SANTO DOMINGO.- La República Dominicana logró ganar un arbitraje internacional de inversión DR-CAFTA por un monto de US$ 100 millones de dólares reclamado en contra del Estado Dominicano, un fallo catalogado de histórico por el ministro de Industria y Comercio, José Del Castillo Saviñón.
El caso se generó a raíz del reclamo elevado ante el mecanismo de arbitraje de inversión establecido por la empresa Corona Materials LLC, debido a que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana le había denegado injustamente una licencia ambiental para una concesión minera de agregados, lo cual en su opinión había sido una medida equivalente a una expropiación de su inversión.
También alegó que el país le había denegado justicia al supuestamente prometerle que reconsideraría el rechazo de la licencia ambiental, y le expediría la licencia.
Infructuosamente, Corona Materials LLC intentó convencer al Tribunal de que el término de prescripción de los tres años (requisito establecido en el DR-CAFTA) no era aplicable porque funcionarios dominicanos, según la compñía, le habrían prometido con posterioridad a la fecha crítica que reconsiderarían el rechazo de la licencia ambiental.
No obstante, la República Dominicana sustentó que las presuntas promesas de reconsideración carecían de prueba y que las presuntas violaciones estaban por fuera del término de los tres años.
Sobre este particular, el 31 de mayo de 2016 el tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó totalmente la demanda, la cual fue presentada bajo el DR-CAFTA y las Reglas de Arbitraje del Mecanismo Complementario del CIADI.
Del Castillo Saviñón manifestó que esta decisión es fruto del esfuerzo realizado desde el 2013 por su cartera, teniendo como resultado la creación del Sistema Nacional de Prevención y Defensa del Estado Dominicano, mediante Decreto No. 303-15 del Presidente Danilo Medina, recayendo esta responsabilidad en el Ministerio a través de la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales (DICOEX).
Expresó que DICOEX funge en virtud del decreto, como la Autoridad Nacional de Prevención y Defensa del Estado Dominicano ante arbitrajes internacionales de inversión, acuerdos de libre comercio, y de la OMC, teniendo a su cargo la coordinación de la defensa de los intereses de la República Dominicana en este caso, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El equipo de defensa de la República Dominicana estuvo liderado por Katrina Naut, directora general de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio en conjunto con Patricia Abreu, viceministra de Medio Ambiente.
También Leslie Marmolejos, Coordinadora de Prevención y Solución de Controversias, y Ariel Gautreaux, analista, ambos de la DICOEX, así como Rosa Otero, directora de Comercio y Ambiente; Marisol Castillo, Consultora Jurídica; y Claudia Adames y Johanna Montero, del Ministerio de Medio Ambiente.
La firma de abogados internacional Arnold & Porter LLP asistió al Estado Dominicano, bajo la dirección de sus socios Paolo Di Rosa, Raúl Herrera y José Antonio Rivas. Eduardo Jorge Prats fue parte del equipo en calidad de experto de la República Dominicana.
wj/am
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