Por HECTOR RAMIREZ

Los conflictos en el Golfo Pérsico casi nunca se quedan solo en esa región. Cada tensión militar en esa zona termina afectando los mercados energéticos, el comercio internacional y la estabilidad económica de muchos países, incluso de aquellos que están a miles de kilómetros del conflicto.

Por eso, para economías como la dominicana, un conflicto prolongado en el Golfo no es solo un problema geopolítico lejano, sino un riesgo económico que puede afectar directamente el crecimiento, los precios y el poder adquisitivo de la población.

Si el conflicto se prolonga, uno de los primeros efectos se vería en el precio internacional del petróleo. La República Dominicana depende en gran medida de combustibles importados para generar electricidad, mover el transporte y sostener una parte importante de su actividad económica. Por eso cualquier aumento en el precio del petróleo termina reflejándose en el costo de la energía, el transporte, los alimentos y en el costo de la vida.

En 2025 la República Dominicana importó aproximadamente US$4,616 millones en petróleo y derivados. Esto muestra el nivel de dependencia que todavía tiene la economía dominicana de los combustibles fósiles.

Si el precio del petróleo aumentara 10 %, la factura energética del país podría subir alrededor de US$461 millones. Si el aumento fuera 15 %, el impacto sería cercano a US$692 millones. Y si el incremento llegara a 30 %, el costo adicional superaría los US$1,385 millones.

Ese aumento terminaría reflejándose en el precio de la electricidad, el transporte, los alimentos y en el costo de la canasta familiar.

La economía dominicana creció alrededor de 2.1 % en 2025, según datos del Banco Central. Con un PIB nominal cercano a US$129.7 mil millones, ese crecimiento equivale aproximadamente a US$2,723 millones de actividad económica adicional durante ese año.

Distribuido entre una población cercana a 11.5 millones de habitantes, ese crecimiento representa cerca de US$237 adicionales por persona.

Sin embargo, si el precio del petróleo aumentara 10 %, el impacto sobre la factura energética sería de aproximadamente US$461 millones, equivalente a unos US$40 por habitante. Con un aumento de 15 %, el impacto subiría a unos US$60 por persona, y si el aumento alcanzara 30 %, el costo adicional sería cercano a US$120 por habitante.

En otras palabras, una parte importante del crecimiento económico del país podría verse absorbida simplemente por el aumento en el costo del petróleo y sus derivados.

Cuando el crecimiento económico se reduce hay menos inversión, menor actividad productiva, menos recaudación fiscal y menos recursos para infraestructura y servicios públicos. También significa menos dinero circulando en la economía y menor capacidad de las familias para adquirir bienes y servicios.

Para 2025 el presupuesto del Gobierno Central consignó aproximadamente RD$333,486 millones para intereses y comisiones de la deuda pública, equivalente a cerca de 4 % del PIB. Esto significa que en un escenario de menor crecimiento económico el país tendría menos ingresos mientras una parte importante del presupuesto seguiría comprometida en obligaciones financieras.

Este tipo de vulnerabilidad energética explica por qué muchas economías han buscado diversificar sus fuentes de crecimiento y reducir su dependencia de factores externos.

Existe la percepción de que las economías del Golfo dependen exclusivamente del petróleo. Sin embargo, varios países de esa región comenzaron hace décadas procesos de diversificación económica.

En Bahréin aproximadamente 85 % de su economía proviene de sectores no petroleros. En los Emiratos Árabes Unidos cerca de 75 % del PIB ya no depende del petróleo. En Qatar las actividades no petroleras representan alrededor de 65 % de la economía.

Uno de los ejemplos más claros de este proceso es Dubái.

Su economía se basa en comercio internacional, servicios financieros, turismo, logística, bienes raíces, tecnología y aviación. Hoy menos del 1 % de la economía de Dubái depende del petróleo, lo que significa que más del 99 % proviene de sectores no petroleros.

En los primeros nueve meses de 2025 la economía de Dubái produjo 355 mil millones de dirhams, equivalentes a aproximadamente US$96.7 mil millones. A ese ritmo su economía anual ronda US$129 mil millones, una cifra cercana al tamaño de toda la economía dominicana.

