OPINION: Intención de anular las candidaturas independientes

imagen
EL AUTOR es periodista, abogado y empresario, director del diario La República. Reside en Santiago.

Por JOSÉ CABRAL

No es verdad que el proyecto que se conoce en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.

El esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes,  es una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.

Intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es ella la que otorga la facultad al Tribunal Constitucional (TC) de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.

La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar  contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta,

De aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados, dejaría  el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.

Sin embargo, ante la conversión en ley del proyecto y si es promulgado por el presidente Abinader,  implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional, que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.

Es incorrecto decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos.  Esta es una interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la Carta Magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente,  incluyendo el artículo 22, que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.

La jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una  nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con  el ordenamiento actual.

Pero ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes (la TC/0788/24)  ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.

Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la Constitución de la República.

Con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes, el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también  de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas, quienes fundamentaron  su llegada al poder alegando que en la República Dominicana se consolidaba un  partido-estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.

Hacemos un llamado al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.

sp-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
2 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
BERNIE WIL
BERNIE WIL
1 hora hace

ES QUE ESTE INUTIL NO ENTIENDA QUE ESE TIPO DE CANDIDATURA LE QUEDA GRANDE A LOS DOMINICANOS? APRUEBAN ESE TIPO DE CANDIDATURA E INMEDIATAMENTE LOS NARCOTRAFICANTES ESCONDIDOS O SIN DESCUBRIR Y LOS CORRUPTOS SE TIRARIAN AL SORTEO ELECTORAL PARA SER CANDIDATOS. NO MIL VECES A LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE.

Tu tocallo
Tu tocallo
1 hora hace
Responder a  BERNIE WIL

bueno en la DEMOCRACIA es legal opinar en bien y en contra pero en usted veo el Facismo desde lejos que pena y Dios lo bendiga.