El !tránquenlo! fue cultura de la dictadura, en los doce años de Balaguer se convirtió en norma y hoy persiste, con todo y el ‘Cambio’.
La Constitución dominicana, artículo 69, en los países en democracia, la Declaración Universal de Derechos Humanos consignan la inocencia hasta que la justicia pruebe lo contrario.
El Código Penal tiene una gama de medidas de coerción para aplicar a presuntos violadores de la ley –garantía económica, impedimento de salida del país, presentación periódica ante una autoridad judicial, colocación de localizador electrónico, arresto domiciliario, prisión preventiva- pero las cárceles están abarrotadas de presos preventivos.
Los fiscales piden prisión bajo alegatos de ‘peligro de fuga’ o de ‘contaminar las evidencias’ y los jueces los complacen. Son alegatos, muchas veces, para satisfacer el morbo, aunque violenten el derecho a libertad de una persona.
Leonardo Faña o los acusados del caso Odebrecht, para citar dos episodios, fueron a prisión a pedido de los fiscales y que los jueces no se atrevieron a negar para evitar el ‘paredón’ mediático, que sí les aplicaron a los imputados. Hoy todos están en libertad, asistiendo a juicio y a ‘disposición’ de la Justicia. Pero pagaron una sentencia anticipada en un sistema de hacinamiento brutal. Una injusticia que nadie les resarcirá.
La Procuradora General, Mirian Germán, en entrevista a Listín Diario, dijo no ser partidaria de las prisiones preventivas ‘ordenadas alegremente’. Entonces, ¿por qué los fiscales bajo su mando siguen pidiéndolo cotidianamente, como norma?
La cultura del ¡tránquenlo! sigue entrampada entre el derecho constitucional ciudadano, la aplicación de una buena justicia, el ‘paredón mediático’ y el populismo.

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