Cuando el pajarito cantor se distraía con su plumaje multicolor, aleteando en el murmullo del cielo que irradiaba ilusiones candorosas en la inminente comparecencia del siglo XXI, el reconocido y flamante director (E.P.D.) de una institución de servicio público comunitario cambiaba una porción de los cheques donados a ella -su nombre y su rúbrica de endoso centellaban en el reverso-, impasible contaba los pesos y, con la mirada como un rinoceronte africano, salvajemente se los metía en el bolsillo derecho de su pantalón, y se marchaba en el auto con placa oficial, quien sabe hacia dónde. ¿Auditoría? Bien. Gracias!

Aparte de que los bancos ya no aceptan ese tipo de operación cambiaria, el titular de una entidad gubernamental -centralizada o descentralizada- que ahora asuma esa conducta, automáticamente se desacredita. Antes de que termine de llevarse a la boca la jarra de porcelana con el último sorbo de café, su nombre retumbará como un salteador por las cuatro esquinas de la ciudad. Morbosamente, el documento mercantil quedará retratado en millones de celulares, distribuidos a hurtadillas probablemente por un empleado que no ha conseguido un aumento de sueldo.

Los estafadores deambulaban desde antes de la primera llegada del Mesías, hace más de dos mil años. Y hoy siguen en sus correrías, haciendo caso omiso al séptimo mandamiento de la ley de Dios: No robarás, cargando con utensilios sin tomar en cuenta si están contaminados con la coronavirus y serán abatidos mortalmente por este virus, aunque en ese viaje sin retorno no sean acogidos en el reino de Dios.

Las maniobras de corrupción más sonadas son relativas a las contrataciones públicas de bienes, obras, servicios y concesiones del Estado; la extorsión y el soborno a gran escala, el uso de información privilegiada y tráfico de influencias, el desvío y la malversación de fondos, los fraudes, la prevaricación y el nepotismo. Algunos, cuando quieren conocer el perfil de un sujeto, le formulan dos preguntas: ¿…funges como dirigente político?, y ¿eres funcionario público?

A la creptocracia se trepa, por lo general, experimentando con mañoserías menores, como cogerse una lombriz, un perrito, una prenda en una tiendecita, una cartera, un retrovisor, una dentadura, un tanque de gas o un grano de arroz.

Los ladrones de siete leguas abundan a dos por chele:

1.- Llevarse un periódico ajeno de una marquesina.

2.- -Comerse cinco yaniqueques y decir que fueron tres.

3.- Cargar de la empresa/oficina, a escondidas, lapiceros, hojas para escribir, papeles de baños y otros objetos.

4.- Encontrarse dinero y no devolverlo, o no regresar el que le sobra cuando otro lo manda a pagar algo.

5.- Cobrar porcentajes o comisiones para asignar, y también para cobrar, por la asignación de obras y proyectos estatales.

6.- “Picotear” bien, como empleado, en Aduanas, Migración y otras oficinas recaudadoras del Estado.

7.- Vender productos a sobreprecios, adulterados (conscientemente) y sin registro sanitario.

8.- Ocupar terrenos propiedad del Estado o de particulares, y después alegar que son suyos o que tienen que negociar con ellos para abandonarlos.

9.- Instalar negocios de ventas de repuestos y otros artículos sustraídos.

10.- Vender o comprar el voto en un proceso electoral.

En “La corrupción. Hábitos, reformas e impunidad”, que tenemos listo para poner en circulación en el 2021, junto a dos obras sobre el narcotráfico y decenas de libros -en un acto/Récords Guiness- sin precedentes, apostillamos sobre el decálogo antítesis: 1) refundación de la Nación, por el colapso de la democracia representativa; 2) educación/concientización ética, 3) reformas-legislación, especialmente en la Cámara de Cuentas y Ministerio Público, que han sido arietes de los gobiernos; 4) información/transparencia, 5) desburocratización pro-presupuesto nacional, 6) fiscalización/auditorías, 7) reducción de los financiamientos parasitarios a partidos y empresarios, 8) Flexibilización laboral/salarios dignos, 9) denuncias públicas, y 10) castigo judicial.

