Prisión preventiva y crisis del garantismo: reflexión crítica
POR CARLOS SALCEDO
La patología del sistema penal dominicano
La reprensión del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial al juez Rigoberto Sena exige leerse con mayor hondura que la mera corrección de un exceso discursivo. Este episodio desenmascara una patología crónica del sistema penal dominicano, esto es, la normalización del castigo anticipado y la tentación de moralizar la justicia cuando el derecho resulta incómodo o insuficiente para satisfacer la represión como espectáculo y el clamor punitivo.
El rol de la prisión preventiva en el proceso judicial
En un Estado constitucional de derecho, las medidas de coerción no forman parte del poder de castigar. Son instrumentos procesales, provisionales y funcionales, orientados exclusivamente a garantizar los fines del proceso. La prisión preventiva, en particular, es una medida excepcional y de última ratio, como lo disponen el artículo 40.9 de la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos, además de estar consolidada por la doctrina y jurisprudencia constitucional. Su legitimidad depende de criterios estrictos de utilidad, necesidad y proporcionalidad.
El peligro del castigo anticipado
Cuando la prisión preventiva se utiliza para enviar mensajes ejemplarizantes o para expresar reproche frente a la gravedad del hecho, deja de ser cautelar y se convierte en una pena sin juicio. El juez que asume la coerción como sanción anticipada adelanta culpabilidades en lugar de evaluar riesgos procesales; legitima el poder punitivo desde la sospecha, produciendo un proceso penal invertido donde la presunción de inocencia se convierte en una mera fórmula retórica.

Desnaturalización de la función judicial: Un exceso de poder
Si un juez de medidas de coerción decide imponer prisión preventiva asumiendo la gravedad de los hechos como ciertos, como se evidencia en el caso SeNaSa u “Operación Cobra”, desnaturaliza su función. La principal tarea del juez de instrucción es garantizar los derechos de las partes y asegurar que el proceso judicial se desarrolle de manera justa y equitativa. Al asumir los hechos como verdad y actuar como si ya hubiera un juicio de fondo, el juez adopta una postura inapropiada en esta etapa del proceso. Esto puede interpretarse como un exceso de poder, ya que el juez no debe prejuzgar la culpabilidad del acusado, sino asegurarse de que se respeten sus derechos durante el proceso.
Imparcialidad y presunción de inocencia: Pilar del Estado de derecho
Es fundamental que el juez mantenga la imparcialidad y la presunción de inocencia, permitiendo que el proceso judicial avance sin prejuicios hacia el resultado final del juicio. Un uso inadecuado de la prisión preventiva puede llevar a injusticias y a la vulneración de los derechos humanos de los imputados.
La influencia de la moral en la decisión judicial
La inclusión de reflexiones bíblicas en la motivación judicial agrava este desplazamiento. No cuestionamos las creencias personales del juez, sino el principio básico del constitucionalismo contemporáneo: el juez debe decidir desde la razón pública, no desde la moral privada. El proceso penal no es un espacio de redención o de salvación, ni la sala de audiencias un púlpito. Al apoyarse en referencias religiosas, el discurso judicial pierde su carácter técnico y se convierte en una narrativa moral impuesta desde el poder.
El derecho penal como control social: Consecuencias de la moralización
Este fenómeno no es inocuo. La moralización de la justicia aparece cuando el derecho penal se piensa como un instrumento de control social. En ese contexto, el juez deja de actuar como garante de derechos frente al Estado y se convierte en su portavoz simbólico, administrando castigos anticipados revestidos de lenguaje ético.
Desafíos institucionales: La respuesta a la ética judicial
La respuesta institucional a estos excesos tampoco puede ser acrítica. La ética judicial no debe convertirse en una pedagogía del silencio ni en un mecanismo de disciplinamiento del pensamiento. Exigir sobriedad no equivale a exigir jueces acríticos que se refugien en fórmulas vacías para eludir reproches disciplinarios. Una judicatura que renuncia a razonar con densidad constitucional resulta funcional al poder punitivo, no al Estado de derecho.
Reflexiones finales: Un llamado al garantismo
Reafirmo aquí cuatro ideas que he desarrollado en mis columnas y que resultan oportunas ante este caso:
1. La prisión preventiva es síntoma del fracaso garantista, no una solución institucional.
2. La moralización del proceso penal, como sustituto del razonamiento jurídico, es una enfermedad inducida del sistema.
3. La ética judicial constituye un límite al poder, no una mordaza para el juez.
4. El populismo penal ahoga la jurisdicción como razón pública.
El verdadero problema no radica en un juez que moraliza o castiga antes de juzgar, sino en un sistema que tolera la prisión preventiva como pena anticipada, sustituye el derecho por la moral y desalienta el pensamiento crítico en la judicatura. Un Poder Judicial que claudica en su función garantista se degrada por conveniencia. Cuando la justicia se acomoda al aplauso y al clamor punitivo, deja de ser justicia para convertirse en administración del poder sin garantías.

Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
El COE mantiene en alerta verde al Gran SD, San Cristóbal y SPM
NY: Mamdani revoca órdenes ejecutivas que proclamó Adams
52 menores se intoxicaron con alcohol en Navidad y Año Nuevo
Dinamarca sigue firme contra plan de EU sobre Groenlandia
Dólar bajó ocho centavos; este viernes era vendido a RD$63.38
QATAR: R. Dom. participa en conferencia Naciones Unidas
Jet Set y SENASA, principales hechos noticiosos 2025 en RD
Gobierno dice benefició a 202 mil dominicanos con viviendas
Nuevo Alcalde inicia acciones contra crisis de vivienda en NY
Prisión preventiva y crisis del garantismo: reflexión crítica
















POR ESO ESTAMOS COMO ESTAMOS Y NO AVANZAMOS, USTED COMO ABOGADO SOLO VE UNA JUSTICIA FUERTE PARA JUZGAR A DELINCUENTES Y CORRUPTOS, QUE SEGUN USTED DEBEN SER JUZGADOS Y COMPROBADOS SUS ECHOS HASTA PRUEBA EN CONTRARIO. LOS DELINCUENTES SE APROVECHAN DE ESAS DEBILIDADES Y MUCHOS DEFENSORES TAMBIEN….NO VEN QUE EL PERJUDICADO ES EL PUEBLO Y EL ESTADO, CUANDO ESTOS CORRUPTOS SE ROBAN EL DINERO DE LA SALUD DE UN PUEBLO NECESITADO.
ESTAMOS JARTO COMO PUEBLO, NECESITAMOS MANOS DURA Y LEYES FUERTES PARA DETENER ESTA OLA Y VORAGINE DE ROBOS, CORRUPCION , INACCION, BLANDENGUERIA, EL QUE LA HAGA,,,QUE LA PAGUE, NO IMPORTA QUIEN CAIGA, Y LO QUE DIGAN ABOGADOS NECIOSY BLANDENGUE, LA CORRUPCION Y EL ROBO, SE HAN CONSTITUIDO EN UNA INSTITUCION, PARA DESPOJAR AL PUEBLO DE SUS RIQUEZAS, NECESITAMOS UN BUKELE, PARA QUE PONGA ORDEN EN ESTA SELVA DE DELINCUENTES Y CORRUPTOS INTOCABLES.