Cada vez que llueve en Santo Domingo, la ciudad colapsa. Calles convertidas en ríos, vehículos varados, viviendas anegadas, tránsito paralizado. La escena se repite una y otra vez, como si fuera un fenómeno inevitable. Pero no lo es.

Es la consecuencia directa de una rezago histórico, la ausencia de un sistema moderno y eficiente de drenaje pluvial y sanitario en la ciudad capital.

Y lo más preocupante no es solo el rezago acumulado. Es que no se vislumbra, con la firmeza que la situación exige, una decisión para resolverlo.

Una ciudad que creció sin drenaje. Santo Domingo ha experimentado un crecimiento urbano acelerado durante décadas, muchas veces sin planificación adecuada.

Se han construido avenidas, elevados, túneles, torres empresariales y familiares y múltiples proyectos habitacionales.

Sin embargo, debajo de esa ciudad visible, la infraestructura esencial, el drenaje pluvial y sanitario, ha quedado rezagada.

El resultado es una capital moderna en apariencia, pero vulnerable en su funcionamiento.

El problema consiste en que un sistema de drenaje pluvial no se ve, un colector sanitario no se exhibe y una red subterránea no genera titulares.

Mientras se priorizan obras visibles que pueden inaugurarse y exhibirse, las inversiones estructurales, complejas y costosas —como el drenaje urbano— siguen postergándose.

No porque no se conozca el problema. Sino porque no genera rentabilidad política inmediata.

Lo preocupante es que este patrón no es exclusivo de un gobierno. Es un modelo que se ha repetido históricamente en distintos países y administraciones.

En América Latina, y la República Dominicana no es la excepción, existe una lógica silenciosa que ha guiado durante décadas la inversión pública. Se invierte en lo que se ve, mientras se posterga lo que realmente sostiene el desarrollo.

Es la política del aplauso inmediato frente a la obra invisible pero útil.

El costo de la inacción

Cada inundación en Santo Domingo tiene un costo, pérdidas económicas millonarias, deterioro de la infraestructura vial, afectación al comercio y al transporte y riesgos sanitarios por aguas contaminadas.

Y el otro costo es, el mayor de todos, que nos hemos acostumbrado a que la ciudad se inunde, a que llover sea sinónimo de caos, y eso contribuye a anular la presión social para exigir soluciones definitivas.

El asunto no es que ahora llueva más que antes o que el cambio climático lo haya trastocado todo, lo cual es verdad. Pero el problema real y lamentable a que tenemos que enfrentarnos es que la ciudad no está preparada para manejar el agua.

Un sistema adecuado de drenaje pluvial capta, canaliza y evacua el agua de lluvia eficientemente. Sin él, cualquier evento climático —incluso moderado— puede generar inundaciones.

Lo mismo ocurre con el drenaje sanitario, su rezago en construirlo implica contaminación de ríos, filtraciones a los depósitos de agua potable en las ciudades y riesgos a la salud pública.

Si hay una obra verdaderamente transformadora para Santo Domingo, no es un elevado ni una avenida adicional, es la construcción de un sistema integral de drenaje pluvial y sanitario.

La obra es costosa, compleja y de largo plazo, pero absolutamente necesaria e impostergable.

La pregunta clave es: ¿Existe la voluntad real de acometer esta obra?

¿Se está planificando con la urgencia que el problema requiere?

¿O seguiremos reaccionando cada vez que la ciudad se inunde?

Santo Domingo no necesita más explicaciones. Necesita soluciones. La capital no puede seguir siendo una ciudad que colapsa cada vez que llueve.

Porque el verdadero desarrollo no se mide por lo que se ve en la superficie,

sino por lo que funciona debajo de ella y por el bienestar de su gente.

jpm-am

La ideología cambió por completo. Todo aquel que tenga la osadía de no arrodillarse ante el presidente Trump es un izquierdista. O sea, España, Mexico, Brasil, Colombia, Uruguay y representantes de otros 20 países que participaron en la cumbre “En Defensa de la Democracia” en Barcelona, son izquierdistas. Los medios la llamaron “Cumbre de Izquierda”.

