Poder Legislativo discrimina la comunidad LGTBI 

La defensa de la libertad de opción sexual es una causa justa  que el Movimiento Caamañista-MC asume en estrecha relación con las luchas contra el capitalismo patriarcal y todas las opresiones y discriminaciones: clasistas, machista, racista, xenofóbica, homofóbica y adulto-céntrica.

Las causas justas, las luchas por los derechos conculcados a las clases y sectores explotados y a  cualquier  grupo de seres humanos,  se entrelazan en nuestro constante batallar.

Las resistencias reaccionarias a derechos esenciales de la condición humana casi siempre le imprimen relevancia y más sentido de justicia a esas luchas.

Eso ha acontecido con las características retardatarias del nuevo Código Penal que el poder constituido pretende imponernos; no solo en cuanto a las tres causales y los derechos inalienables de la mujer, sino  también respecto a la libertad de opción sexual.

Diputados y senadores han pretendido consagrar por omisión en el Código Penal la grave discriminación que implica violar los derechos de homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales a ser como realmente son.

La negación del tipo discriminatorio que esa decisión legislativa implica en materia orientación sexual  es un hecho muy grave, negador de avances legales cruciales en materia de Derechos Humanos a escala mundial.

Están armando un nuevo adefesio jurídico, que en interés de darle rapidez a la aprobación de ese texto, procura aprobar la mutilación arbitraria y grotesca que excluye derechos fundamentales de las personas pertenecientes a los grupos humanos que integral la comunidad LGTBI, sin  ningún tipo de discusión profunda ni consideración y respeto a derechos y libertades universalmente consagrados.

Eso constituye grosero retroceso, lo cual  además de ilegítimo es ilegal e inconstitucional,

Al parecer esos cuerpos legislativos son ignorantes de procesos sociales y bio-psicosociales reconocidos por la ciencia y por las estructuras de la sociedad.

Ignoran o quieren ignorar, que la condición sexual no se reduce a concebirla como la exclusiva existencia binaria de mujeres y hombres, desconociendo a seres humanos con otras características.

En verdad hace tiempo que la ciencia ha demostrado que eso no es así. Que hay personas, y no pocas, que no responden a esas condiciones paralelas.

Más aún, ya se reconoce y se admite que más del 12% de la humanidad no responde a esa condición en tanto sus estructuras hormonales no están conformadas solo por cromosomas XX o XY, como se estuvo afirmando durante muchos años.

Ya se ha demostrado que en un cuerpo humano  pueden darse combinaciones diversas de esos cromosomas, conformando estructuras de pensamiento, y por tanto comportamientos o actitudes, que no responden a los modelos únicos de hombre o mujer, y que incluso poseen estructuras corporales que no se corresponden a esas condiciones.

Solo para dar algunos ejemplos, nos permitimos referirnos al estudio realizado por Murat Altinay (psiquiatra de Cleveland Clinic) y su equipo de colaboradores, quienes establecieron que el cerebro de las personas transgénero (que presentan una identidad y expresión de género diferentes a su sexo biológico) tienen un mayor espesor de la corteza cerebral en el área de circunvalaciones del cerebro ubicada en la parte frontal, la que a su vez envía proyecciones al resto del sistema nervioso.

Se trata de un estudio probado, que remite a la aceptación de conceptos como la “disforia sexual”, definida como el distanciamiento que puedan sentir las personas frente a la estructura sexual de su propio cuerpo.

Esto implica la separación de sus sentimientos y emociones respecto a sus órganos sexuales, y hasta el rechazo a los mismos; constituyendo una identidad de género diferente a la asignada al nacer,  o a las características físicas relacionadas con su sexo.

La obligación de quienes aprueban y proclaman códigos -si optan por respetar la ciencia y los derechos de todas las personas- es reconocer las realidades sociales y legislar para que esos grupos humanos no sean discriminados; garantizandoles todos sus derechos en cuanto a acceso a servicios de todo tipo, incluidos servicios médicos, derechos laborales o de otro cualquier tipo.

El MC repudia ese brutal atropello y exige su inmediata revocación.

JPM