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BIS responsabiliza PLD y PRD estancamiento Ley de Partidos
SANTO DOMINGO.- El delegado del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) ante la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Soto Lara, calificó como «imperativo y de orden fundamental» que los partidos tengan mecanismos de reglamentación que sirva de garantía para el soporte de la democracia en el país.
Soto Lara indicó durante una entrevista en el programa radial “Dejando Huellas” que produce y conduce Onorio Montás por Dominicana FM y Radio Santo Domingo AM todas las tardes. añadió que el actual proyecto de Ley de Partidos se está imponiendo al Sistema de Partidos y que sus principales promotores son los que tienen reservas para la aprobación de dicha Ley de Partidos.
«Partidocracia en la República Dominicana, principalmente los grandes partidos están opuestos a la institución en el país, a la existencia de una Ley de Partidos Políticos, porque no quieren tener reglas» expresó el dirigente político socialdemócrata.
El delegado ante la JCE estimó que a los que beneficia la aprobación de una ley para las organizaciones partidarias es a los partidos minoritarios, los cuales a falta de Poder fáctico necesitan de la presencia de reglas claras y autoridad, porque ´´ la carencia de normas establecidas y de una autoridad que regule y sanciones, sólo beneficia a los «Poderosos», por eso no la quieren».
Acusó a los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano de mantener la pieza legislativa atascada en el Congreso Nacional entre otros aspectos, es por la supervisión de las convenciones internas y para beneficiarse de la falta de normativa.
Y como ejemplo , el también jurista consideró que el Código Procesal Penal no es malo, «los que no servimos somos los actores que estamos llamados a aplicar el código, es la forma en que hacemos negocios, en que castigamos a nuestros enemigos, porque esa ley lo que establece que si no hay elementos probatorios debe salir de prisión».
En ese sentido, acusó a los jueces y fiscales de prostituir la justicia con el cobro de dineros para favorecer a un imputado criminal.