Cuanta estupidez. Un pais de izquierda, generalmente, promueve un estado benefactor, es muchas veces represivo, la democracia está restringida, no hay una plena libertad de prensa, desplaza al sector privado en el mercado y hay presos políticos que disfrazan de delincuentes. Nicaragua y Cuba encajan en el concepto de “izquierdistas radicales”. Y Venezuela todavía lo es.

Pero también los demócratas en Estados Unidos son izquierdistas y cualquier republicano que se oponga a Trump es izquierdista. Macron, Stamer, Sánchez, Meloni, Carney y Merz son izquierdista porque se opusieron a participar en la estúpida guerra de Oriente Medio. La OTAN es una basura y un tigre de papel, mientras simpatiza con Putin, que es un peligro para la democracia occidental y donde hay un sin número de presos políticos. Para colmo, el Papa León XIV también es izquierdista.

La embajadora de Estados Unidos se molestó porque el Ministro de Justicia, Antoliano Peralta, participó en esa reunión de “Izquierdistas” en Barcelona. En contraste, felicitó al presidente Luis Abinader cuando participó en marzo en la “Cumbre del Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por Trump junto a otros aliados de Washington, en la que no estuvieron México, Brasil ni Colombia. Muchos menos Canadá.

Somos aliados confiables y casi incondicionales de Estados Unidos y creo que así debe ser, pero no somos sus vasallos. Nos impone un arancel unilateral injusto violando los acuerdos del DR-CAFTA y nos quedamos de brazos cruzados.

Soy un economista neoliberal que defiende al sector privado porque es el motor que impulsa la economía. Defiendo el libre mercado y la privatización de muchas empresas estatales porque el rol del estado es regular, apoyar, facilitar, educar y proteger socialmente a los más pobres. Pero eso no me hace “trumpista”. Estoy a mil años luz de la ideología MAGA, sinónimo de extremismo de derecha, con tendencias racistas y xenofóbicas.

Creo en los derechos de la comunidad LGBT, apoyo las tres causales del aborto, la libertad religiosa y odio el racismo. Igualmente, he criticado que Trump haya metido a Estados Unidos en esta guerra para después no saber cómo salir de ella. Vacila, se contradice, cambia sus posiciones de la noche a la mañana y su retórica es repetitiva, ofensiva y arrogante.

No quiere negociar la paz. Quiere imponer al oponente sus condiciones y así no habrá paz. Su aprobación cae en picada y es casi seguro que los republicanos pierdan el control del congreso en noviembre.

Presidente Trump, usted ganó la guerra definitivamente, pero saque sus tropas del Medio Oriente y dé por terminado ese conflicto. Salve a su partido y a la economía global.

jpm-am

En los últimos meses, la opinión pública ha comenzado a expresar una preocupación cada vez más visible: el otorgamiento de “pensiones especiales” desde el Estado sin criterios claros ni justificaciones convincentes.

No se trata ya de comentarios aislados, sino de una inquietud que se repite en distintos espacios, donde ciudadanos y políticos cuestionan el uso indiscriminado de recursos públicos en favores y beneficios que no parecen responder ni a la necesidad social ni al mérito.

Dichas “pensiones especiales” se han constituido ya en una práctica que continúa desarrollándose sin mayor explicación, otorgadas sin criterios transparentes y, en muchos casos, sin una justificación social o legal evidente.

La Ley 379-81 establece un marco específico para las pensiones del Estado dominicano, sustentado en elementos objetivos como el tiempo de servicio, la vinculación con la administración pública y condiciones particulares, como la incapacidad.

Ese marco responde a la necesidad de garantizar que el acceso a recursos públicos esté regido por reglas claras, transparentes, verificables y equitativas.

Sin embargo, lo que se ha venido observando parece apartarse de esos criterios. Se han otorgado pensiones a personas que no han tenido ningún vínculo con el Estado, sin condiciones de vulnerabilidad comprobadas y sin aportes relevantes en ámbitos como el servicio público, la cultura o el deporte.

