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Un desafío a la Constitución
El presidente Luis Abinader ha presentado al Congreso una propuesta de reforma constitucional que ha generado una amplia controversia y malestar entre diversos sectores de la sociedad dominicana.
Esta iniciativa, que parece carecer de una base argumentativa sólida y de un pretexto legítimo, se percibe no solo como una maniobra política superficial, sino también como un preludio a una serie de reformas estructurales que podrían resultar adversas para los principios fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho que nuestra Constitución busca preservar y fortalecer.
En un contexto en el que República Dominicana enfrenta enormes desafíos socioeconómicos, tales como niveles alarmantes de pobreza, falta de infraestructura adecuada y un acceso insuficiente a servicios básicos como la salud y la educación, la priorización de una reforma constitucional de esta naturaleza es altamente cuestionable.
Es preocupante que, en lugar de enfocarse en medidas urgentes y necesarias que aborden las condiciones de vida deshumanizantes de millones de dominicanos, el gobierno elija centrar su agenda en cambios constitucionales que parecen no tener como fin el beneficio del pueblo.
La realidad de los barrios más vulnerables del país es desgarradora: familias enteras carecen de acceso a servicios de salud adecuados, los niños enfrentan barreras enormes para recibir una educación de calidad, y la escasez de alimentos y medicinas es una constante.
Gobierno corporativista
Esta situación ya de por sí crítica se ve agravada por una propuesta de reforma que, lejos de buscar soluciones a estos problemas estructurales, parece orientarse hacia la implementación de un modelo de gobierno corporativista, donde los intereses económicos prevalecen sobre las necesidades y derechos de los ciudadanos.
El uso extensivo del poder mediático para promover esta reforma ha generado un amplio escepticismo.
Se percibe un intento claro por parte del gobierno de manipular la opinión pública y alinearla con una agenda que podría tener consecuencias negativas duraderas para la cohesión social y la equidad en el país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que esta encerrona es un claro retroceso en los esfuerzos por fortalecer un sistema de justicia social inclusivo y equitativo.
Un Estado Social y Democrático de Derecho se fundamenta en la garantía de los derechos humanos y en la promoción de una vida digna para todos sus ciudadanos, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
Las reformas, tal como están planteadas, parecen desviarse de estos principios esenciales, inclinándose hacia un modelo donde las políticas de ajuste fiscal y la reducción del papel del Estado en ámbitos sociales podrían minimizar su responsabilidad en la protección y el bienestar de la población.
En el FCS tenemos la sensación de que esta reforma constitucional es una burla al pueblo dominicano y una distracción de los graves problemas que enfrenta la nación.
Estas reformas son una cuestión de justicia social y de respeto a los derechos fundamentales de todos los dominicanos.
Los ciudadanos deben estar alerta y participativos, asegurándose de que el gobierno rinda cuentas y de que cualquier reforma promueva un desarrollo justo e inclusivo, verdaderamente alineado con los principios de un Estado Social y Democrático de Derecho. La lucha por un país más justo y equitativo requiere un compromiso firme con estos valores, ahora más que nunca.
¡Despierta, RD!
jpm-am
totalmente de acuerdo.
es todos los contrarios; el relevos politicos lo que as ido es as buscarse,; esa es la triste realidad,; la constitucion es todas parte del mundo es saqrada meno en esta jungla ; porque,, porque,, son demonios los que diriqen esta aldea ……