WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes alinearse con la petición de la Administración de Donald Trump de levantar los bloqueos en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Este fallo que otorga una victoria al Presidente y que podría repercutir en decenas de demandas en las cortes contra las políticas del republicano.

Con su decisión, la máxima corte estadounidense limita la facultad de los jueces federales para bloquear decisiones de la administración Trump que consideran ilegales.

Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores «probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales».

IMPACTO DEL FALLO 

La decisión, aunque no se refiere a los méritos del decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento en sí -que busca restringir el derecho automático de ciudadanía estadounidense establecido en la Constitución y negarlo a hijos de padres indocumentados o con visados temporales-, sí limita a la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.

Específicamente, evalúa los bloqueos nacionales temporales a la orden de Trump por parte de tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron en decisiones separadas que el presidente no tiene la autoridad de cambiar o restringir la Constitución.

En la opinión de la mayoría, la jueza conservadora Amy Coney Barrett escribió que «los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo», sino que «resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso».

«Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder», indicó Barret, uno de los votos clave en esta decisión porque durante la presentación de argumentos en mayo cuestionó el porqué el Gobierno pidió al Supremo evaluar cuestiones técnicas y no los fundamentos del decreto en sí, algo sobre lo que el Supremo no se pronunció hoy.

ENTRADA EN VIGOR 

La jueza afirmó que la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento – cuya aplicación está en pausa temporal en todo el país mientras se revisan los casos – «no entrará en vigor hasta 30 días después de la fecha de esta opinión».

Según expertos, este retraso podría ofrecer un margen para que los querellantes consideren presentar demandas colectivas en lugar de individuales como otra vía de impugnar la orden ejecutiva de Trump.

Limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares era una de las promesas de campaña del republicano, que regresó al poder el 20 de enero con una redoblada política migratoria de mano dura. Trump firmó la orden el mismo día en que asumió su segundo mandato.

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WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos dio este viernes 27 de junio un espaldarazo a Donald Trump al limitar el poder de los jueces inferiores para bloquear medidas presidenciales a nivel nacional.

Aunque el fallo no activa de inmediato su controvertida orden para negar la ciudadanía a hijos de migrantes en situación irregular, sí allana el camino para futuros intentos del presidente de restringir derechos mediante decretos ejecutivos.

Se trata de una victoria para la Administración de Donald Trump y un fallo que enciende las alarmas de las organizaciones protectoras de los derechos de los migrantes.

La determinación vino tras una batalla legal sobre la medida de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento a bebés de familias en situación irregular en Estados Unidos. El Gobierno reclamaba que los tribunales estatales no podían congelar dicha orden a nivel federal.

En ese sentido, los jueces del supremo —con el fallo de seis votos a favor y tres en contra— le dieron la razón a la Administración Trump de que los jueces han ido demasiado lejos al emitir órdenes que se aplican a toda la población, en lugar de solo a las partes involucradas en el litigio.

Así, la Corte Suprema ordenó a los tribunales inferiores de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington—que habían suspendido la ejecución de la orden de Trump— reconsideren el alcance de sus medidas.

“Nadie discute que el Ejecutivo tiene el deber de cumplir la ley. Pero el Poder Judicial no tiene una autoridad ilimitada para hacerla cumplir; de hecho, a veces la ley se lo prohíbe”, escribió la jueza conservadora Amy Coney Barrett.

Es decir, los casos regresarán a los jueces inferiores y deberán decidir cómo ajustar sus fallos para cumplir con la decisión del supremo, según Barrett.

Sin embargo, el fallo no permite que la política de Trump entre en vigor de inmediato ni se pronuncia sobre su legalidad. Los jueces, en ese sentido, solo discutieron sobre el alcance de los fallos de los tribunales inferiores.

REACCIONES ENCONTRADAS

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha visto cómo varias de sus órdenes han sido bloqueadas por los jueces de tribunales inferiores. La de la ciudadanía por nacimiento es solo una de esta lista.

En ese sentido, la decisión del supremo elimina uno de los obstáculos de Trump no solo para impulsar las restricciones a la ciudadanía por nacimiento, sino que sienta un precedente para la capacidad del Poder Judicial de frenar los mandatos presidenciales tanto de Trump como de futuros presidentes.

Tras conocerse el fallo, Trump lo celebró en sus redes sociales.  “¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos!”, escribió en Truth Social.

Posteriormente, dio una rueda de prensa en la que adelantó que tiene “toda una lista” de políticas que podrá implementar sin oposición de los tribunales inferiores.