En lugar de responder a una política social estructurada, estas decisiones proyectan la imagen de un uso discrecional y abusivo de los recursos públicos, más vinculado a cercanías políticas y personales, que a méritos verificables.

La Constitución establece que la administración de los recursos del Estado debe regirse por criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad. No basta con la emisión de decretos para legitimar decisiones que comprometen fondos públicos de manera permanente; es necesario que dichas decisiones estén sustentadas en un interés público claro.

El problema no es únicamente jurídico, sino también ético y político. No se puede exigir sacrificios a la población mientras se mantienen prácticas que reflejan privilegios selectivos. La austeridad, para ser creíble, debe ser coherente. No puede ser rigurosa para la mayoría y flexible para unos pocos.

Cada pensión otorgada sin criterios claros erosiona la confianza ciudadana. Cada beneficio concedido sin justificación debilita la credibilidad institucional. Y cada decisión que aparenta responder a intereses particulares, en lugar del bien común, profundiza la percepción de desigualdad en el ejercicio del poder.

No se trata de negar que existan casos que ameriten pensiones especiales. En toda sociedad hay situaciones excepcionales que requieren una respuesta diferenciada: personas en condiciones de vulnerabilidad extrema o ciudadanos con aportes extraordinarios al país.

Pero precisamente por eso, esas excepciones deben estar reguladas y claramente definidas. De lo contrario, dejan de ser excepciones para convertirse en privilegios.

Además, cada pensión no es un gasto coyuntural y de momento, sino una obligación permanente para el Estado, financiada por los contribuyentes. Administrarlas sin rigor no solo es cuestionable, sino irresponsable desde el punto de vista fiscal y económico.

Al final, este no es solo un debate sobre números o decisiones administrativas. Es un debate sobre el tipo de Estado que se está construyendo.

Porque cuando el sacrificio se exige a muchos, pero los beneficios y privilegios se concentran en pocos, lo que se rompe no es solo el equilibrio del gasto público, sino el principio mismo de justicia.

Y es ahí donde este tema adquiere su verdadera dimensión: tarde o temprano habrá que rendir cuentas. No bastará con alegar costumbres administrativas ni precedentes. Habrá que explicar por qué se dispuso de recursos que pertenecen a todos en favor de unos pocos.

Porque cuando el privilegio se normaliza y la discrecionalidad sustituye a la norma, lo que queda no es una política social, sino un precedente nefasto. Uno que, inevitablemente, la población terminará exigiéndole rendición de cuentas.

Cada cuatro años pasadas las elecciones, un 16 de agosto el nuevo o mismo presidente se juramenta ante la Asamblea Nacional, en donde expresa delante de todo el país el sagrado juramento: «Juro cumplir y hacer cumplir las leyes».

Ese juramento del presidente se cumple muy poco, pues son muchas leyes que desde el gobierno se dejan de cumplir no se sabe el porqué, dejando al `país sin protección legal y sin donde poder ir a reclamar el cumplimiento de las mismas.

Unas de las principales leyes que el gobierno se hace de la vista gorda, son las  mineras, y desde el gobierno no se hacen cumplir y respetar. ¿Para qué se hicieron y se aprobaron? Si se van a seguir irrespetando, es mejor anularlas.

Desde hace varios años en este país se han levantado un grupo de seudo ambientalistas que con sus protestas están impidiendo que el gobierno haga cumplir las leyes que el mismo juró que haría respetar.

Por Ejemplo ley como la 146-71 artículo 11, que establece lo siguiente:

Art. 11.- La concesión minera da derecho con carácter de exclusividad sobre todas las substancias que se encuentren dentro del perímetro de la misma, para explorarlas, explotarlas o beneficiarlas, de conformidad con las prescripciones de esta ley.

Según esta ley, que de hecho está super obsoleta y es tiempo de adecuarla a los nuevos tiempos,  todas las compañías mineras a que El Estado le otorgó una concesión, o sea, un permiso, convenio, contrato, ect, ect, tienen derecho a explorar, explotar y beneficiarse de los minerales que encuentren.

