Los poderes del Estado deben ser independientes entre sí, pero no antagónicos ni opuestos. Son tres partes del mismo organismo, necesarias la una a las otras; se completan a tornapuntas, están dirigidas a un mismo fin.

En la división de poderes no se debe ver discrepancias, contrariedad, lucha, sino autonomía y armonía, dinamismo, orden, ley, ya que la falta de uno de los tres implicaría parálisis de la acción de los otros.  

Todo poder tiene una relación de coordinación con el otro en cuanto conspiran al mismo fin de actuar la soberanía del Estado, y además relación de fiscalización en cuanto puede resistir la usurpación y el abuso; pero entre si son autónomos e independientes.

Esta doctrina pondría la justicia bajo la dependencia del poder ejecutivo, sería una teoría cómoda para los Gobiernos, como diría Poitou, Romagnosi y otros, profesan nuestras ideas.

El Poder ejecutivo debe inspirarse en los sentimientos de la nación; el Poder judicial debe decidir con absoluta impasividad (2 Jules Simon, La libertad política. División de los poderes.)

La legislación comparada nos enseña que cuanto más libre es un Gobierno,  más marcada se ve la independencia del Poder judicial. La América del Norte e Inglaterra lo comprueban. Desde el sheriff, juez de paz, hasta los jueces de la Suprema Corte de Westminster, goza de grandísima independencia, de una autoridad que se extiende al derecho público no menos que al privado.

El Poder Judicial es moderación y equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. De aquí la necesidad esté constituido de tal modo, que pueda rechazar todo abuso e impedir toda invasión de los otros poderes en la esfera de la libertad.  

Confirmado lo irracional de la obediencia de la magistratura al poder ejecutivo; que la libertad civil en un Estado se encuentra en exacta proporción con la autoridad e independencia del Poder judicial; Independencia del Poder ejecutivo.

Bertolucci, dice. “Si el orden judicial, comprendido el Ministerio público, parte notabilisima, no está constituido de un modo autónomo e independiente de la influencia del Gobierno en el ejercicio de su misión, la libertad y el derecho y todos los órdenes libres estarán continuamente expuestos a graves peligros”.

El Ministerio público es elemento integrante del orden judicial. No hay motivo para que no goce de las mismas garantías que la judicatura, para que exista este dualismo.

Un funcionario que, en interés de la sociedad, impulsa y mueve todo el organismo penal; que lucha con el delito en sus diversas manifestaciones, haciendo caer bajo su esfera de acción todos los rebeldes al principio del orden; que con la mayor publicidad condena y absuelve, que está en continuo contacto con todos los poderes del Estado, es ilógico no goce de garantías.

Una institución cuyos poderes están circunscriptos en la órbita constitucional, que, según Pansey, es uno de los progresos de la civilización moderna, tiene derecho a todas las garantías que disfruta la judicatura.

Si sagrados son los derechos del Estado para su conservación, sagrados igualmente son los derechos del ciudadano a su libertad individual. “El Estado es solo un medio para la realización del bien social”,  dice Hornung. (I. Hornung, Civilizados  y bárbaros. Revista  de derecho  internacional, t. XVIII, 1885). 

JPM

“América Latina y el Caribe es una región de grandes contrastes, donde la riqueza y la prosperidad coexisten con la vulnerabilidad y la pobreza extrema. La lista de contrastes es larga y conocida. La región se caracteriza también por un crecimiento muy volátil y en promedio bajo, explicado por una productividad muy baja”. Así comienza el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

El incremento de la pobreza en América Latina y el Caribe durante el 2020 es muy preocupante, y mas si tomamos en cuenta las difíciles situaciones dejadas por la pandemia del covid-19 sobre una región que intentaba recuperarse, lentamente, de un malestar social que ya se estaba manifestando en varios países de la zona y que amenaza la estabilidad política, económica y social de muchos países de América Latina.

Para la comisión Económica para América Latina  (CEPAL-2020)“el coronavirus llega a una región marcada por una matriz de desigualdad social, cuyos ejes estructurantes –el estrato socioeconómico, el género, la etapa del ciclo de vida, la condición étnico-racial, el territorio, la situación de discapacidad y el estatus migratorio, entre otros- generan escenarios de exclusión y discriminación múltiples y simultáneos que redundan en una mayor vulnerabilidad ante los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta enfermedad”.

