Un Estado excluyente pero no racista

Después del discurso del presidente Danilo Medina en CELAC, a finales de enero y principios del mes de febrero pasado, había en la opinión pública intensos debates por lo que él mencionó acerca de las relaciones domínico-haitianas, la presencia haitiana en República Dominicana (tocando enfáticamente la parte de los gastos públicos para los-as inmigrantes haitianos-as) y por supuesto el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional.
En una parte de sus intervenciones, el presidente defendió la tesis que República Dominicana no es racista, señalando que la sociedad es en gran parte mestiza. El Estado dominicano, a través del presidente, afirmó lo siguiente en la II Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños: «…en la República Dominicana, para nosotros es inaceptable que nos quieran acusar de racistas, que nos quieran acusar de discriminación y que nos quieran acusar de violación a los derechos humanos». Luego en forma, suponiendo retórica, invita a hacer esa reflexión: «¿Cómo puede considerarse que la República Dominicana es un país racista, si más del 80 por ciento de nuestra población está constituida por negros y mulatos?».
Varios/as analistas tanto dominicanos/as como extranjeros/as de asuntos políticos, al escuchar el discurso del mandatario dominicano, calificaron de «barato» el discurso porque no aportaba suficiente argumentación con lo que pasa realmente en el país. Otras personas, que serían la mayoría según la prensa dominicana, apoyaron todos los planteamientos del discurso oficial ya que defendió la soberanía del Estado dominicano ante las presiones de los países «chiquitos» o «grandes». Somos muchas-os (entre dominicanas-os, haitianos-as, norteamericanas-os, venezolanos-as, españolas-es, italianos-as, cubanas-os, colombianos-as, costarricenses, y otras nacionalidades) quiénes, parece, que vimos otra versión distinta a la del gobierno actual. Los fallos TC 168/13 y 28/14 serían las piedras (incluso peñones) que nos obstaculizan la versión oficialista.
La decisión del Estado dominicano – a través de la Junta Central Electoral y recientemente reafirmada por uno de los más altos tribunales constituidos en el último gobierno de Leonel Fernández- de despojar de su nacionalidad a miles de personas quiénes la tenían legalmente derivaría de una práctica resultado de un racismo institucionalizado, ya que afecta a una población bien específica, asciende de haitianos-as. Otro ejemplo de esa práctica es cuando se activa el código HH* en las oficialías civiles como señal para denegar sus actas de nacimiento a esas personas cuando fueron a solicitarlas.
Ser racista puede ser algo positivo. Negar esa realidad podría ser validado por medidas que profundizan la negación de derechos y peor, una discriminación institucionalizada. Reconocer que Quisqueya es racista (tanto Haití como República Dominicana) ayudaría mejor a superar poco a poco esa dominación neocolonial.
Se podría afirmar que esa práctica de racialización institucionalizada en un Estado cualquiera produce la exclusión. Bien podríamos refutar la idea de etnia para referirnos al grupo afectado por esas medidas arbitrarias, y así no se sustentaría la calificación racista. Puros tecnicismos. Lo que sí es indiscutible es la exclusión social que está propiciando el Estado por esa política discriminatoria, en lugar de combatir las ya existentes.
Entonces, después de analizar un poco esa parte de las afirmaciones oficialistas, en vez de un título afirmativo, habría que formular algunas inquietudes: ¿Cómo garantizar la ciudadanía en un Estado que excluye? ¿Es posible la inclusión en un Estado racista?
*Hijo de Haitianos: El personal de las oficialías civiles usan ese lenguaje para dar una instrucción muy simple: dar todas las excusas para no entregarle copias legalizadas de actas de nacimiento, ignorando un derecho constitucional del país.
roudy.newage@gmail.com

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