Dubái tiene cerca de 4.2 millones de habitantes, mientras que la República Dominicana cuenta con alrededor de 11.5 millones. El ingreso por habitante en Dubái ronda los US$30,000, mientras que en la República Dominicana se sitúa alrededor de US$12,600.

La experiencia de Dubái demuestra que incluso economías ubicadas en regiones petroleras han optado por diversificar su modelo productivo para reducir su dependencia de un solo recurso.

Turismo

El turismo es uno de los sectores donde esta diferencia de modelo económico se hace más evidente.

En 2025 la República Dominicana recibió aproximadamente 11.6 millones de turistas, generando US$11,318 millones en ingresos turísticos, lo que equivale a cerca de US$975 por visitante.

El modelo turístico dominicano ha permitido desarrollar una industria importante para la economía del país. Sin embargo, también muestra los límites de un esquema basado principalmente en grandes volúmenes de visitantes y bajo ingreso promedio por turista.

Un modelo centrado en la masificación tiene ventajas, pero también implica mayor demanda de alimentos, transporte, energía y otros servicios.

Cuando esa demanda aumenta los precios tienden a subir. Los turistas suelen tener mayor capacidad de pago porque llegan con monedas más fuertes, mientras que los residentes locales deben adquirir esos mismos bienes y servicios con ingresos en moneda local.

Un turismo basado únicamente en volumen puede aumentar la presión sobre los precios internos más rápido de lo que aumenta el ingreso que deja cada visitante.

Por esa razón el reto no es abandonar el modelo turístico actual de forma abrupta, sino evolucionar desde un turismo basado principalmente en volumen hacia uno que genere mayor valor económico por visitante.

Dubái recibe menos del doble de turistas que la República Dominicana, pero su industria turística genera casi cuatro veces más ingresos, lo que evidencia la diferencia entre un modelo basado en volumen y otro basado en valor.

Si el gasto promedio por turista en la República Dominicana aumentara de US$975 a US$1,200, el país podría generar más de US$2,600 millones adicionales al año, una cifra superior incluso al impacto económico que tendría un aumento de 30 % en el precio del petróleo.

La inversión extranjera también es uno de los pilares de la economía dominicana. En 2025 el país recibió aproximadamente US$5,032 millones en inversión extranjera directa.

Sin embargo factores como la burocracia administrativa pueden desincentivar nuevas inversiones. En muchas economías competitivas el mensaje al inversionista es simple: venga, invierta y produzca; luego se regula.

En cambio en la República Dominicana el proceso muchas veces se percibe al revés: pague primero, complete trámites y luego veremos.

Un ejemplo es el impuesto equivalente al 1 % del capital social autorizado al momento de constituir una empresa.

Si reformas regulatorias permitieran aumentar la inversión extranjera apenas 10 %, el país podría captar alrededor de US$500 millones adicionales al año, una cifra comparable al impacto que tendría un aumento de 10 % en la factura petrolera del país.

La República Dominicana también tiene condiciones naturales favorables para ampliar el uso de energías renovables, especialmente la solar. Actualmente cerca de 22 % de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables. Si esa proporción aumentara hasta 35 %, el país podría sustituir aproximadamente 13 % de la generación basada en combustibles fósiles.

Tomando como referencia las importaciones de combustibles del país, una reducción de esa magnitud podría representar cerca de US$600 millones anuales.

Las exportaciones de zonas francas también juegan un papel clave en la generación de divisas. En 2025 las exportaciones de este sector superaron los US$8,600 millones. Si el crecimiento del nearshoring hacia Estados Unidos permitiera aumentar estas exportaciones apenas 8 %, el país podría generar cerca de US$688 millones adicionales al año.

Otro factor que también influye en la percepción económica del país es el orden urbano.

La República Dominicana cuenta con un parque vehicular que supera los 6.6 millones de unidades, de las cuales aproximadamente 3.8 millones son motocicletas. Una parte importante participa en el transporte informal de pasajeros y en muchos casos en condiciones precarias.

Los motociclistas están involucrados en alrededor de 73 % de las muertes por accidentes de tránsito y el país registra más de 3,000 muertes anuales por esta causa.

Un país donde exista caos urbano proyecta una imagen de desorden y falta de organización, lo que puede desincentivar no solo a inversionistas sino también a un turismo de mayor valor.