Con la llegada de la pandemia en América Latina todo se complicó generándose un desempleo masivo y una caída abrupta del producto interno bruto, el cual se calcula cayó un -7.7% durante el 2020, asimismo según la CEPAL, en América Latina, el porcentaje de pobreza extrema había aumentado de 7.8% a 11.3% de la población, y que la pobreza en general había pasado de un 27.8% al 30.5% durante el período 2014-2019.

Estos datos de la CEPAL proyectan que para el 2020 “la tasa de pobreza extrema se situaría en un 12.5% y la tasa de pobreza general alcanzaría el 33.7%. Ello supondría que el total de personas pobres ascendería a 209 millones a finales de 2020, es decir, 22 millones de personas más que en 2019. De ese total, 78 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza extrema, ocho millones más que en 2019”.

Esta grave situación ha conducido a una reducción significativa en los ingresos de la gente, lo que fue amortiguado por los programas de ayuda social que muchos gobiernos latinoamericanos pusieron en marcha durante la crisis sanitaria, entre los que hay que destacar los programas sociales puestos en practica por el gobierno que encabezó el expresidente Danilo Medina.

En la República Dominicana donde según el informe del PNUD el 63% de la gente cree que el país está gobernado en beneficio de los intereses  de unos pocos, durante el 2020 hubo una pérdida de empleo total del orden del 5.9%, lo que representó alrededor de 277 mil puestos de trabajo, con relación al 2019, con la implementación de los programas sociales se evitó que más de 594,000 dominicanos cayeran bajo la línea de pobreza monetaria general, según el boletín de estadísticas oficiales que publicó recientemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD).

América Latina, el Caribe y fundamentalmente la República Dominicana  se encuentran ante un gran desafío, a pesar del crecimiento económico y los avances evidentes de los últimos 20 años, muchas de estas conquistas podrían desaparecer con la pandemia de COVID-19 y por malas practicas del gobierno que profundicen la pobreza , la desigualdad y la frustración de la gente, lo que fortalecería la creencia de los Dominicanos y de  la mayoría de los Latinoamericanos de que sus países son gobernados en interés de unos pocos grupos poderosos y no por el bien de todos.

El informe del PNUD 2021 con relación a este tema señala que, “uno de los desafíos más perniciosos de la alta desigualdad es la forma en que se concentra el poder. La concentración de poder en manos de unos pocos que defienden el interés privado en lugar del bien común es uno de los factores que conectan la alta desigualdad y el bajo crecimiento, ya que a menudo resulta en políticas distorsionadas, miopes e ineficientes, y en instituciones débiles”.

La pandemia combinada con malas políticas de los gobiernos, no conducen a buen camino, el informe del PNUD plantea que, “esto trajo consigo múltiples crisis económicas y sociales, incluida una economía en contracción con un espacio fiscal limitado, junto con el aumento de la pobreza y el hambre. Esto es un reflejo de la fragilidad política, económica y social generada por la trampa viciosa de la que trata este informe”.

Agregando que,” La combinación sostenida de alta desigualdad y crecimiento limitado puede generar un equilibrio frágil, porque los gobiernos no consiguen satisfacer sus necesidades fiscales ni los ciudadanos sus aspiraciones de alcanzar una vida que tengan razones para valorar”. “las respuestas de política tienden a ser fragmentadas e ineficaces y, en algunos casos, incluso pueden terminar profundizando las distorsiones existentes en el largo plazo. De hecho, algunos de ellos han generado dinámicas que han provocado un agravamiento de las desigualdades y un estancamiento de la productividad”.

Se han implementado muchas políticas en la región y en la República Dominicana en particular para abordar la desigualdad y la productividad algunas con éxito y otras no, por lo que se hace necesario dirigir los caminos del gobierno de modo que se eviten los retrocesos, que son tan dolorosos para los pueblos, tratando de preservar las buenas practicas de gobierno, que lo alejen mas de los sectores poderosos y lo acerquen mas a los pobres y a los sectores productivos nacionales.