FALLO GENERA POLÉMICAS

Sin embargo, el fallo ha generado polémica en Estados Unidos. En su disenso, la jueza liberal Sonia Sotomayor afirmó que la decisión del máximo tribunal “es nada menos que una invitación abierta para que el Gobierno eluda la Constitución”. Según afirmó, esto significaría que la Administración podría aplicar una política, incluso si un tribunal inferior ya la ha declarado inconstitucional.

“La mayoría ignora completamente si la orden ejecutiva del presidente es constitucional y se enfoca únicamente en si los tribunales federales tienen autoridad equitativa para emitir medidas universales. Pero la ilegalidad evidente de la orden revela la gravedad del error de la mayoría y justifica por qué las medidas cautelares universales son el remedio adecuado en este tipo de casos”, escribió en su disenso apoyado por las otras dos juezas liberales.

“El oportunismo legal en esta petición es evidente, y el Gobierno ni siquiera intenta ocultarlo”, escribió Sotomayor. Y agregó: “Y, sin embargo, vergonzosamente, esta Corte se presta al juego”.

VE DECISIÓN ES PREOCUPANTE

Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) calificó la decisión como preocupante. Sin embargo, dijo que todavía se pueden buscar protecciones adicionales para las familias potencialmente afectadas.

“La orden ejecutiva es claramente ilegal y cruel. Nunca debería aplicarse a nadie”, sentenció Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

“La decisión de la Corte de abrir la puerta a su aplicación es decepcionante, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que ningún niño sea afectado por esta orden”, sentenció.

 CIUDADANÍA POR NACIMIENTO, INTENSO DEBATE EN EE. UU.

La orden ejecutiva firmada por Trump poco después de su posesión como presidente establece que los niños nacidos de padres que estén irregularmente en Estados Unidos o con visas temporales no adquirirán la ciudadanía automáticamente.

Sin embargo, los tres tribunales inferiores consideraron que la orden de Trump violaba la Enmienda 14 de la Constitución, en la que se establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”.

NUEVA YORK (Por Raúl Castillo).- Un 45% de los estadounidenses se opone a los recientes ataques aéreos lanzados por el presidente Donald Trump contra instalaciones nucleares en Irán, frente a un 38% que los respalda y un 18% que no adopta posición, según una nueva encuesta nacional de NBC News y SurveyMonkey.

El sondeo, realizado entre más de 5,000 adultos en todo el país, revela una fuerte polarización partidista sobre la ofensiva militar, pero también evidencia que, incluso entre votantes republicanos, existe incomodidad con la forma en que se autorizó la operación.

La oposición es especialmente marcada entre los votantes demócratas, con un 77% en contra del ataque, incluyendo un 61% que lo rechaza con firmeza.

En sentido contrario, un 78% de los republicanos lo apoya, y dentro de ese grupo, los votantes identificados con el movimiento MAGA lo respaldan con mayor intensidad: el 84% está a favor y un 70% lo apoya “firmemente”.

Entre los republicanos tradicionales, el respaldo baja al 72%, y solo el 49% lo aprueba con la misma intensidad.

Los votantes independientes, sin embargo, muestran una postura más fragmentada: el 45% se opone, el 21% está a favor y el 34% dice no tener una posición clara.

ESCALADA MILITAR Y EL CONGRESO 

Más allá del apoyo inicial al ataque, la encuesta muestra que una mayoría del país mantiene reservas sobre una posible escalada militar.

Solo el 26% de los encuestados cree que Estados Unidos debería considerar todas las opciones, incluido el uso de tropas en el terreno, mientras que un 34% respalda la continuación de los ataques aéreos si el programa nuclear iraní sigue intacto.

En contraste, el 41% cree que no debe haber más acciones militares.

Otro hallazgo significativo del estudio es que el 60% de los estadounidenses considera que Trump debió haber solicitado autorización del Congreso antes de ordenar el ataque, como exige la legislación vigente sobre el uso de la fuerza militar.

Incluso un 19% de los votantes republicanos estuvo de acuerdo con esa afirmación, cifra que se eleva al 92% entre los demócratas y al 71% entre los independientes.

La encuesta se realizó entre el 23 y el 25 de junio, pocos días después de que Estados Unidos bombardeara tres instalaciones nucleares iraníes —Fordó, Natanz e Isfahán— como parte de la operación “Midnight Hammer”, una ofensiva que la Casa Blanca describió como un “éxito total” y cuya legalidad ha sido cuestionada en el Congreso.

El margen de error del sondeo es de ±3,1 puntos porcentuales.

Con información de EL DIARIO

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