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Caracas, 13 oct.- Los venezolanos están convocados este domingo a las urnas en unas elecciones para elegir gobernadores de los estados pero no sus consejos legislativos, tras una campaña marcada por las denuncias de la oposición de supuestas trampas de la autoridad electoral para favorecer al oficialismo.
Estos comicios que según la ley estaban programadas para diciembre de 2016 fueron fijados para octubre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no incluyó en la convocatoria la renovación de los legisladores regionales pese a que fueron elegidos en 2012 junto a los gobernadores y su mandato está igualmente vencido.
La maniobra podría servir al oficialismo -que controla 20 de las 23 gobernaciones y 22 de los 23 consejos legislativos- para torpedear la gestión de los gobernadores de la oposición, que ganó por mayoría absoluta las últimas elecciones a las que se presentó (las legislativas de diciembre de 2015).
Pero esta no es la única queja de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que acude a las urnas con varios de sus líderes presos, en arresto domiciliario, inhabilitados o fuera del país para evitar ser detenidos.
Tras prohibirle la autoridad electoral concurrir unida bajo las siglas de la MUD en algunos estados, los dirigentes antichavistas decidieron inscribirse por sus respectivos partidos ante el temor de que se invalidara días antes de la votación la participación de la coalición en todo el territorio.
Una vez elegidos sus candidatos únicos en elecciones primarias, la MUD solicitó eliminar a los perdedores para evitar confusiones y mantener únicamente en la papeleta al aspirante elegido, algo que rechazó el CNE.
El Tribunal Supremo le dio la razón a la MUD al establecer que el CNE podía cambiar las boletas hasta diez días antes de los comicios. Pero la sentencia ya no podría hacerse efectiva, al haber sido emitida justo diez días antes de las elecciones, y por lo tanto fuera de plazo.
Otra de las tretas señaladas desde la oposición y la sociedad civil es la reubicación de los centros de votación en los que debía votar más de medio millón de electores, que conocieron el cambio a menos de 72 horas de la apertura de los colegios.
Según muchos analistas es una forma de reducir la participación para compensar la supuesta impopularidad del presidente Nicolás Maduro y el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSVU), bajo cuyo gobierno Venezuela ha alcanzado niveles sin precedentes de inflación, pobreza, escasez y delincuencia.
Esta decisión ha sido criticada también por el único de los cinco rectores del CNE no alineado con el oficialismo, Luis Emilio Rondón, que ha denunciado a la televisión pública VTV por su cobertura de la campaña.
El canal transmitió de forma casi ininterrumpida propaganda de los candidatos del PSUV, mientras los aspirantes opositores no aparecieron más que en las cuñas en las que se les llama «traidores a la patria» y se les acusa de promover el terrorismo.
La oposición sí ha podido contratar espacios en algunas cadenas privadas, algo que ha llevado a Maduro a pedir una investigación para averiguar «de dónde salen los recursos para tantos anuncios de televisión».
El PSUV cuenta asimismo a su favor con la habitual movilización de los empleados de las empresas públicas, a quienes pesos pesados del chavismo exigen su voto en discursos públicos para seguir avanzando en la llamada revolución bolivariana.
A los problemas para la campaña de la MUD se han sumado los bloqueos y detenciones momentáneas de las que han sido víctimas algunos de dirigentes opositores cuando iban a pedir el voto en el interior del país.
José Manuel Olivares, candidato de la oposición a la gobernación del estado Vargas -junto a Caracas, y que alberga el principal aeropuerto y el primer puerto del país-, vio cómo el servicio secreto se llevaba detenido a su hermano durante un acto de campaña celebrado el 25 de septiembre.
Según el candidato de la MUD, el arresto de su hermano -que sigue preso y ha sido implicado en el robo de automóviles- es un intento del poder de intimidar a quienes se oponen al Gobierno.
El CNE llega a estos comicios más desacreditado que nunca, tras ser acusado hasta por la empresa que dio soporte tecnológico al recuento de inflar el dato de participación en la elección el 30 de julio de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que no reconocen la oposición ni buena parte de la comunidad internacional.
of-am