Politización de la justicia: aberración democrática

Se habla con mucha frecuencia de la Politización de la Justicia o judicialización de la política, entendiendo por tales expresiones que la actuación de los jueces y representantes del Ministerio Público sustituye la actividad propia de los políticos, o bien aquella podría ser interferida por éstos.

Sin embargo, hay que aclarar que cuando se trata de procesar a algún funcionario o personas relacionadas con partidos políticos, esto no es politizar la justicia, siempre que la autoridad judicial cumpla debidamente con todos requerimientos y formalidades de ley sobre hechos verdaderamente punibles.

Por el contrario, si los motivos y formas del encauzamiento no son éstos, si los órganos judiciales actúan por causas no justificadas en razones jurídicas, sino sólo en razones políticas, entonces podemos hablar de politizar la justicia, ya que el juez se extralimita en su función al invadir un campo en el que no es competente, vulnerando así el principio de división de poderes.

Es penoso decirlo, pero en los últimos años hemos sido testigos del auge que ha venido teniendo el uso de la Justicia como instrumento de combate político, principalmente en Latinoamérica, es decir, como arma que algunos actores políticos, desde el Poder, utilizan para conseguir, con frecuencia de forma ilegítima, objetivos que se les dificultaría lograr políticamente por la vía democrática.

Ese lamentable accionar de algunos Jueces y miembros del Ministerio Público de valerse de su poder supremo para usar “procesos legales”, aunque no legítimos, en procura de inhabilitar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país, es lo que ha dado lugar a que surjan denominaciones y conceptos como la Politización de la Justicia.

Mediante esta odiosa práctica, que cada vez viene ganando mayor espacio en los países de la región, se utilizan, de manera indebida, los instrumentos jurídicos a su alcance para fines de persecución, destrucción de imagen pública e inhabilitación de adversarios políticos.

Mediante esta modalidad se procura usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, afectando seriamente la tradicional separación e independencia de poderes del Estado, así como a las garantías que otorga el Estado Social y Democrático de Derechos que nos rige.

En su loco afán de dañar imagen y reputaciones de adversarios políticos, las autoridades judiciales, ante presión de los gobiernos de turnos y agentes internacionales, manipulan el sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre la opinión pública, o bloquear los intentos de los implicados para recurrir las acusaciones y defender sus derechos.

Hay que decir, con mucho pesar, que en la última década los tribunales han adquirido un rol protagónico en la actividad política de varios países de América Latina, particularmente en períodos electorales. Las causas “anti-corrupción” abiertas contra ex funcionarios y líderes de peso han marcado la agenda política y mediática en muchos de los países latinoamericanos.

La Politización de la Justicia combina acciones aparentemente “legales” con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular y mermen sus posibilidades de éxitos electorales.

Mediante este accionar el Poder Judicial (incluyendo el Ministerio Público) es utilizado como un actor partidario para desprestigiar la carrera política de un opositor, o intentar destruir organizaciones políticas que son consideradas amenazas para la permanencia en el Poder.

A decir verdad, las malas prácticas que se promueven en procura de politizar la justicia implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento de la democracia en los países de América Latina.

Someter a juicio la actuación de los políticos cuando incumplen las normas es fundamental en un Estado de derecho, siempre y cuando los jueces y fiscales actúen apegados siempre a los principios de racionalidad jurídica, imparcialidad, legalidad, equidad, buena fe y derecho de defensa, entre otros.

Conviene que el Poder Judicial se mantenga al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que le causaron graves crisis de legitimidad y descrédito en la población.

Esta injerencia de la política en la justicia supone la anulación de la independencia judicial por su evidente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho.

Es por ello que todos estos razonamientos nos conducen a pensar que el insistir con las pretensiones de politizar la justicia se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina, llegando ello a constituirse en una verdadera aberración.

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