Aquellos grupos que se oponen a la minería, al parecer no conocen esta ley, pues no quieren que una compañía minera que le fue dada una concesión minera, explore dentro del perímetro que le autorizaron.

La ley 64-00 de medio ambiente, en su artículo 40 establece lo siguiente:

Articulo 40.- Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra actividad que por sus características pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, deberá obtener de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecución, el permiso ambiental o la licencia ambiental, según la magnitud de los efectos que pueda causar.

Esta ley es bien clara, después que una compañía minera, dentro de su concesión legal, encuentre minerales, el gobierno por obligación debe entregarle el permiso o licencia ambiental para saber mediante un estudio medio ambiental, los daños que pueda causar una posible explotación minera.

Esta ley al igual que la de minería, debe ya ser modificada, debido a que habla de Secretaria de Estado de Medio Ambiente, cuando ya eso dejó de existir, ahora lo que existe es Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lo extraño es, que dentro de los opositores a la minería, hay legisladores y abogados que a lo mejor no conocen esta ley, o la conocen y aprovechan para confundir a un posible electorado dentro de sus protestas, no están de acuerdo con que se le hagan estudios a exploraciones mineras donde hubo hallazgo de yacimientos mineros.

En el Titulo Uno, Capitulo Cuarto, Articulo 17 de la Constitución Dominicana, que es la madre de todas las leyes, se puede leer lo siguiente:

Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia: 1) Se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional; 2) Se declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales; 3) Se declara de prioridad nacional la preservación y aprovechamiento racional de los recursos vivos y no vivos de las áreas marítimas nacionales, en especial el conjunto de bancos y emersiones dentro de la política nacional de desarrollo marítimo; 4) Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la Nación y de las provincias donde se encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por ley.

Este artículo 17, debe ser modificado, en el numeral 4 para que diga lo siguiente:

Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales, serán distribuidos de la siguiente manera:

50% para la compañía que exploten los recursos naturales,30% para El Estado y el restante 20% para las provincias donde se encuentren dichos recursos naturales. Eestos beneficios serán para desarrollar las provincias, los cuales serán administrados por un patronato integrado por el gerente del Banco de Reservas de cada provincia que se exploten recursos naturales, quien lo presidirá, un representante de la Iglesia Católica, uno de la iglesia evangélica, un representante del empresariado, el alcalde de la ciudad, el gobernador y un representante de las juntas de vecinos.

Entre ellos, elaboraran un plan de desarrollo con proyectos sostenibles, convocaran al pueblo con todos sus municipios, distrititos municipales, secciones, parajes y barrios, a varias vistas públicas, para determinar en cuales proyectos se invertirán los recursos económicos, obtenidos por la explotación de los recursos naturales.

Este patronato será auditado cada año por la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana, para evitar que los recursos económicos obtenidos por la explotación de los recursos naturales, sean dilapidados y malversados.

Para esto habrá que modificar la ley 64-00 que establece un 5% para los ayuntamientos cabeceras en donde se exploten los recursos naturales.

Es en esta vertiente que todas las provincias deben luchar, y no dejarse arrastrar por grupo de personas que solo buscan ganar protagonismo en su comunidad y otras buscan el favor del voto en las elecciones.

Una ley constitucional que no contemple un régimen de consecuencias, está sujeta a fracasar en el cumplimiento de la misma, dentro de ese artículo 17 del aprovechamiento de los recursos naturales, se debe agregar el punto 5 para que diga:

Toda persona o grupo de personas, que impida por cualquier medio, el cumplimiento de esta ley, deberá presentar un informe científico, en cual pueda demostrar que cualquier proyecto, obra u operación minera, es totalmente dañino para el medio ambiente, de lo contrario será condenada a una pena de 10 a 20 años de cárcel, por los daños económicos causados a los dueños de los proyectos, obras o concesión minera, durante el tiempo que estuvieron detenidos para su ejecución.

Lo que la ley no `prohíbe, nada ni nadie tiene derecho a prohibirlo. Juan Pablo Duarte.

sp-am