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En los últimos años hemos sido testigos de la creciente discriminación laboral por razones políticas que ha prevalecido en la República Dominicana, a tal punto de haber despedido decenas de miles de servidores públicos sólo por pertenecer a partidos de la oposición.
El acoso a empleados públicos para que se abstengan de participar en eventos o iniciativas de oposición al gobierno, y el hostigamiento para que asistan y participen de actos, eventos y elecciones promovidas por el partido oficialista han acaparado la opinión pública en varias ocasiones.
Sin embargo, en lo que va del año 2025 han ocurrido dos hechos, específicamente en los Ministerios de Educación y Salud, que, a decir verdad, dejan mucho que decir de la presente gestión de gobierno y sus tan cacareados esfuerzos por modernizar y profesionalizar la administración pública.
Dos casos
Se trata de la Profesora Cristina Rodríguez Mota y el Dr. Rafael González García, quienes laboran en el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y en el Hospital Regional Dr. Marcelino Velez Santana, respectivamente.
En lo que tiene que ver con la Profesora Rodríguez Mota, quien, por el hecho de ser miembro del Comité Central del PLD, y recién electa titular de la Secretaria de Igualdad y Equidad de Género de ese Partido, fue degradada de sus funciones docentes que realizaba en INAFOCAM, a realizar tareas administrativas rutinarias, casi secretariales, sin ningún tipo de justificación, y ni siquiera habérselo comunicado previamente, en franca violación al estatuto docente y a la ley 41-08, de Función Pública.
Respecto al Dr. Rafael González García, éste fue sorpresivamente destituido como Encargado de la División de Cirugía General del Hospital Marcelino Vélez Santana, por haber expuesto ante los medios de comunicación las fallas y deficiencias del sistema de salud en República Dominicana, y sobre todo, por su militancia en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Rafael González García, quien es, además, el titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció, a traves de varios medios de comunicación, el colapso del sistema de salud por la concentración excesiva de acciones administrativas y del presupuesto en la figura del director del SNS.
La desvinculación del Dr. González García como Encargado de División, además de evidenciar una retaliación política por su vinculación a un partido de oposición, constituye una muestra de intolerancia y desconocimiento a la libertad de expresión de parte de las autoridades de salud.
En estos casos señalados se puede constatar una acción que entraña una retaliación contra funcionarios y empleados de la administración pública que no son afines al oficialismo, vulnerando con ese accionar, no solo su estabilidad en el empleo, sino el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.
La Constitución dominicana y la Ley de Función Pública prohíben cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios como el N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prohíben la discriminación laboral basada en opiniones políticas.
La propia OIT considera que hay acoso laboral cuando existe hostigamiento o acoso psicológico a través de acciones crueles, vengativas o maliciosas para humillar o desestabilizar a un individuo o a grupos de trabajadores.
Hacemos un llamado al Ministerio de Administración Pública (MAP) para que se pronuncie ante el atropello cometido contra los funcionarios públicos, Profesora Cristina Rodríguez Mota y Dr. Rafael González García, por su degradación, maltrato y desvinculación injustificada de sus cargos, en franca violación a la Constitución y la Ley 41-08, de Función Pública.
Urge la necesidad de adopción de medidas eficaces para obligar al gobierno dominicano a detener el acoso laboral, la discriminación y la retaliación que viene practicando en la administración pública por razones políticas.
jpm-am
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