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POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA
En muchos países como el nuestro, la política ha estado marcada por una doble moral que trasciende gobiernos específicos y se repite generación tras generación. No se trata de señalar a una administración en particular, sino de reconocer un patrón histórico que ha frenado el desarrollo pleno de nuestra sociedad. La distancia entre el discurso político y la realidad ciudadana evidencia una estructura diseñada para preservar privilegios y limitar el avance colectivo.
La falta de inversión sostenida en educación y en formación ciudadana ha sido uno de los pilares de ese patrón político. Un pueblo con bajo nivel educativo es más vulnerable a la manipulación y menos capaz de exigir rendición de cuentas. Por eso, para muchos líderes políticos, mantener a la población en condiciones de dependencia resulta más conveniente que promover un sistema que impulse la autonomía y el pensamiento crítico.
En diferentes momentos de la historia, el analfabetismo y la pobreza han sido utilizados como herramientas de control. No por casualidad, en muchos lugares se repiten prácticas que condicionan el voto a necesidades básicas. Esta realidad evidencia que el problema no radica en un gobierno de turno, sino en una cultura política que conviene a quienes desean perpetuarse en el poder, sin importar la bandera partidaria.
El clientelismo es una muestra clara de esa doble moral política. Las ayudas improvisadas, los bonos temporales y las promesas de empleos se convierten en moneda de cambio durante los procesos electorales. Estas prácticas trascienden ideologías y se han normalizado en nuestro sistema democrático. Así, la necesidad del ciudadano se transforma en un activo político que algunos prefieren administrar antes que resolver.
La compra indirecta o directa de voluntades electorales es una expresión más de esta conducta repetida a lo largo de los años. A pesar de ser ilegal y moralmente cuestionable, continúa siendo una práctica frecuente que degrada la esencia del voto libre. La normalización de este fenómeno demuestra que el problema es estructural y que no se limita a una gestión específica, sino a múltiples generaciones de liderazgos políticos.
En este contexto, el ciudadano vulnerable queda atrapado en un ciclo de dependencia. Cuando los derechos básicos no se garantizan plenamente, la población acepta ayudas temporales como si fueran soluciones definitivas. Esta dinámica beneficia a los políticos de todos los colores que prefieren administrar la pobreza antes que impulsar un verdadero desarrollo social y económico.
Cada periodo electoral suele repetir un guion conocido, promesas de cambio, discursos emotivos, visitas a comunidades olvidadas y anuncios de soluciones rápidas. Este patrón, presente en distintas épocas y gobiernos, demuestra que muchos líderes continúan apostando por el corto plazo y no por una visión integral de país. La repetición sistemática de estas conductas evidencia una doble moral profundamente arraigada.
Riesgo
El mayor riesgo de este modelo político es que la ciudadanía termine aceptándolo como algo normal. Familias enteras han crecido dentro de una cultura de dependencia que limita su capacidad de exigir y transforma derechos en favores. Cuando esto sucede, los políticos encuentran el terreno perfecto para continuar con prácticas que les permiten conservar poder sin impulsar transformaciones reales.
La educación, en este escenario, representa una amenaza para quienes desean mantener el status quo. Un ciudadano educado comprende sus derechos, evalúa propuestas, exige resultados y rechaza prácticas clientelares. Por eso, el fortalecimiento educativo debe ser una prioridad nacional que trascienda partidos, gobiernos o ideologías. La verdadera independencia política comienza en las aulas.
El desarrollo integral de un país requiere instituciones fuertes, liderazgos éticos y ciudadanía consciente. Ningún gobierno, sin importar su signo político, puede transformar la realidad sin romper con la tradición de utilizar la necesidad como herramienta electoral. Por eso, el cambio debe ser colectivo, reconociendo que el problema no es coyuntural, sino estructural y acumulado durante décadas.
El futuro del país depende de que la sociedad rompa con este ciclo de doble moral política. Exigir transparencia, promover la educación y rechazar la manipulación son pasos fundamentales para un país más justo y sostenible. La transformación comienza cuando reconocemos que este patrón no pertenece a un solo gobierno, sino a muchos, y que solo una ciudadanía informada podrá construir un verdadero cambio.
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