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NUEVA YORK.- El Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX) exigió a la clase política nacional legislar para permitir que tanto los policías y militares como los hijos de criollos en el exterior puedan ejercer su derecho a elegir y ser elegidos.
En un manifiesto de varios puntos firmado por su presidente Máximo Padilla y dirigido a los poderes ejecutivo y legislativo, a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos, la organización expresa que ya es tiempo de que ambas clases sean sacadas de la clasificación de ciudadanos de segunda categoría en la que los políticos las han sumido.
“Los dominicanos del exterior, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son ejemplos claros de la falta de equidad en el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Los partidos políticos están llamados a jugar un papel en el avance de la sociedad, pero en el caso dominicano parecen estar apostando al estancamiento”, dice parte de la comunicación.
Expresa que la incapacidad de los partidos políticos para ajustarse a los cambios que exige la sociedad no se limita a su exponencial fracaso en torno a una ley que democratice su operatividad y abra las puestas a la transparencia, sino que también ha limitado explícitamente el pleno ejercicio de los derechos a sectores vitales como la diáspora y los organismos de seguridad pública.
“El derecho que nos asiste constitucionalmente se ha venido violentando por conveniencias mal sanas que perjudican el diario accionar de los hombres y mujeres que desde los diversos puntos del planeta aportamos con recursos y con nuestra constante presencia al lar nativo”, dice.
Explica que un estudio del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que 1.3 millones de dominicanos, al 12% de los nacionales, vive en el exterior, número que crecería exponencialmente si se incluye a los descendientes.
Agrega que en el caso de militares y policías activos, aunque tampoco hay un número preciso, se habla de aproximadamente 100 mil ciudadanos.
“Es inexplicable que en pleno siglo XXI, los miles de hombres y mujeres que componen las agencias del orden de la Republica Dominicana no puedan ejercer su derecho al voto y sigan siendo tratados como un apéndice al servicio de un estado autocrático, como fue el gobierno de Trujillo”, expresa.
En el caso de los dominicanos del exterior, cita que los partidos políticos han creado una ciudadanía de segunda clase, imponiendo clausulas irracionales para de facto impedir sus posibilidades de aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, obviando su aporte financiero y su compromiso con el progreso del país.
sp-am