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Delincuencia política del gobierno
Diré el máximo a través del mínim será que es política del gobierno mantener el auge de la delincuencia o es realmente la miseria económica que nos conduce hacia ese mal ?. Para mí, ambas interrogantes si se analizan a través del triple filtro son verdad, tienen bondad y son útiles y para validez, certeza y confirmación voy a referirme a tres conceptos que van a reflejar la verdad de ambas afirmaciones La Fiscal del Distrito afirmó recientemente que no hay voluntad politica para enfrentar la corrupción, también lo dijo recientemente el Procurador General de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y asi ahora el Jefe de la Policia Nacional pide a los tribunales condena a los delincuentes. Este accionar político logró, acallar muchas voces y sometió al pueblo a un toque de queda a las seis de la tarde, ahora la inician contra la prensa escrita y virtual. Cuantos periodístas veremos caer, en esta nueva misión. La sociedad se encuentre aterrorizada, por el auge de la delincuencia y el sicariato, y el gobierno permanece indiferente frente a tantos desmanes y no se responsabiliza ningún órgano represivo del Gobierno. Para refrescar la memoria cito los siguientes casos. Caso 1. El periodista Pedro Fernández acusó a la Policía y a la Fiscalía, de actuar en contubernio con los mafiosos de las drogas, responsabilizando de lo que pueda ocurrirle a el y a sus familiares, al jefe de las Dirección Regional Nordeste de la Policía, general Neivi Luis Pérez Sánchez y al Fiscal de la provincia Juan Pablo Duarte, doctor Reyes Victoria, exponiendo que hoy hace siete días que se querelló contra Paula y ninguno han hecho caso a su situación. Caso 2. NUEVA YORK, Estados Unidos.- Negro Veras reveló que en el caso de su hijo, oficinas de abogados “promiscuos” intentaron afectar a personas inocentes y dilatar el proceso de justicia, para que no pudiera condenarse a los culpables. Entiende que dentro del proceso judicial deberá incluirse a los otros responsables del crimen moral contra su familia. En un documento enviado desde Nueva York, el abogado Negro veras explica que ahora planean matarlo a él, además de desacreditar la sentencia de condena. “Ahora, ante la condena en su contra, los que quisieron asesinar a Jordi, están jugando dos cartas: Una, asesorados por sus cómplices legales buscarán desacreditar y revocar la sentencia y, segundo, continuarán en su afán de matarme a mí y también a Jordi”. Caso 3.- Los directores de los principales diarios del país solicitaron al Tribunal Constitucional que falle “en un plazo razonable” una acción de inconstitucionalidad presentada el año pasado contra varios artículos de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y del Código Penal Dominicano, y que los actuantes consideran violatorios de la Constitución de la República y de las convenciones internacionales. En un comunicado que se publica aparte en esta edición, los directores de medios escritos reiteran su posición de que la citada legislación instituye un sistema de persecución penal de privación de libertad (prisión) por delitos de palabra que “deviene en injusto y que desborda el principio de razonabilidad que consagra la propia Constitución como garantía de los derechos fundamentales”. Asimismo, consideran que la normativa recurrida establece un sistema inhumano de responsabilidad por el hecho de otro (responsabilidad en cascada) que recae sobre ellos, violando los artículos 38 (derecho a la dignidad) y 40.14 (nadie es penalmente responsable por el hecho de otro) de la Constitución, y el artículo 5.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Caso 4.- SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tras acoger una solicitud de la procuraduría fiscal de la Provincia de Santo Domingo, el juez del tribunal de atención permanente de esa demarcación dictó un año de prisión preventiva como medidas de coerción contra un hombre acusado de participar en la muerte de un periodista en la urbanización Ralma, en el municipio Santo Domingo Este. La medida de coerción le fue impuesta por el juez Bernardo Coplín, a Edwin Andrés Montero Feliz, alias El añugao, de 26 años, quien deberá de cumplirla en la Cárcel Pública de la Victoria por su supuesta participación en la muerte del reconocido periodista Napoleón Rojas Vicioso, de 52 años. El caso del Regidor y el Sindico del PLD, muestra hasta donde llega la permisibilidasd del gobierno.