Comercio electrónico, impuestos y competitividad

Es un consenso casi generalizado que los principales obstáculos para que las empresas dominicanas alcancen un mayor de nivel de competitividad y la informalidad sea reducida de forma importante son: El elevado costo del registro, el pago del anticipo del impuesto sobre la renta, el pago del impuesto de 0.15 por ciento en las transferencias bancarias. Además el tiempo excesivo de espera para obtener permisos, lo que conduce a un incremento de la informalidad de los negocios, que en la República Dominicana es de un 56 a 60 por ciento en la actualidad y a menores niveles de bancarización de las mipymes.

Por lo tanto resulta menester la clase empresarial en el marco de la discusión del denominado “pacto fiscal por una reforma tributaria integral” que promueven tanto el sector oficial como el privado, no debe obviar ni faltar que dicha reforma tributaria contemple la eliminación de los impuestos que gravan en la actualidad el servicio de internet, así como también desgravar todas las transacciones electrónicas, de cualquier naturaleza, por un periodo de un año, como una forma de incentivar el uso de los medios de pagos y el comercio electrónico, una vía para que el país escale un mejor posicionamiento en los índices de competitividad de los organismos internacionales.

Este diario recientemente en su sección El Dinero, dio a conocer un informe de la empresa consultora Deloitte en el que se ubica a la República Dominicana en la posición 13 a escala mundial en la inversión retail (comercio minorista), sin embargo, este mismo informe señala que en saturación de mercado estamos ubicados sexto lugar a nivel mundial. En aras de alcanzar dichos objetivos debemos saludamos la emisión de los decretos números  258, 259 y 260 dispuestos por el Poder Ejecutivo en torno a mejorar la competitividad en los sectores de exportación, comercio, construcción, productividad y agilización de procesos, así como las reglamentaciones en torno al Plan de Mejora Reglamentaria, el cual es fundamental para el desarrollo sostenible del aparato productivo y comercial del país y el hecho de que la Consejo Nacional de Competitividad haya sido reactivado, pero debemos de advertir al gobierno nacional que estas medidas no son suficientes para obtener los fines deseados sino se eliminan las trabas señaladas anteriormente.

Finalmente, debemos solicitar al Congreso Nacional que sea aprobada la Ley de Garantía Mobiliarias que está siendo evaluada por la comisión de justicia de la Cámara de Diputados. La cual facilitará que miles de comerciantes tengan acceso a mejores facilidades financieras a partir de su entrada en vigencia como una forma de dinamizar el comercio y la economía en sentido general.

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