Visto en conjunto, varias medidas de diversificación económica podrían generar recursos comparables o superiores al impacto de un aumento significativo en el precio del petróleo: la expansión de energías renovables podría representar alrededor de US$600 millones anuales; un aumento de 10 % en la inversión extranjera cerca de US$500 millones; un mayor gasto promedio por turista más de US$2,600 millones; y un crecimiento moderado de las exportaciones de zonas francas alrededor de US$688 millones.

Diversificar la economía no es solo una estrategia de crecimiento. También es una forma de reducir la vulnerabilidad frente a shocks externos.

En un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de una economía para resistir crisis externas depende en gran medida de qué tan diversificada esté su estructura productiva.

En economía, como en muchas otras áreas, esperar a que llegue el golpe suele ser más costoso que anticiparse a él.

jpm-am

Yo he sido un crítico del Nuevo Código Procesal Penal por tener aspecto que permiten que sea catalogado como una contrarreforma procesal penal. Sin embargo, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno y parafraseando a Don quijote de la Mancha quien popularizó al expresar que el peor libro tiene alguna utilidad. Pues, una de las cosas buenas que trajo esta pieza procesal es la audiencia de tutela de derechos bajo el dominio del juez de las garantías.

¿Qué es una audiencia de tutela de derechos? La repuesta la obtenemos en el derecho comparado, por ejemplo, para el penalista peruano Juan Carlos Portugal, es un mecanismo de defensa de carácter procesal que regula el Código Procesal Penal, el cual tiene como finalidad la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. Asimismo, es un instrumento procesal mediante el cual el imputado defiende sus derechos fundamentales en la primera etapa del proceso penal. Esta audiencia está regulada en el artículo 75 del CPP., y establece que durante la investigación habrá un juez de garantía para escuchar a la defensa sobre las violaciones al debido proceso durante la etapa preparatoria o de investigación. Es decir, que, si al imputado al momento de su arresto no leyeron sus derechos, lo arrestaron sin orden judicial o no estando infraganti, no le permitieron hacer una llamada, no le llamaron a un familiar o a su abogado, lo maltrataron, no le dijeron las razones de su detención o del hecho que se le imputa, hicieron que se autoincriminara, aplicaron medidas limitativas de derechos indebidas, le violaron la presunción de inocencia porque lo presentaron ante los medios de comunicación o emitieron juicios de culpabilidad ante la opinión pública, en fin no les respetaron los derechos establecidos en el artículo 96 del CPP y cualquier otro derecho que se encuentre en las leyes, Constitución y Tratados de Derechos Humanos, el imputado, mediante esta audiencia, podrá interponer una solicitud de audiencia de tutela de derechos, la cual tiene por objetivo subsanar, corregir y anular hasta ese momento el procedimiento en caso de violaciones comprobadas al tenor del articulo 96 párrafo IV  del CPP.

Esta audiencia se extiende también, ante las demás etapas del proceso penal.  O sea, que el juez de fondo o tribunal de la etapa recursiva tiene competencia para conocer la audiencia de tutela de derechos y erigirse como un juez de garantía y control. Dentro de las características de esta nueva audiencia, es que la tutela de derechos es residual, pues, si el CPP presenta una vía procesal de protección del derecho de manera específica, esta audiencia no opera. Aunque nada impide que el investigado acuda a ella por cualquier violación. No se exige un plazo para asistir a esta audiencia.

El rol del juez de la garantía durante esta audiencia es la de ejercer un control en aras de proteger derechos y garantías violados al imputado en la etapa de investigación, audiencia preliminar, de juicio oral y etapa recursiva. Es decir, es un juez garante frente a las violaciones que alega el imputado.

¿Se pueden excluir material probatorio en esta audiencia? Uno de los objetos de la audiencia preliminar o etapa intermedia es la de verificar la legalidad de la obtención de datos, documentos e informaciones obtenido de manera ilegal. Sin embargo, nada impide que, en la investigación preliminar como sub etapa propia de la policía, o el desarrollo de la etapa preparatoria se lleven a cabo diligencias o investigaciones fuera del marco legal, en consecuencia, la audiencia de tutela de derechos puede ser invocada para excluir material probatorio obtenido de forma ilícita, art. 69.8 constitucional. No hay que esperar la audiencia preliminar para excluirlas.