En el pasado reciente, muchas iniciativas portentosas han terminado convirtiéndose en paliativos y fiascos, por la alta incidencia saboteadora de poderes políticos y económicos envueltos en actos de corrupción, como legisladores, jueces, conspicuos de la partidocracia y grupos minúsculos que operan como colmados para chuparse los recursos públicos. Enjuiciar definitivamente a los prevaricadores de la administración pública, con la aplicación a pie juntillas de la inversión del fardo de las pruebas, será una labor alto responsable y valiente.

Cuando las instancias oficiales correspondientes -presidente de la República, fiscales y jueces- han emprendido la ciclópea y envidiable resolución de penalizar sin amuleto la gran corrupción, han merecido un gran respaldo ciudadano, expresado en los sondeos. Además de la justicia no conmutativa del séptimo mandamiento de que no robarás, y el encierro carcelario, en éxodo 22:14 se sugiere que si una persona roba un buey o una oveja, y lo mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja.

Aunque ahora es más difícil robar en el Estado, por los procedimientos gerenciales-financieros montados, estos pueden ser suplantados y vulnerados por la lucidez del cacumen conductor, en el jardín del oropel cómplice.

Las denuncias a través de las nuevas tecnologías, la vigilancia y consistencia de los poderes Ejecutivo y Judicial, y las masivas sentencias condenatorias en esta fase inédita de la historia dominicana, encumbrarán a esos mandantes en el pedestal más justiciero. El primer timonel del gobierno, Luis Abinader Corona, cuenta con un 70% de aprobación (encuesta Gallup-Hoy 23 de noviembre de 2020), y luce que este porcentaje fluctuaría por esas periferias si no se deja doblegar -confiamos en que no retrocederá en su sólida voluntad – por las presiones de  partípices/implicados, o seducido por alpinistas y ultraconservadores que merecen arder en las llamaradas del infierno.

oscarlr1952@gmai.com

JPM

El lamentable suicidio de Cesar Prieto y la prisión de los hermanos del ex presidente Medina, son hechos que deberían llevarlo a una profunda reflexión sobre sus dos gestiones de gobierno.

El Defensor del Pueblo está en veda por ser su etapa de crecimiento institucional, prohibido cazarlo

El hoy Presidente del Tribunal Constitucional es el responsable de que la figura del Defensor del Pueblo exista como una institución en el ordenamiento legal de República Dominicana, aunque no como ente constitucional.

Al igual que él, hizo su esfuerzo el entonces diputado Rafael Francisco Taveras (Fafa). Aunque su proyecto no tuvo éxito.

La Dra Zoila Martínez Guante al ser seleccionada como primera Defensora del Pueblo conjuntamente con el equipo que le ha acompañado son los responsables de que una ley o disposición constitucional, tome cuerpo y se convierta en una verdadera institución como lo es hoy el Defensor del Pueblo. Claro que aún debe recorrer un gran trecho para terminar su consolidación.

A pesar del esfuerzo y el trabajo realizado, gran parte de la población no ha terminado de entender el papel que está llamado a jugar la institución del Defensor del Pueblo en un Estado Social y Democrático de Derecho, como por disposición constitucional lo es la República Dominicana, aunque los hechos no lo respalden del todo.

Tampoco lo han entendido muchos políticos, que hoy por hoy conspiran contra la salud de la institución y más que contra la salud, contra la vida, pues aspiran a que esta desaparezca.

El propio Congreso de la República no le ha dado la importancia que debe a esta figura, pues desde el inicio ha sido una posposición tras otra. Siempre hay algo más “importante que distrae su atención”

Recordemos que la figura nace en el país en el 2001 y viene a ser nombrado el primer defensor en el 2013. La primera gestión debió terminar en mayo del 2019 y ya estamos rumbo al 21 y no se han seleccionado los sustitutos. Es decir, la gestión que correspondía 2019- 2025.

Nos preguntamos: habiendo pasado casi dos años, para qué periodo serán designados los que serán seleccionados. Una incertidumbre más que se agrega.

