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Actitud opositora justificada
Los legisladores de oposición no asistieron el pasado 16 de agosto a la juramentación del presidente dominicano Danilo Medina por ante la Asamblea Nacional. Consideraron que la reelección del mandatario es el resultado de un pesaroso proceso de violaciones a las leyes, a la Constitución y a los principios de equidad, transparencia e imparcialidad de la autoridad electoral.
El diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno, leyó un documento que suscribieron los voceros de los partidos opositores. Es decir, los senadores Santiago Zorrilla, PRM, y José Hazim Frapier, del PRSC. Además, los diputados Fidel Santana, Frente Amplio; Máximo Castro Silverio, PRSC; Betzaida González, PQDC, y Fidelio Despradel, Alianza País.
La actitud crítica de los legisladores tiene plena justificación. Y eso es lo lamentable. Fue apoyada también por organizaciones que no tienen representación en el Congreso como es el caso del Partido Humanista, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio y la Fuerza Nacional Progresista.
El asomo de criticidad de los legisladores representa un signo alentador, viviendo, como vivimos, bajo una pesada atmósfera política, dominada por un solo grupo, o peor por un solo hombre. A continuación reproduzco algunos párrafos del documento:
“Denunciamos que la democracia dominicana vive su mayor amenaza de las últimas décadas y que a diferencia del pasado, esa amenaza no proviene de los cuarteles militares, sino, paradójicamente, del liderazgo político de un partido, el PLD, que sin escrúpulos de ningún tipo está liquidando la independencia del Poder Judicial, ha convertido el Congreso en una caja de resonancia de los intereses de quienes dirigen el Poder Ejecutivo y ha desvirtuado, mediante la coacción y los favores, casi todos los órganos de control y fiscalización del Estado.
“En su ruta autoritaria y antidemocrática, el gobierno está inmerso también en un peligroso proceso de división y represión de gremios y sindicatos –como está ocurriendo con el personal del sector salud-, así como organizaciones de la sociedad civil que hacen legítimos reclamos de reivindicaciones, o formulan críticas públicas a la administración del Estado.
“Ese progresivo deterioro de la democracia y del ambiente de tolerancia en el país tenemos el deber de denunciarlo y detenerlo o de lo contrario, la República Dominicana corre el riesgo de convertirse en un pueblo de hombres y mujeres sometidos por la voluntad y los intereses espurios de un pequeño grupo con evidente vocación absolutista.
“Para garantizar la vigencia de la democracia, la justicia y la convivencia pacífica, que tanto sacrificio ha costado a los dominicanos, es imperativo que las instituciones públicas responsables de la regulación y conducción de los procesos electorales sean dirigidas por ciudadanos probos e independientes respecto de intereses políticos particulares.
jpm