En esta nueva audiencia, la defensa podrá solicitar fundada la solicitud de audiencia de tutela de derechos y concluirá solicitando al juez de garantía la corrección, subsanación, exclusión y nulidad de los errores que hayan vulnerado derechos y garantías.

El fiscal invocara que se declare infundada el requerimiento de tutea de derechos solicitado por la defensa, toda vez, que no existe ninguna violación de derechos.

Finalmente, el juez de la garantía, una vez establecidos los alegatos conclusivos de las partes deberá dar su fallo. Es un audiencia rápida, oral, sencilla y sin mayores complejidades.

Creo que los operadores penales con esta audiencia de tutela de derecho podremos contribuir a una mejor administración de justicia penal y a una seria depuración de casos en una etapa precoz como lo es la etapa de investigación, que dicho paso es una de las etapas del proceso penal más importante, toda vez, que en ella se puede descubrir tempranamente las falencias o fortalezas para determinar si continuar o parar la investigación.

Cuando una guerra estalla, su impacto económico se expande más allá de las fronteras de las naciones involucradas, generando efectos que terminan golpeando a países que no participan ni influyen en las decisiones que provocan esas confrontaciones.

El conflicto entre Rusia y Ucrania es un ejemplo evidente de esta realidad. Varias naciones europeas y occidentales han acudido en auxilio de Ucrania con asistencia militar, financiera y logística, en un esfuerzo por sostener su capacidad de defensa frente a la invasión.

Sin embargo, mientras ese apoyo se concentra en el frente militar y geopolítico, surge una interrogante que rara vez ocupa el centro del debate internacional: ¿quién acude en auxilio de las economías que resultan dañadas indirectamente por la guerra?

Los conflictos bélicos alteran profundamente los mercados globales. El aumento de los precios del petróleo y del gas natural, la volatilidad en las cadenas de suministro y la incertidumbre en los mercados financieros generan presiones inflacionarias que terminan afectando a países que no tienen participación alguna en el conflicto.

Economías pequeñas o dependientes de las importaciones energéticas sufren el incremento de los combustibles, lo que se traduce en mayores costos de transporte, alimentos y servicios básicos.

Estas distorsiones impactan directamente en las balanzas comerciales de muchas naciones. Países que ya enfrentaban fragilidades estructurales en su economía se ven obligados a destinar mayores recursos a la compra de energía y materias primas, ampliando sus déficits y comprometiendo su estabilidad fiscal. Al mismo tiempo, los bancos centrales del mundo reaccionan elevando las tasas de interés para contener la inflación, lo que encarece el crédito y ralentiza el crecimiento económico global.

En este escenario, las economías más vulnerables quedan atrapadas en una tormenta perfecta: inflación importada, financiamiento más caro y reducción del dinamismo económico. Lo paradójico es que estas naciones no participaron en las decisiones políticas o estratégicas que desencadenaron el conflicto, pero sí deben pagar parte de su costo económico.

Reflexión

Por ello, la comunidad internacional debería reflexionar sobre un mecanismo de solidaridad económica que acompañe las respuestas geopolíticas a los conflictos. Así como existen coaliciones militares o paquetes de ayuda para países en guerra, también sería razonable estructurar fondos de estabilización o programas de apoyo para las naciones que sufren impactos económicos indirectos.

Organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o incluso bloques regionales podrían desempeñar un papel más activo en la mitigación de estas distorsiones, proporcionando financiamiento concesional, alivio temporal en la deuda o mecanismos de compensación ante shocks externos provocados por conflictos internacionales.

La estabilidad económica global no depende únicamente de detener las guerras, sino también de proteger a quienes, sin estar en el campo de batalla, sufren sus consecuencias. En un mundo cada vez más interconectado, ignorar el impacto económico de los conflictos en terceros países es una forma silenciosa de ampliar las desigualdades entre naciones.

Si la comunidad internacional es capaz de movilizar recursos para sostener una guerra o para apoyar a quienes la enfrentan directamente, también debería ser capaz de diseñar instrumentos para reparar las economías que esa misma guerra termina dañando. Porque, al final, la pregunta sigue en pie: cuando la guerra rompe el equilibrio de la economía mundial, ¿quién se encarga de arreglarla?

jpm-am

La vicepresidenta Raquel Peña afirmó recientemente, con visible optimismo, que la República Dominicana está preparada para enfrentar las consecuencias económicas que podría generar la actual guerra en el Medio Oriente, especialmente si se produce una escalada en los precios del petróleo y del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

En principio, llevar un mensaje de tranquilidad a la población siempre es positivo. En momentos de incertidumbre global, los gobiernos suelen intentar transmitir confianza.

