación para la aplicación de políticas públicas más efectivas,
dirigidas a reducir la negativa incidencia que tienen en la calidad del gasto
público (Ref./»Corrupción e Ineficiencia en el Gasto Público». Diario
Libre. 7/3/2014).
A estas alturas (y teniendo en cuenta lo
anterior) consideremos el cálculo de la Productividad Nacional y Estatal
partiendo del gasto publico productivo, traducido en Construcciones y/o
obras de infraestructura, bienes y servicios. Comenzaré por lo básico, por lo
que hoy solo indicaré un caso donde un fuerte renglón de la economía corre
el riesgo de desaparecer: la propiedad privada. Para este caso en
particular es un imperativo iniciativas públicas que de implementarse
ayudan entender la importancia, eficiencia y calidad del gasto público,
donde participarían el ministerio público y las fuerzas del orden como garantía
de paz social que contribuya con el bienestar nacional.
En el año 2012, el actual Procurador General de
la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, instruyó a los miembros del
ministerio público actuar de manera inmediata en los casos de violación de
propiedad, evitando cualquier medida dilatoria una vez presentado el título de
propiedad. Dijo que con la medida se busca que se respete «el derecho al
trabajo y el esfuerzo de quienes han trabajado toda su vida para obtener un
patrimonio en bien de su familia y el país» («Procurador autoriza
desalojos ante violación de propiedad». Listín Diario. 21/9/2014).
Pero en vista de que los males todavía
persisten (en mayor o menor grado) es necesario crear un fondo público
para que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional combatan
«al instante» (en base al título) el flagelo de invasión de propiedad
(pública o privada) con mínimos gastos destinados exclusivamente a la labor de
desalojo (operativo), como punto crítico del problema a corregir, una vez
agotados los trámites legales de parte de los propietarios. En este
caso no estamos hablando de fondos públicos «a la brigandina» (Bridge
Andina), como aquellos no sujetos a supervisión y control, sino que se crearía
una estructura que rinda cuentas tan pronto termine el operativo de
desalojo de invasores.
No es justificable, bajo ninguna
circunstancia o alegato, el desamparo, indiferencia o inacción que
pudieran revelar las instituciones públicas ante cualquier limitación,
dificultad, presión o intimación que pudiera influenciar o afectar al
sector privado en su desempeño frente a la defensa de
invasión de propiedad, desde el momento que se inician los trámites
legales hasta la fecha y hora del inicio del operativo, para que este
pueda materializarse sin pérdida de tiempo; contrario al Estado cuando ante
casos de invasión de propiedad pública hace uso inmediato de todos sus
recursos y medios para desalojar invasores, lo que, ante la misma ley,
constituye un privilegio frente al sector privado. Para muestra basta un
botón: los terrenos aledaños al complejo deportivo La Barranquita, en
Santiago de los Caballeros.
En el caso de Santiago, el Ministerio de
Deportes, junto al Ministerio de Medio Ambiente y acompañados de militares,
desalojaron «en un dos por tres» a los ocupantes de terrenos
propiedad del Estado, «a pesar de la lentitud con que el Ministerio
Público manejó el caso», según declaraciones del Dr. Jaime David Fernández
Mirabal, actual Ministro de Deportes. Esto revela que el propio ministerio (el
de Santiago?) no se enteró, confundió o entró en contradicción con
las instrucciones dadas por el Lic. Domínguez Brito en 2012 para
enfrentar sin demora el flagelo de invasión de propiedad pública y privada
(Ref./»Desalojan invasores de La Barranquita». El Caribe. 6/3/2014).
En la tierra, es decir, en terrenos públicos y
privados de cualquier parte del mundo, es donde se construye la
productividad que genera las Construcciones y/o obras de infraestructura,
industrias y empresas de bienes y servicios públicos y privados para contribuir
con el bienestar nacional. Por lo tanto, disponer de fondos
públicos para el desalojo de invasores desaprensivos (en
nuestro país protegidos por una especie de «mafia
inmobiliaria» a la que en una ocasión se refirió el Lic.
Radhamés Jiménez, ex Procurador General de la República), constituye la
mejor garantía que el Estado pueda dar al título de propiedad privada, y no
dejarlo huérfano para que se cumpla lo que indica nuestra Constitución sobre la
materia.
Si se quiere, estaríamos hablando no de fondos
públicos «per se» sino de fondos públicos en línea con
nuestra Constitución que, como este u otros casos, contribuyan con la paz y el
bienestar nacional; contrario aquellos fondos sujetos a criterios
interpretativos, de carácter político-partidista, de gobiernos de turno, o de
cualquier otra naturaleza, donde deja mucho que desear la calidad del
gasto y la falta de supervisión y control del mismo, como vimos en
ejemplos anteriores. Estos «gastos» atentan contra
la integridad del Estado, que es lo mismo que atentar contra nuestra
propia soberanía en perjuicio de un bienestar nacional que todavía tiene mucho
camino por recorrer. Si la democracia es imperfecta hay que evitar atentar
contra la soberanía y el bienestar nacional para que no se deteriore una
democracia que como la nuestra ha sido el resultado de grandes sacrificios y
debates.
eduardofranjul@yahoo.com