La protección social es una pieza clave para mitigar las desigualdades y fomentar la inclusión social, es necesario un sistema de protección social que funcione bien, y una correcta y bien orientada política de asistencia social, ambas son una garantía para iniciar una verdadera inclusión social, que pueda mitigar las deficiencias propias de muchos gobiernos que han servido a los ricos y al insaciable capitalismo salvaje neoliberal.

El informe del PNUD 2021, debe servir para una profunda reflexión, que nos lleve a conclusiones que hagan  entender que hay que preservar las cosas positivas que ha logrado el país en los últimos tiempos, de modo que los gobiernos sepan que están para servir a la población y que en esta época que estamos viviendo, los gobiernos no pueden servir a los que mas tienen,  que son los grandes grupos empresariales, sino a los que más necesitan las grandes masas marginadas de la población, que son las más desfavorecidas y vulnerables.

JPM

POR ALICIA BARCENA Y JUTTA URPILAINEN 

La recuperación de la crisis del COVID-19 es un reto mundial. Ningún país, ninguna región, ningún continente puede afrontarlo por sí solos. En esta hora, la Unión Europea y América Latina y el Caribe deben reforzar su asociación estratégica para avanzar hacia un mundo más sostenible, inclusivo e igualitario. 

El costo humano de la pandemia de COVID-19 en nuestras regiones ha sido extremadamente elevado. A fecha del 15 junio de 2021, un total de 732.000 personas habían perdido la vida en la Unión Europea y 1.210.000 personas en América Latina y el Caribe. 

La pandemia del COVID-19 también ha arrastrado a América Latina y el Caribe a su peor recesión económica en 120 años, y ha llevado a más de un tercio de sus 650 millones de habitantes a sobrevivir actualmente en la pobreza.

La pandemia está agravando los retos estructurales por causa de la desigualdad, la economía informal y la baja productividad. Esto podría destruir más de una década de avances en materia de desarrollo. En América Latina y el Caribe, se espera que el desempleo ascenderá a alrededor de 33 millones de personas, lo que afectará especialmente a las mujeres y a los jóvenes. 

Los Gobiernos de la región ya han realizado esfuerzos presupuestarios sin precedentes para amortiguar el impacto. La deuda pública se ha disparado más de diez puntos hasta alcanzar el 79,3 % del PIB. 

Sin embargo, hacer frente a la pandemia y estabilizar la economía supondrá más gasto en 2021. 

La Comisión Europea ha abogado por una iniciativa de recuperación mundial que vincule el alivio de la deuda con la inversión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, América Latina y el Caribe han recibido hasta ahora un apoyo multilateral limitado. Esto se debe a que los países de renta media no pueden acogerse a la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda ni al Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del grupo de los 20 (G20). 

En este contexto, la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reclaman un cambio de paradigma en la cooperación para el desarrollo, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las clasificaciones basadas únicamente en criterios de ingreso per cápita no reflejan toda la gama de vulnerabilidades multidimensionales, deficiencias estructurales y necesidades de financiamiento de un país. No basta con establecer la inclusión o exclusión de países de los mecanismos de cooperación mundial, ni en esta crisis ni en las crisis asociadas al cambio climático, la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad. 

La Comisión Europea y la CEPAL trabajarán para renovar el diálogo político birregional en pro de una asociación renovada basada en tres pilares. 

En primer lugar, avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible, con la igualdad en el centro. La lucha contra el cambio climático y la transición a modelos de producción y consumo sostenibles deben constituir una prioridad en materia de desarrollo. 

En segundo lugar, promover un sistema multilateral más fuerte e inclusivo. Este sistema debe incorporar mecanismos para facilitar el acceso a la financiación de inversiones sostenibles, un sistema de comercio reforzado basado en normas y un compromiso renovado con la acción por el clima. 

En tercer lugar, para ser eficaz, nuestra asociación debe facilitar el acceso y el desarrollo de tecnologías ecológicas y digitales. 

América Latina, el Caribe y Europa disfrutan de una asociación duradera. Compartimos la convicción de que la cooperación y las asociaciones son los principales instrumentos para superar los desafíos mundiales. Ahora es el momento de aunar fuerzas para forjar un futuro mejor para todos.

JPM