Sin embargo, cuando se revisan con detenimiento las cifras y las condiciones reales de la economía dominicana, surgen algunas preguntas inevitables: ¿estamos realmente preparados para una crisis prolongada en los mercados energéticos? ¿O estamos confiando en que el conflicto terminará antes de que sus efectos se sientan con mayor fuerza?

Desde el año 2022, el gobierno del presidente Luis Abinader mantiene un programa de subsidios para evitar que los aumentos internacionales del petróleo se transfieran directamente a los consumidores dominicanos. Esta política comenzó en el contexto de la crisis generada por la pandemia y posteriormente por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El objetivo ha sido claro: evitar que el aumento de los combustibles dispare la inflación y termine encareciendo el costo de vida en el país. Pero ese esfuerzo tiene un costo fiscal considerable.

Solo en 2022, el Estado dominicano destinó cerca de RD$85,000 millones para subsidiar los combustibles. En 2023, el monto rondó los RD$70,000 millones, mientras que en 2024 se estima que el subsidio superó los RD$60,000 millones.

Para 2025, el Presupuesto General de la Nación mantiene una partida aproximada de RD$30,000 millones a RD$35,000 millones para continuar con esa política de estabilización de precios. Es decir, en apenas tres años el país ha invertido más de RD$200,000 millones tratando de amortiguar el impacto del petróleo en la economía doméstica.

La pregunta es simple: ¿podría el Estado sostener ese nivel de subsidios si el conflicto en el Medio Oriente se prolonga y los precios del petróleo se mantienen elevados durante varios meses?

Ahí es donde el optimismo oficial comienza a chocar con la realidad económica.

El problema no es solo el precio del petróleo. Una guerra prolongada en esa región podría generar efectos colaterales que afectarían directamente a la economía dominicana.

El primero de ellos sería el impacto sobre Estados Unidos, principal socio comercial del país. La economía dominicana depende en gran medida del dinamismo de la economía estadounidense, tanto por las exportaciones como por el flujo de remesas.

En 2025, las remesas enviadas a la República Dominicana alcanzaron US$11,866 millones, una cifra récord que representó un crecimiento de alrededor de 10.3 % respecto al año anterior, consolidándose como una de las principales fuentes de divisas del país y un soporte fundamental para el consumo interno. Pero si la economía estadounidense se desacelera como consecuencia de una crisis energética global, ese flujo podría disminuir..

Otro sector vulnerable sería el turismo.

La República Dominicana ha vivido en los últimos años un crecimiento extraordinario en la llegada de visitantes. En 2025 el país recibió 11,676,901 visitantes entre turistas y cruceristas, la cifra más alta registrada en la historia del turismo dominicano, consolidándose como uno de los destinos más dinámicos y competitivos del Caribe

Sin embargo, una crisis económica internacional o el encarecimiento del transporte aéreo —muy vinculado al precio del combustible— podría afectar el flujo de visitantes.

Si se combinan estos factores —petróleo caro, menor turismo y reducción de remesas— el escenario económico para el país podría volverse mucho más complejo.

En ese contexto, la gran interrogante es qué plan tiene el país para enfrentar una situación prolongada.

Hasta el momento, no se ha presentado públicamente ningún plan de contingencia económico para enfrentar un posible choque energético global. Y eso llama la atención, sobre todo en una administración que ha sido bastante activa al anunciar estrategias y medidas ante distintos escenarios.

La impresión que queda es que el gobierno apuesta a que el conflicto internacional no se prolongará demasiado.

Quizás se confía en que las tensiones bajarán en los próximos meses o en que los mercados energéticos lograrán estabilizarse. Pero gobernar también implica prepararse para los escenarios menos favorables.

Porque si el petróleo se mantiene alto por largo tiempo, trasladar los aumentos directamente a los consumidores sería políticamente costoso y económicamente delicado. El impacto inflacionario sería inmediato.

Y más aún en un contexto político que ya comienza a mirar hacia el ciclo electoral de 2026, cuando los partidos empezarán a definir candidaturas presidenciales.