Lo penoso de todo esto es que existe un número de “notables” que aspiran a dirigir la figura, pero en realidad parece no importarles su suerte. Nadie dice nada, quizás porque no es conveniente hacer ruido, pues se podrían irritar alguna dermis muy sensible. Además, el que hace silencio podría ser tomado como sabio, pero que, al opinar se revelarían sus verdaderos depósitos intelectuales.

Particularmente creo que hay agenda oculta con relación al Defensor del Pueblo. Se avecina una posible reforma constitucional y más de uno con poder, pudiera estar apostando a que el Defensor del Pueblo desaparezca en esta “colá”, pues aparentemente esta figura no tiene quien la defienda y según algunos criterios, (a mi juicio muy errados), esta no tiene razón de ser.

Previendo el desinterés inducido, en marzo del 2011 escribí un artículo en referencia al Defensor del Pueblo que titulé “El Estado está prenado de un embrión de cenicienta», titulo en alusión al famoso cuento recogido de la transmisión oral por francés Charles Perrault.

¡Qué lástima! Qué pena que parte del pueblo no haya sabido valorar lo que significa contar con un ente independiente en un sistema como el nuestro sobre todo en esta etapa de aspiración institucional.

Por casi veinte años he escrito sobre el Defensor y su importancia en esta sociedad. En cada articulo he señalado una posible ocupación del defensor: He vislumbrado un defensor cono mediador entre los conflictos de intereses que se dan entre el Estado y los gremios de profesionales tales como Colegio Médico, Asociación Dominicana de profesores (ADP.), enfermera, agro, y otros.

El Defensor del Pueblo como el fiscal de la constitucionalidad. Contra los privilegios irritantes, contras las altas tasas por servicios, como parte del observatorio nacional tránsito, como el protector del ciudadano en los servicios que recibe de prestadoras privadas y del propio Estado, como el gran educador nacional en materia de derechos humanos.

Como guardián y vigilante celoso del patrimonio físico y cultural del pueblo, como vigilante de la buenas practicas institucionales, como vigilante de la administración pública, como defensor de pequeñas cosas que son irritantes y molestosas y que afectan derechos de todos, como plataforma de exigencia a la protección y respeto a la dignidad humana, como promotor de justicia relacional, como persecutor de la publicidad engañosa, como promotor y defensor del amparo, como canal para la voz de aquellos que no tienen medios, como promotor de la no discriminación por edad o sexo y otros, como promotor de estancias para adultos mayores y vigilantes de las ejecutorias de otras instituciones como el CONAPE, defensa Publica, PROCONSUMIDOR, CONANI. Como defensor y vigilante del medio ambiente urbano, y del medio ambiente en sentido general.

Son muchas las funciones y las situaciones en donde está llamado a estar el Defensor del Pueblo, claro está, en esta etapa en que ha habido que constituirlo ha de esperarse que no tengan tantas atribuciones en ejecución. Primero hay que nacer luego gatear, caminar y correr. El Defensor del Pueblo está listo para asumir y desarrollar todas esas funciones y aun otras. No lo cacemos ahora, ni le cortemos las alas.

Dará los frutos esperados a su tiempo, ahora está cumpliendo la función que debe cumplir para garantizar su existencia. Recuerdo que la figura en el mundo lleva más de doscientos años, es más vieja que la República Dominicana, pues su nacimiento es de 1809.

Sólo pido que no conspiremos contra el Defensor. Nadie tiene derecho a arrebatar una conquista al pueblo. Ni tú ni yo debemos permitirlo. Contar con él es un patrimonio al que bajo cualquier circunstancia debemos preservar.

Es un derecho colectivo para apuntalar los derechos colectivos e intereses difusos, los derechos humanos y fundamentales, los servicios que recibimos del Estado o de prestadoras privadas, resguardado con la independencia, autonomía absoluta y el blindaje de la Constitución de la República. Es tuyo, es mío, es de todos. Nadie absolutamente nadie, tiene el derecho de conspirar contra ese “invaluable patrimonio nacional”.

JPM