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SISALRIL: regulador dormido o cómplice por omisión
El reciente escándalo en SENASA y la posterior utilización, al margen de la ley, de los recursos de Indopril para llenar el vacío financiero dejado por ese fraude, pone en evidencia no solo la fragilidad institucional, sino también la ineficiencia de los mecanismos de regulación y supervisión que deberían evitar estos atropellos contra la seguridad social.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) tiene un mandato claro: garantizar el buen uso de los fondos destinados a proteger la salud de los ciudadanos.
Sin embargo, los hechos revelan todo lo contrario. El dinero desaparece en SENASA, se manipulan fondos de otra institución y la SISALRIL brilla por su ausencia, reducida a un papel decorativo, incapaz de cumplir su función esencial de fiscalizar y sancionar.
Lo ocurrido no es un simple descuido administrativo. Es un reflejo de un sistema donde la supervisión se convierte en un ejercicio retórico, sin consecuencias reales.
La SISALRIL, que debería ser un muro de contención frente al desvío de recursos, ha demostrado ser una pared de cartón mojado: se dobla, se rompe y no resiste la mínima prueba de transparencia.
Más grave aún, el silencio institucional abre paso a la sospecha: ¿se trata solo de incapacidad o existe complicidad por omisión? En cualquier caso, la confianza en el sistema de salud y seguridad social queda socavada, y los más perjudicados son los ciudadanos que dependen de estos fondos para su bienestar.
Rendir cuentas
La SISALRIL no puede seguir escudándose en tecnicismos. Tiene que rendir cuentas, explicar cómo fue posible que un desfalco de esa magnitud pasara inadvertido y, sobre todo, por qué permitió que se recurriera a recursos de otra institución como si fueran una caja chica del gobierno. La excusa de la ignorancia no cabe: su rol es vigilar, y no lo hizo.
La credibilidad de la seguridad social no se mide en discursos, sino en hechos. Y en este caso, los hechos son lapidarios: la SISALRIL fracasó en su labor de supervisión. Y un ente regulador que no regula, que no controla y que no protege, se convierte en parte del problema.
El país ha sido testigo, una vez más, de cómo la corrupción se pasea impune por las instituciones públicas. El desfalco en SENASA y el uso ilegal de los fondos de Indopril son hechos que no pueden verse como simples irregularidades: son un golpe directo contra la seguridad social del pueblo dominicano.
Y en este escenario, la gran ausente ha sido la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). Una institución llamada a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de la salud, pero que en la práctica ha demostrado ser un títere, sin autoridad, sin voluntad y sin independencia.
¿Cómo es posible que ocurra un desfalco millonario en SENASA sin que la SISALRIL lo detecte a tiempo? ¿Cómo se explica que los recursos de otra institución, como Indopril, sean tomados ilegalmente para tapar ese agujero financiero, sin que la SISALRIL lo impida o lo denuncie?
La respuesta es simple: la SISALRIL ha fallado estrepitosamente en su rol. Y cuando una entidad reguladora no regula, se convierte en parte del entramado de impunidad que este gobierno protege.
Es el reflejo de un sistema donde los organismos de control están sometidos al poder del Ejecutivo y se limitan a mirar hacia otro lado mientras los fondos del pueblo son saqueados.
La seguridad social no puede ser la caja chica del gobierno, ni mucho menos el botín de funcionarios corruptos. Por eso debemos levantar la voz para exigir: Rendición de cuentas inmediata de la SISALRIL, por su inacción ante estos hechos, y sanciones ejemplares contra los responsables del desfalco (tanto funcionarios como proveedores), y del uso indebido de los fondos de Indopril.
El pueblo dominicano merece un sistema de salud y seguridad social que funcione para la gente, no para los corruptos. Y mientras este gobierno siga encubriendo a los responsables y callando ante la ineficiencia de la SISALRIL, estaremos frente a una administración que ha hecho de la impunidad su marca de fábrica.
jpm-am-sp
El entramado de corrupción que se descubrió en SENASA podría ser un común denominador en otras instituciones del Estado. Pongo como ejemplo la Dirección General de Aduanas de la que se denunciaron cientos de irregularidades en la administración del PLD. Resulta, que llega una nueva administración y ninguna de las irregularidades denunciadas fueron investigadas y se aplicó un borrón. Si había un entramado, pudo seguir como en SENASA.
Pero no sólo falló SISALRIL, también el Congreso de la República como árgano de supervisión y la Cámara de Cuentas que debe auditar las instituciones públicas con regularidad. La impresión que tengo es, que el administrador de SENASA encontró esa doble contabilidad de la administración pasada y en lugar de denunciarla, decidió continuar el entramado en su beneficio.