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Por FELIX BOLIVAR AMEZQUITA TAVERAS
Llama poderosamente a preocupación la denuncia que ha venido formulando el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, en el sentido de que hay más de 50 sentencias de esa alta corte que no han sido ejecutadas por distintas dependencias del Estado. La denuncia del magistrado ha sido formulada dentro y fuera del país y no he visto ninguna reacción de la sociedad dominicana ante tan grave situación.
Una denuncia de esta envergadura pondría en vilo una sociedad medianamente organizada por la gravedad que envuelve. La piedra angular del sistema democrático descansa en la separación e independencia de los tres poderes del Estado, la seguridad jurídica y que se respete el Estado de Derecho en los términos del artículo 7 de nuestra carta magna. El debilitamiento de las instituciones podría abrir una fosa tan grande que tendría cupo la República Dominicana entera con su espacio aéreo y marino.
Esa denuncia es para que hoy todos los sectores de la sociedad dominicana, abogados, empresarios, comerciantes, sindicatos, gremios profesionales, medios de comunicación y la sociedad civil en sentido general, estén exigiendo al señor presidente de la República el cumplimiento sin demora de esas sentencias. Si ese entuerto se deja pasar por debajo de la mesa podríamos estar en la antesala de un caos institucional. ¿De qué serviría tener un congreso para hacer las leyes si las mismas no se van a cumplir? ¿Para qué tener un Tribunal Constitucional, una Suprema Corte de Justicia y demás tribunales si sus sentencias no se van acatar?
Señor presidente, el 16 de agosto del año 2020, usted juró ante Dios y ante el país cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos dominicanos, pero si permite que en su gestión se desacaten sentencias con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada podría estar estampando una mancha indeleble a su gestión gubernamental.
Señor presidente, señor canciller, señores ministros, por ustedes estar cumpliendo peticiones de sus allegados, el Tribunal Superior Administrativo mediante sentencias ha tenido que anular más de 50 decretos presidenciales en los últimos 2 años, sentencias que han sido ratificadas por la Suprema Corte de Justicia y en muchos casos por el Tribunal Constitucional porque esos decretos violan derechos adquiridos de funcionarios de carrera, profesionales correctos y bien formados que llevaban entre 18 y 30 años en la administración pública, protegidos por la constitución y leyes especiales sobre la materia en distintas dependencias del Estado, pero de manera muy especial en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El orden jerárquico de las normas jurídicas según Hans Kelsen, para su aplicación inicia por los tratados y convenciones internacionales, seguidas de las constituciones, leyes, decretos, ordenanzas etc. En esta administración se da una de dos, o el presidente y los ministros no prestan atención a sus consultores jurídicos o han invertido la jerarquía de las normas jurídicas y entienden que un decreto presidencial puede tener aplicación por encima de la constitución y las leyes.
El poder es una rueda que gira al compás del tiempo con fecha de caducidad. Hoy estas arriba y posiblemente no te detengas a subsanar tus errores, pero ese poder es efímero y esas pifias sin enmendar podrían convertirse en manchas imborrables de una gestión gubernamental, que genere dolores de cabezas perennes para aquellos que detentaron el poder al margen de la ley creyendo que serían eternos.
El arrebato no debe ser la conducta a seguir en la era del conocimiento y la información señor presidente, porque esto trae consecuencias negativas a la nación tanto en el orden interno como en el internacional. Todavía usted está a tiempo de escuchar a las personas sensatas que le rodean y contribuya a fortalecer la institucionalidad del Estado como única manera de dejar atrás el subdesarrollo.
jpm-am
en una sociedad medianamente civilizada, el desacato a una sentencia emanada de una entidad jurídica como la csj o el tribunal constiticional, es causa más que sufuciente para iniciar un juicio político al responsable directo, de acuerdo a nuestra constitución, que no es otro que el presidente de la república, en este caso, luis abinader, quien, con esa nefasta actitud, deja un funesto legado al país y una mancha indeleble a la historia…
juridica republicana de la nación. dicho juicio político conlleva de «ipso facto» la destitución de un presidente que en lugar de garantizar el cumplimiento de la ley, promueve y ejecuta su fragarante violación en contubernio, cual asociación de malhechores, con su canciller y otros ministros que olvidan que mañana, cuando le toque responder por sus hechos, su presidente de hoy no estara para defenderlo con el poder omnimodo que otrora lo cobijab
cobijaba. resulta dificil de entender como un partido político que se tilda de «moderno», se comporta como una organización de caverna en pleno siglo xxi, dirigido por un hombre educado en las principlales universidades del mundo civilizado (con los recursos de la república), y que precisamente se pasa por el forro el sagrado principio de la cosa irrevocablemente juzgada. es decir, que el gobierno de abinader, ademas de ineficiente, es el mayor conculcador de derechos del ciudadano idefenso. que verguenza!!